Revista Digital de Tecnologías de la Información y Comunicación. Vol. 5, No. 2. Trimestre abril-junio de 2009. ISSN: 1870-7505

 

Agua, ¿derecho humano o mercancía?

María del Rocío García Sánchez *

 

Hoy, una tema pendiente en la agenda de los gobiernos de los países del mundo, es la conservación, distribución y consumo del agua. Que deje de ser mercancía para poder determinar el desarrollo de la sociedad, reconocerla y defenderla como derecho humano. Esto, puede resultar el paso más importante hacia el desafío de suministrar a la gente del elemento más esencial de la vida, porque el agua es la base irremplazable de toda forma de vida. 

Los procesos de control del agua, como es la privatización, han contemplado los derechos de propiedad del agua, su producción, distribución, recolección y depuración, sin tomar en cuenta las condiciones científicas necesarias para garantizar el ciclo hidrológico y la vida humana.

Es fundamental que dentro de la sociedad exista un orden jurídico que limite o restrinja el medio de acción del hombre en interés de los demás. En este contexto, se requiere entonces, de una normatividad pertinente desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Constituciones Políticas y Legislaciones Nacionales, que protejan jurídicamente cualquier acción y política pública que coadyuve a la defensa del derecho al agua como un derecho humano fundamental.

La política mundial del agua implementada por el Consejo Mundial del Agua, creado por iniciativa del Banco Mundial, se basa en tres grandes principios: en primer lugar, el agua debe ser considerada un bien económico, una mercancía como el petróleo o el trigo; en segundo lugar, el acceso al agua es una necesidad vital, no un derecho humano; por tanto, la satisfacción de esta necesidad es competencia de cada persona que consuma un bien accesible a través de los mecanismos de mercado; y en tercer lugar, el agua debe ser considerada un recurso destinado a convertirse en algo cada vez más escaso, es un recurso estratégico importante.

Se tratan de principios con una tendencia privatizadora, por los que la disponibilidad y acceso al agua se dejan al libre mercado y su acceso estará restringido a un número cada vez menor de personas.

La gravedad del uso del agua por parte del Estado como una mercancía lesiona derechos fundamentales, como es el derecho a la no discriminación, ya que las personas con menos recursos económicos, son quienes padecen por su escasez.

Ante esta postura del Consejo Mundial del Agua, representantes de movimientos sociales y autoridades de cerca de setenta países, principalmente de Latinoamérica y África, han pedido el fin de los Foros Mundiales del Agua acusando al Consejo, de representar los intereses de empresas transnacionales y de no abordan el problema del agua desde una perspectiva pública, sino más bien mercantil y privada.

 Un Foro Mundial del Agua sólo puede estar legitimado si en su organización participan de forma efectiva y en condición de igualdad todos los actores sociales implicados, comenzando por las organizaciones públicas y en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas.

Esto debe recordarnos cuantos derechos humanos han sido violados en resistencia a la privatización del agua y la consecuente defensa del territorio, para evitar la fragmentación y apropiación por parte del modelo corporativo.

En el año 2003, en la ciudad de San Salvador, El Salvador, nace la Red VIDA como producto de la integración de luchas locales, nacionales e internacionales por la  defensa del agua y de la vida en países de nuestro continente Americano. Algunas de estas luchas fueron la Guerra por el Agua en Cochabamba, Bolivia (abril de 2000); el plebiscito uruguayo por la defensa del Agua (octubre de 2004); la Asamblea permanente en Argentina, que dio surgimiento a la Asamblea Provincial de Santa Fe (septiembre de 2002); la lucha en Brasil por la derogación del proyecto de Ley 4047. Todas estas luchas marcaron una etapa sin precedentes en América por la defensa del agua y animaron la multiplicación de iniciativas similares en otros continentes.

En el caso de México, las comunidades amenazados con la destrucción y el despojo por los proyectos de construcción de las presas La Parota sobre el Río Papagayo en Guerrero, Paso de la Reina sobre el Río Verde en la costa de Oaxaca, manifestaron su rechazo a ser desplazados de sus tierras, denunciando violaciones sistemáticas a sus derechos humanos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en el Proyecto el Zapotillo sobre el Río Verde en los Altos de Jalisco por la Comisión Nacional del Agua (CNA). Los habitantes de estas comunidades consideraron que sus tierras y territorios son ancestrales y de comunidades ya antiguas, que no son mercancías para ser compradas y vendidas. Ni entregadas a las constructoras internacionales de presas y a las trasnacionales de la electricidad que buscan crear un gigantesco mercado de energía como parte del Proyecto Mesoamericano (Plan Puebla Panamá).

El principio de preeminencia de los derechos humanos frente a los compromisos asumidos por los Estados en los tratados comerciales que tienen efectos sobre las personas ha quedado supeditado, de facto, por la realidad del modelo de desarrollo que privilegia, por supuesto, la concepción de los bienes y servicios públicos, básicos, en mercancía.

Y detrás de esta situación, para la población significa enfrentar toda una plataforma bien cimentada en leyes, normas, prácticas que los grupos de poder económico y político imponen a la sociedad, irónicamente, a través de violaciones a los derechos humanos.

La Organización Mundial del Comercio (OMC), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) apuntan también a eliminar los obstáculos que impidan el libre comercio de bienes y servicios, cercando cada vez más la facultad y obligación de los gobiernos para adoptar medidas a favor del desarrollo, la protección del medio ambiente y en defensa de los sectores en condiciones de vulnerabilidad, perjudicando las posibilidades de acceso y disfrute de derechos esenciales para la subsistencia.

Por ello, en el lado opuesto, el Segundo Foro Alternativo Mundial del Agua, con unas bases muy diferentes, la política del agua se basa en cinco principios: en primer lugar, el agua no debe ser una mercancía ni una fuente de beneficios; en segundo lugar, el agua forma parte del patrimonio de la humanidad y, por tanto, debe estar protegida públicamente; en tercer lugar, debe ser accesible para todos, en cantidad suficiente para no poner en peligro la salud de los usuarios; en cuarto lugar, la ley delega y designa al sector público como el representante del interés público; y en quinto lugar, los ciudadanos deben estar en pleno proceso de decisión de las políticas públicas del agua a nivel local, nacional e internacional.

Es incuestionable considerar al agua un elemento imprescindible para la vida y  el ser humano,  pero el derecho al agua en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no ha sido reconocido explícitamente, aún cuando puede deducirse o derivarse de varios artículos parte de otros ámbitos, del derecho internacional.

La Declaración universal sobre la erradicación del hambre y la malnutrición de 1974, en su artículo 5 hace referencia a la necesidad de proteger las aguas y recursos marinos contra la explotación irracional. Igualmente, vale la pena mencionar la propuesta del Movimiento Internacional del Recurso Hídrico (MIRH) que ratifica la interrelación del agua con los otros recursos naturales, confirmando así, su relación con la economía, la sociedad y la naturaleza, imprimiendo con ello, nuevos valores a los enfoques del agua.

La Convención sobre los Derechos de los Niños1 en su articulo 24 inciso C) hace referencia al derecho de acceso al agua potable salubre.

El Protocolo de Londres de 1999, relativo a agua y salud, aclara que el derecho humano al agua debe garantizarse a todos, primordialmente a los más desfavorecidos y a los excluidos.

La III Asamblea Euro Latinoamericana que se celebró en Madrid ha adoptado una resolución referente a temas del agua en el marco de las relaciones entre la Unión Europea-América Latina y Caribe (UE-ALC), que considera el acceso al agua como un derecho humano fundamental.2 La propuesta fue aprobada durante la tercera sesión plenaria ordinaria que se celebró en Madrid, del 6 al 8 de abril de 2009. México ha sido promotor de esta resolución.

En ella se destaca que el agua debe ser de calidad y, por este motivo, insta a los Estados a modernizar sus servicios públicos de captación y suministro de agua o a establecer sistemas de control, en el caso de que la gestión se haga por empresas privadas. 
  
En Francia, país donde están establecidas las mayores compañías privadas del sector hídrico, es contraria a esa declaración como derecho humano y prefiere mantener el actual texto en el que el agua es definida como una necesidad básica, opción que también apoyaron Estados Unidos y Brasil.

Así, mientras algunos países y organizaciones no consideran el agua como un derecho humano, hay otros que piensan que el equilibrio de los ecosistemas y la salud, son un fundamento axiológico para considerar el agua como un derecho humano pues se trata de un recurso que hace posible la vida en el planeta, lo que permitirá consolidar el desarrollo sostenible, evitar la comercialización del agua, la exclusión de sectores de la sociedad y el aumento de la pobreza por falta del agua.

De ahí que existan países que han declarado en sus constituciones políticas y legislaciones nacionales, el agua como un derecho humano, como es el caso de: África del Sur, Bélgica, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, España, Etiopía, Guatemala, Holanda, Inglaterra, Kenya Nicaragua, Paraguay Venezuela y Uruguay. A nivel mundial se está produciendo todo un movimiento para que los países promuevan dicho derecho en sus legislaciones, considerando además, la cantidad y calidad con la que debe abastecerse, así como las políticas, sistemas de gestión y una organización administrativa adecuada.

Reconocimiento del Agua como Derecho Humano.

El enfoque del agua como un derecho humano  ha ido adquiriendo cada vez más importancia. Grupos de la sociedad civil de todo el mundo lo utilizan para dar a conocer el incumplimiento de los Estados y para exigir una mejor gestión de los recursos hídricos.

México ha firmado y ratificado tratados internacionales que le obligan a tomar todas las providencias necesarias para garantizar la plena efectividad de los derechos protegidos en cada uno de los convenios. Por lo anterior, el Estado mexicano se encuentra ante una obligación internacional de cumplir con las obligaciones que él mismo ha adquirido en relación con el derecho al agua.

Uno de ellos es la firma y ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, donde se ha estimado un derecho humano el acceso al agua, (observación general Nº 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12, del PIDESC),3 Al igual que todos los derechos humanos, el derecho al agua impone obligaciones a los Estados partes, como son:

  1. abstenerse de tomar cualquier medida que impida a la población satisfacer sus derechos esenciales, por ejemplo, permitir que las empresas estatales o privadas contaminen los ríos, fuentes de abastecimiento de agua para el consumo humano.
  2. prevenir toda posible violación a los derechos de la población, no solamente de sus agentes sino de terceras partes, como son: consorcios, empresas, grupos multinacionales, etcétera.
  3. velar para que la población tenga progresivamente acceso al agua potable segura, de forma equitativa y sin discriminación, adoptando estrategias nacionales que les permitan aproximarse de forma rápida y eficaz a la realización total del derecho a tener agua

A la luz de las obligaciones contraídas resulta discordante la situación actual que se vive en México con relación al derecho al agua. La situación de los recursos hídricos en México es inquietante porque el agua no se distribuye en condiciones de calidad, cantidad, regularidad e igualdad.

El acceso al agua debe ser considerado como un derecho humano básico, individual y colectivamente inalienable, porque va ligado a la realización de otros derechos humanos como son: la salud, la vivienda, la alimentación, el desarrollo humano y a un medio ambiente sano.

El agua es esencial e imprescindible para que la vida misma sea posible sobre la faz de la tierra, es mucho más que un bien, que un recurso, que una mercancía; el agua es concretamente un derecho humano y un elemento esencial de la propia soberanía nacional ya que, muy probablemente, quien controle el agua controlará la economía y toda la vida en un futuro muy próximo.  

Los esfuerzos del hombre por mejorar el medio ambiente en el que habita y elevar su calidad de vida, dependen entonces, de la disponibilidad de agua, existiendo una estrecha correlación entre su calidad y la salud pública,  entre su abundancia y el desarrollo de la sociedad.

En un futuro no muy lejano el gobierno mexicano deberá reconocer como derecho fundamental, protector de las generaciones actuales y de las futuras, el agua como un derecho humano.  

En México el agua es considerada un recurso estratégico y de seguridad nacional, por el actual gobierno. Sin embargo, con algunos hechos a partir de la década de los noventas, se ha dado un proceso para darle mayores espacios al sector privado para que controle este recurso.

Cuando sobreviene un desastre las víctimas reciben en primer lugar ayuda médica, agua potable, alimentación y un refugio. Entonces, todo el mundo está de acuerdo en aceptar que los servicios médicos, la alimentación, el alojamiento, son derechos económicos y sociales que cada persona debería tener y que estos, de una u otra forma están forzosamente ligados al agua.

 

 

Fuentes de Investigación.

Bibliografía.
YAMIN, Alicia Ely. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en América Latina. Ed. Plaza y Valdés, México,  2006.
CÁRDENAS, Nora. Construyendo ciudadanía. El derecho humano al agua. Ed CIES, Lima Perú, 2005.
EMBID, Antonio. El Derecho al Agua, Ed. Aranzadi, España, 2006.
              

Convenciones y Tratados.
Convención sobre los Derechos de los Niños http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/k2crc_sp.htm
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
http://www.cdh.uchile.cl/anuario2/int3.pdf
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
http://www.economia.gob.mx/?P=5200_5205_1

Direcciones Electrónicas
III Asamblea Euro Latinoamericana.
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/El-acceso-al-agua-derecho-humano-fundamental-segun-la-Asamblea-EuroLatinoamericana.asp.

 

* MC. María del Rocío García Sánchez. Maestra en Ciencias Jurídico Penal; Profesora Investigadora del Programa Educativo de Derecho de la U. A. de Ciencias Sociales de la UAG; Integrante del Cuerpo Académico “Educar para la Sustentabilidad”; Perfil PROMEP 2007-2010.