Revista Digital de Tecnologías de la Información y Comunicación. Vol. 2, No. 4. Trimestre octubre-diciembre de 2006.  
CULTURA DE RESPETO A LA LEGALIDAD A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN EN LAS IES
 
María del Rocío García Sánchez*

 

Por muchas décadas la acción de los distintos gobiernos federal, estatal y municipal han propiciado el deterioro de la imagen de las instituciones de la administración pública, sobre todo de aquellas encargadas de la procuración de justicia, debido sobre todo a la ineficacia con que han desempeñado su función, cometiendo agravios de impunidad y consecuentemente violaciones a los Derechos Humanos.Algunos otros factores además de la impunidad, como la pobreza generalizada la desigualdad social y la criminalidad se han convertido en agentes desencadenadores de graves problemas sociales. La persistencia de un clima generalizado de impunidad son muestras de que la violencia se está erigiendo como un poder paralelo que ha rebasado el Estado de derecho. Pero además en el estado de Guerrero las constantes evasiones a la legalidad han generado el incremento de la violencia, lo que ha mostrado ante la opinión pública un escenario de ingobernabilidad, por el alto grado de impunidad. Resultando de todo esto un sentimiento de desconfianza, de incertidumbre, de enfado entre los ciudadanos, y que a todas luces se requiere de un esfuerzo profundo de transformación cultural, que solamente se puede promover a través de una política activa de educación y convertirla positivamente en una cultura de respeto a la legalidad. Los conflictos violentos, suelen conllevar la violación de los derechos humanos. La denuncia y la lucha contra esas situaciones tienen en la sociedad uno de los mejores aliados: las Instituciones de Educación Superior y Media Superior, que son actores de una sociedad civil organizada, donde debe existir un compromiso tanto de la comunidad docente, estudiantil, administrativa y de sus autoridades universitarias por el respeto de los derechos humanos.
 
Es en las Instituciones de Educación Superior y Media Superior, los espacios para generar no solamente la transmisión del conocimiento científico, sino además las normas y  valores que sustenta toda organización social fundamental para la consolidación de un sistema democrático respetuoso de los procesos electorales y la participación ciudadana, por lo que la educación en derechos humanos es una vía para salvaguardar las instituciones democráticas.El apego a la legalidad y el respeto a los derechos humanos a que aspira la sociedad en general y la guerréense en particular son conductas básicas para generar una cultura entre la sociedad quienes necesitan percibir en su justa dimensión la función encargada a los servidores públicos dentro de las instituciones de la administración publica. Las Instituciones de Educación Superior y Media Superior, pueden constituir un sector social sensible al cambio, atraídas a generar una cultura de respeto a la legalidad y a los derechos humanos. El Estado de derecho cobra aquí importancia porque es un reclamo legítimo de las sociedades modernas, que exista un orden jurídico que proteja y regule los derechos de los ciudadanos. El  Derecho es un factor dentro de una sociedad que legitima la actividad de un Estado evitando el abuso y arbitrariedades en el ejercicio del poder. Condición indispensable dentro de un Estado de derecho moderno es que la eficacia de un sistema de justicia debe medirse por su capacidad de respeto a la legalidad y no simplemente por la calidad del servicio público de la justicia que asegure el respeto de los derechos humanos, permitiendo a la ciudadanía el acceso equitativo a la justicia. Solo en estas condiciones es posible combatir la impunidad y conservar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia.Cuando está por iniciar un nuevo periodo de gobierno, siempre existe la expectativa de que un cambio en las instituciones de justicia llegue en su quehacer apegado a la legalidad, a la eficiencia, a la moralidad, a la ética, a la transparencia y a la rendición de cuentas. Pero la impunidad y la corrupción se anteponen a esta aspiración y aunque se ha intentado combatirlas no se ha podido disminuir, ni menos eliminar. El resultado hoy, es la degradación de la confianza de la ciudadanía ante cualquier otra actividad que el gobierno desarrolle, por más legal que ésta sea, porque la legitimidad y credibilidad del Estado quedan sujetas al comportamiento moral de sus autoridades.No hace falta crear penas más severas ni aumentarlas sino más bien que las personas tengan la seguridad que a cualquier delito cometido se aplicará un castigo, es decir, la certeza de la pena. Los ciudadanos guerrerenses no confían en sus instituciones de justicia porque ante tanta referencia de impunidad las considera corruptas e incompetentes y porque la credibilidad hacia los gobiernos ha sido baja.Millones de ciudadanos participan de distintas formas de ilegalidad,  pagando sobornos a los servidores públicos para recibir un beneficio o aquellos que evaden o facilitan trámites administrativos a cambio de una dádiva y desde luego, los empleados públicos que se benefician de ese intercambio; los que falsifican documentos oficiales y quienes todos los días acuden a comprárselos; los que se dedican a reproducir y vender discos de música o computadora, videocasetes o juegos electrónicos piratas, la evasión fiscal, explicada por una presencia importante de niveles de corrupción y comercio informal. México figura en el quinto lugar entre 75 países donde la evasión fiscal es más pronunciada, indica el Reporte Global de Competitividad 2000-2001 del Foro Económico Mundial. La alta evasión es explicada por una presencia importante de niveles de corrupción y comercio informal, donde México también ocupa lugares preponderantes dentro del estudio. La violación frecuente de la ley es un verdadero problema para el desarrollo de la sociedad llegándose a convertir en una práctica que se ve con naturalidad, es decir llega a incorporarse como parte de la cultura de una determinada sociedad.Cuando existe una cultura de ilegalidad la mejor manera de romperla es aplicar la ley. A la sociedad civil le interesa que todas las funciones atribuidas al poder público se ejerzan de acuerdo a un sistema jurídico, fundado en normas éticas básicas, legítimas y válidas y en la certidumbre de la ley. En este sentido Gerardo Laveaga (1999:51) establece que:
Un gobierno resuelto a preservar el orden social se asegura que todos y cada uno de los integrantes de su pueblo se identifique con ciertos símbolos y posean una cultura política. También se esmera que esa cultura política esté respaldada por una cultura de la legalidad en donde cada uno de sus miembros conozca las normas jurídicas, que entiendan sus alcances, sus límites, las sanciones a las que pueden hacerse acreedores en caso de desobedecerlas y las autoridades encargadas de crear leyes, ejecutarlas y dirimir las controversias que surjan de su aplicación Las Instituciones de Educación Superior y Media Superior, en nuestro país, son medios de contribución a la comunidad y son espejos sociales suficientemente efectivos para favorecer la labor de generar paradigmas sociales. Por ello, desde las instituciones de educación superior y a través de sus programas de estudios en los campos de la enseñanza, se podría y debería participar en la formación, consolidación y ejercicio de una cultura de respeto a la legalidad y a los derechos humanos.Para una sociedad que deposita su confianza en servidores públicos encargados de impartir justicia, frustra sus expectativas cuando aquellos ejecutan sus funciones sin apego a la legalidad y sin respeto a los derechos humanos, pero sobre todo cuando se evidencia que hay ausencia de principios morales y éticos.Al conjunto de normas que recibimos a partir de la educación acerca de lo que debemos hacer u omitir, se le llama moral, mientras que las normas que una persona se otorga a si misma en función de su reflexión y análisis de valores y opciones que se presentan a su consideración, se le llama ética. La moral viene del exterior y es un conjunto de normas que la sociedad se encarga de transmitir de generación en generación. Mientras que la ética tiene su origen en la conciencia humana, estudiando la conducta que debería tener la gente, distinguiendo lo que es correcto en determinada circunstancia y proporcionando las razones por las cuales se justifica una conducta y se desecha otra.La relación de la ética y la moral con la carrera profesional del abogado tendrían como fin poner en manos de una persona honrada  una actividad al servicio de la función publica y en beneficio propio; significa la capacidad que se requiere para ejercer este trabajo orientado a un desempeño eficaz, honesto, responsable y transparente. Las Instituciones de Educación Superior y Media Superior son el lugar donde deben inculcarse valores éticos. Particularmente en las Facultades de Derecho  se deben incluir en sus planes y programas de estudios, aquellas asignaturas que puedan incidir positivamente en la conducta de los estudiantes, de tal manera que  cuando ejerzan su profesión lo hagan con honestidad probada No hay nada más perverso que la incapacidad profesional de los servidores públicos de procuración y administración de justicia, pero más grave aún es que debido a la  falta de principios morales y éticos incurran en complicidad de delitos. La formación que ofrecen las facultades de derecho no puede limitarse con la acción de informar, de instruir en aspectos relacionados sólo con la profesión, sino despertar habilidades y potenciales humanistas en los alumnos, persuadiendo, convenciendo, dando razones, sobre los límites del comportamiento aceptable, así como los principios y tipos de conducta básicos para aplicarlos en su desempeño profesional. De igual forma, es importante forjar en los estudiantes de derecho aspiraciones de superación, profesionalización y honestidad que le permitan al educando aprender y tener claro cuál es la función final del derecho y la justicia al servicio de la sociedad. La imagen de la justicia en la prensa, la opinión pública o incluso en el medio de la profesión jurídica, es y ha sido, en general, desfavorable y pareciera reflejar una crisis ética y moral persistente y difundida. En una sociedad  donde los jóvenes perciben en su entorno muchas formas de antivalores a través de los periódicos, noticieros de radio y televisión, en las pláticas con los amigos en las que se relatan acontecimientos violentos o de criminalidad, como de personajes que ocupan las primeras planas de periódicos y noticieros, generan una referencia distorsionada entre los jóvenes acerca de la función que deben cumplir las instituciones de justicia. Este supuesto nos conduce a suponer que precisamente los estudiantes que escogen la carrera de derecho fueran los que contribuirán a eliminar estos obstáculos que socavan nuestro sistema de justicia. Lo anterior no está muy alejado de la realidad, por lo que es clara la necesidad de dignificar la Licenciatura en Derecho mediante la práctica de los valores morales y éticos en general; y principalmente de la suprema virtud de la justicia, considerada como fin último del Derecho. El ejercicio ético de la actividad jurídica presupone alta competencia profesional, y gran responsabilidad en el cumplimiento de las funciones laborales específicas, si tenemos en cuenta que el profesional jurídico se enfrenta a delicadas situaciones conflictivas, asumiendo la tarea de constituirse en guardianes del Derecho, en custodios legales del orden social vigente; es indispensable la formación de abogados que garanticen en su desempeño laboral: a) objetividad, es decir, estar abiertos a conocer la verdad haciendo a un lado los propios prejuicios y emociones, pues la objetividad es una característica indispensable de las personas honestas, b) respeto, traducido este como el actuar responsable de no transgredir los derechos de los ciudadanos que han depositado su confianza, expectativas y seguridad en manos de sus conocimientos profundamente morales y éticos que garanticen sus actos honestos. Por ello, la construcción y consolidación de una cultura de derechos humanos de un Estado democrático y de derecho requiere de la decidida participación de las Instituciones de Educación Superior y Media Superior, pues abren la posibilidad de incorporar a sus tareas de docencia, investigación y extensión, la promoción de:

a) de educación, respeto, defensa y divulgación de los derechos humanos

b) de una cultura de respeto a la legalidad.

CONCLUSIONES:

-Las Instituciones de Educación Media Superior, deben contribuir a formar una nueva generación de profesionistas, que oriente en lo posible a todos los estudiantes que tengan vocación por el derecho hacia esta carrera y para el caso particular de las facultades de Derecho, deben fomentar una preparación ligada al hecho de que somos un Estado de derecho, en el que es fundamental el respeto a la legalidad y respeto a los derechos humanos. -Una nueva generación de abogados formada dentro de las Facultades de Derecho deben fomentar entre los estudiantes el deber de coadyuvar colectivamente en la búsqueda de una mejor impartición de justicia en México y el primer paso concreto que deben dar es el reforzamiento de la ética del abogado. Las Facultades de Derecho deben tener desarrollar en los estudiantes su integridad ética y moral para que ellos a su vez en un futuro próximo favorezcan a que la impartición de justicia sea expedita y equitativa.

BIBLIOGRAFÍA

1.- Rubio, Luis, “A la puerta de la Ley. El Estado de derecho en México”  México, Ed. Cal  y
      Arena, 1994
2.- Nikken, Pedro,”Antología Básica en Derechos Humanos”,San José Costa Rica, Instituto   
      Interamericano de  Derechos Humanos, 1994
3.- Laveaga, Gerardo,  “Cultura de la Legalidad”, México, Ed. UNAM, Instituto de  
       Investigaciones Jurídicas, 1999


*Mtra María del Rocio García Sánchez, Maestra en Ciencias Penales del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Profesora de Tiempo Completo del P.E. de Derecho de la U.A. de Ciencias Sociales de la U.A.G.
Integrante del Cuerpo Académico. “Territorio y Desarrollo Regional Sustentable” de la U.A. de Ciencias Sociales de la U.A.G.