Revista Digital de Tecnologías de la Información y Comunicación. Vol. 9, No. 2. Semestre julio-diciembre de 2013. ISSN: 1870-7505

 

LA JUSTICIA ELECTORAL COMO GARANTE DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DE LA MUJER INDÍGENA

J. Nazarín Vargas Armenta 1

Uriel Leal Ramírez 2

 

Resumen: El presente artículo, pretende llamar la atención respecto de la lucha de la lucha del sector indígena de nuestro país hasta el momento actual. Los logros alcanzados con la reforma constitucional de 2001 que hizo posible el reconocimiento constitucional y legal de los pueblos y comunidades indígenas de México, así mismo, de los diversos obstáculos y retos que la mujer indígena mexicana afronta en su lucha por involucrarse en los espacios del poder político. 

Palabras claves: Justicia Electoral, derechos político- electorales, indígenas, sistemas normativos internos, restricciones internas.

Abstract: This paper aims to draw attention to the struggle of the struggle of the indigenous sector of our country to date. The achievements of the constitutional reform of 2001 that made the constitutional and legal recognition of indigenous peoples and communities of Mexico, also, of the various obstacles and challenges facing Mexican indigenous women in their struggle to engage in the spaces of political power.

Keywords: Electoral Justice, political- electoral rights, indigenous , internal systems , internal restrictions .

Introducción

El estudio relativo a la justicia electoral como garante de la protección de los derechos político- electorales de las mujeres indígenas se aborda en el presente trabajo a partir de un breve antecedente histórico respecto de la lucha del sector indígena de nuestro país hasta el momento actual. Se destaca en esta parte la reforma constitucional de 2001 como el más importante logro de la lucha indígena, pues es a partir de esta reforma que los pueblos y comunidades indígenas de México gozan de reconocimiento constitucional y legal.

Enseguida se aborda lo que pueden considerarse diversos tipos de justicia a los que se enfrentan las mujeres indígenas: la justicia de género; la justicia comunitaria; la justicia de los partidos políticos y desde luego la justicia institucional específica, ésta,  la que corresponde administrar a los Tribunales Electorales de los Estados y del Distrito Federal, así como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por considerarse de especial importancia se precisan los casos de restricciones internas impuestas por los propios pueblos originarios en contra de sectores de la población indígena y se anota como ejemplo emblemático el caso de la oaxaqueña Eufrosina Cruz Mendoza.

Finalmente se hace una revisión de la representación política de las indígenas en México tomando como referente la actual composición de Cámara de Diputados de la actual Legislatura Federal y se formulan algunas conclusiones.

Desarrollo

En primer lugar me parece importante hacer una breve referencia histórica respecto de la situación indígena desde la época en que fuimos colonizados hasta la actualidad.

Los indígenas o indios, a quienes llamamos así desde el descubrimiento de América por pensarse originalmente que se había llegado a la India son en realidad los auténticos dueños de este espacio que ocupamos y que hoy oficialmente se denomina Estados Unidos Mexicanos.

Con esta condición, no obstante ser los legítimos dueños de su territorio, fueron violentamente despojados, fueron discriminados y fueron objeto de una serie indefinida de abusos en todos los sentidos. Subrayo, fueron objeto, porque esa era la condición que tenían los originarios; eran vistos como objetos y no como sujetos.

Y es a propósito de esta lamentable situación de vida padecida por los pueblos indígenas desde entonces y hasta la época contemporánea, que han venido desarrollado un movimiento de resistencia, un movimiento de defensa,  precisamente de su cultura, de su lengua, de su forma de gobierno, de sus tradiciones.

Las comunidades indígenas en México se han caracterizado por ejercer formas propias de autogobierno, rigiéndose por sistemas normativos y prácticas colectivas a las que suele denominarse “usos y costumbres”, que han evolucionado a lo largo del tiempo y que han sido capaces de coexistir con el Estado moderno.(1)

Esta lucha constante y persistente en el tiempo, ha significado en suma una defensa por ser reconocidos como seres humanos; sus resultados favorables materializados con la Reforma Constitucional de 2001, en la que se reconocen a los pueblos indígenas a nivel de la norma suprema de nuestro País. Así se establece en su artículo segundo:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Título Primero 

Capítulo I De los Derechos Humanos y sus Garantías

ARTICULO 2. LA NACION MEXICANA ES UNICA E INDIVISIBLE. 

La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.
 

Derivado de lo ordenado a las entidades de la Republica, esta reforma, se reproduce en las constituciones y leyes de las entidades de nuestro País.

En consecuencia, los pueblos y comunidades indígenas gozan de reconocimiento constitucional y legal en México. Por ello se puede afirmar que su lucha ha alcanzado un logro trascendental pero que paradójicamente no ha terminado. Los indígenas han tenido que mantener su movimiento, su protesta, su lucha ante la también persistente resistencia de los mestizos de respetar en los hechos lo que en el derecho se establece.

Un caso concreto, específico y fundamental para los indígenas; el respeto a la elección de sus autoridades conforme a sus sistemas normativos internos, esto es, conforme a sus usos y costumbres.

Esta demanda actual indígena y esta resistencia mestiza, derivada de: políticas, que fueron promovidas por los gobiernos posrevolucionarios y que prevalecieron por un largo periodo, a pesar de generar lo que se ha denominado “colonialismo interno”. (2)

Este conflicto de intereses de no abandonar el control del sistema de elección de autoridades por los partidos políticos y el interés de los pueblos y comunidades indígenas por autogobernarse de conformidad a sus particulares ordenamientos internos han venido resolviéndose por la autoridad jurisdiccional electoral. Instancia garante del respeto de los derechos políticos de los originarios.

Al respecto por su inmediatez geográfica y temporal con el estado de Guerrero, es oportuno referirme a algunos casos de trascendental importancia. El caso del estado de Oaxaca en el que se ha dividido el territorio en municipios indígenas y municipios mestizos como medida para resolver el conflicto; el caso de Cherán, municipio de Michoacán; y el caso actual del municipio de San Luis Acatlán en Guerrero.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, máxima autoridad en la materia electoral ordenó con motivo de la demanda de su intervención, a través de su sala superior, en los casos señalados de Michoacán y Guerrero la elección por usos y costumbres. El caso Cherán, concluido; el caso San Luis Acatlán, en proceso. Hasta aquí, lo que sería una primera parte de mi explicación.

En seguida, es importante precisar que en nuestro país, el reconocimiento de los pueblos indígenas fue algo tardío, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo se suscribe en 1989 y es ratificado por México en 1991, la reforma como ya señalaba se hace hasta el 2001 y en el caso de Guerrero entra en vigor la “Ley 701 que reconoce los derechos y culturas de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero” en 2011, entonces creo que ha habido una reacción tardía, una respuesta tardía.

En este contexto, debe considerarse que como consecuencia del desarrollo de la democracia mexicana han venido ocurriendo una serie de cambios trascendentales en el escenario geopolítico:

en  los últimos 30 años, el sistema de partidos y el sistema electoral mexicanos se modificaron drásticamente: se dio el paso del sistema de partido hegemónico a uno plural; de elecciones sin competencia, a elecciones cada vez más competidas, transitando de un mundo de representación monocolor a uno múltiple, lo que ha implicado importantes transformaciones del régimen de gobierno . La participación política indígena también se transformó. Son los años del quiebre de los viejos esquemas de control político, clientelares y corporativos mediante los cuales se buscó integrar y subordinar a las comunidades indígenas al sistema político articulado en torno al Partido Revolucionario Institucional (PRI). (3)

Ahora pasaría a plantear lo que se debe de categorizar como una pregunta generadora, una pregunta que pretende generar una reflexión respecto del tema que pretendemos explicar en este análisis: ¿la justicia electoral es garante de los derechos político electorales de las mujeres indígenas?

Esa es una pregunta que pretende generar una información y que desde mi punto de vista la respuesta es que sí es la justicia electoral, garante de los derechos político electorales de las mujeres indígenas, sobre todo si revisamos el concepto clásico de la justicia que indirectamente hemos aprendido de Ulpiano: justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho.

Revisando este concepto pueden advertirse dos elementos importantes: uno que hace justicia y otro al que se le hace justicia, y el que hace justicia debe sujetar su actuar a  la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho; hay dos elementos y en ese sentido si la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno sus derechos, entonces mi respuesta, reitero es que sí, que la justicia electoral, subrayo, la justicia electoral institucional sí es garante de los derechos políticos electorales de las mujeres indígenas y desde luego también de las mujeres indígenas de nuestro estado de Guerrero, pero ¿por qué digo la justicia electoral institucional? Porque que me refiero a la que corresponde no solo a las instituciones encargadas de la administración de la justicia electoral en los estados y en la federación, esto es, los tribunales electorales locales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sino a la que corresponde también a los institutos electorales, los de los estados, los llamados a partir de la reforma electoral 2014 Organismos Públicos Locales en los institutos federales y al Instituto Nacional Electoral.

Empero no son solo estas autoridades las que hacen justicia electoral, a la que denomino institucional; junto a la justicia institucional tienen el deber de hacer justicia electoral también los hombres y las mujeres como género; la sociedad como comunidad política, los partidos políticos y por supuesto los indígenas como grupo social.

Preciso mi respuesta: en el caso genérico de la justicia electoral; la justicia electoral institucional sí es garante de los derechos políticos electorales de las mujeres indígenas; las no institucionales no siempre, es decir, no de manera perpetua y por ello hacen necesaria la resolución de conflictos en la vía jurisdiccional. Esto es lo que se conoce como la judicialización de la política.

En este contexto, el reto de la justicia electoral para garantizar el respeto a los derechos políticos electorales de las mujeres indígenas, es hacer que esos criterios que ha emitido la Sala Superior sean cada vez más efectivos, más respetados en el plano de la política y desde luego en los casos de persistencia el acceso a la justicia electoral sea más ágil.

Algo fundamental en consecuencia es que los juzgadores electorales conozcan la diversidad de sistemas normativos indígenas existentes y velar por que en todos los casos se acrediten los dos requisitos que el convenio 169 establece: que los pobladores demandantes desciendan directamente de los pueblos originarios y que además han conservado total o parcialmente su cultura, sus tradiciones, sus formas de vivir. Así mismo, que en sus resoluciones consideren que el respeto a la autodeterminación y a la autonomía para elegir autoridades bajo sus propias reglas, es compatible con el respeto a los derechos humanos de sus integrantes y en caso de conflicto la norma opuesta debe adaptarse y subordinarse y no al revés.

Por lo que: Tratándose de derechos indígenas… la mejor situación es que sea la jurisdicción, a través de los jueces, quien defina hasta donde llega un derecho indígena y hasta donde llega el interés del Estado para regular. (4)

Y en el caso del respeto a los derechos humanos: en la obligación de respetar los derechos humanos también se encuentran incluidas las mismas autoridades indígenas. Esto es, las autoridades indígenas tienen la obligación de respetar los derechos humanos.

Y el fundamento para este respeto a los derechos humanos, conforme a la reforma constitucional de 2011 son sin duda los Tratados Internacionales de los que México forma parte, la Constitución Mexicana y las legislaciones locales.

Ahora pasaría a analizar los retos que tiene la mujer indígena para el acceso a la justicia electoral. El primer reto que tiene la mujer indígena es su condición de mujer, es una situación que debe desafiar la mujer indígena el ser mujer ya es un reto, ya hay una discriminación ahí. La mujer indígena es sujeto de una triple discriminación, la discriminación por ser mujer, la discriminación por ser mujer indígena y la discriminación por ser mujer indígena y vivir en una situación de pobreza, ese es un primer reto; el segundo reto, y el reto más próximo que tienen las mujeres indígenas es la idiosincrasia de los hombres indígenas, que piensan que solamente los hombres pueden gobernar, que solamente los hombres son los que mandan y entonces la mujer está por abajo, a la mujer se le ve como un objeto sexual, lo que se puede usar para la reproducción, para tener hijos, con un destino invariable, tienen que casarse a tal edad y con tal hombre y etc., etc. Esa concepción o esa cultura de los hombres, de estos hombres, de pensar que las mujeres solamente sirven para estar en casa, para procrear, para ser un objeto sexual pues es un reto, el reto más próximo de la mujer indígena.

Desde luego que esos hombres viven en una comunidad, lo que piensan también se reproduce en la colectividad; en consecuencia hay violaciones de derechos humanos en la comunidad indígena y representa también un difícil reto.

En la teoría explicativa de este fenómeno social, las restricciones que la comunidad indígena impone a la propia comunidad indígena se denominan “restricciones internas” y ¿qué son las restricciones internas? Implican derechos que algunos miembros del grupo indígena limitan o desconocen respecto de algunos sectores de su mismo grupo indígena.

Estas restricciones internas, vulneran derechos de los otros. Algunos ejemplos de casos concretos sobre restricciones internas, son precisamente el sistema de usos y costumbres; de manera particular la prohibición del derecho de votar y ser votado si no pertenecen a la cabecera municipal, o permitir solo el derecho al sufragio a los hombres y entonces citando aquí al filósofo jurista político Garzón Valdés, quien dice: “resulta paradójico que quienes abogan por la diversidad cultural (los indígenas) aleguen la validez universal de su propia cultura de sus propias costumbres para excluir a otros” (5). Desde luego que estas restricciones internas son una violación flagrante de los derechos humanos.
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Otro reto que tiene que enfrentar la mujer es el reto de las autoridades no jurisdiccionales, hay casos en los que cuando a una mujer indígena por no habérsele respetado sus derechos políticos electorales, ha recurrido a las autoridades no jurisdiccionales, como son los Organismos Públicos locales, o los Congresos locales en los que la respuesta a esa demanda ha sido que no es posible resolver la queja planteada bajo la justificación de que la comunidad está regida por un sistema de usos y costumbres. Afortunadamente la Reforma Constitucional de 2011 ya obliga a estas autoridades también a interpretar y a aplicar la norma con base a los principios de interpretación conforme y pro persona.

Los partidos políticos sin duda son también un reto para la  mujer indígena. En general, es a través de los partidos políticos que las mujeres indígenas y los hombres indígenas han podido acceder a la fuerza política, han podido ser presidentas, han podido ser síndicas, regidoras, diputadas, senadoras. Los partidos se niegan a renunciar  a este histórico monopolio.

Y desde luego un tema central en el sistema de partidos políticos es la equidad de género, hay una lucha por reducir la brecha entre la representación de los hombres y la representación de las mujeres.

Lo anterior se puede entender de manera concreta si analizamos la integración de la actual legislatura federal de la cámara de diputados. Del total de 500 curules: 311 diputados son hombres y 189 son mujeres, la relación en términos porcentuales es de 63% – 37%. El Partido Político con mayor número de diputadas mujeres es el Partido Revolucionario Institucional con un 38.5%, le sigue el PRD con un 37%, el PAN con un 34.2%, de los partidos de menor representación PNA con 50%, le sigue el PVEM con un 42.9 y finalmente MC y el PT con un 40%. Esa es la situación de la mujer en general.

Es importante precisar con motivo del análisis que se realiza, que el Consejo General del IFE, en su redistritación de 2004, consideró que de los 300 distritos electorales federales, 28 de ellos cuentan con una población indígena mayor al 40%: uno en Campeche, Guerrero, Estado de México, Quintana Roo y San Luis Potosí, 2 en Hidalgo, 3 en Puebla, Veracruz y Yucatán, 4 en Chiapas y 8 distritos en Oaxaca. Esto es, por esa composición, son considerados distritos electorales indígenas.

Sin embargo los diputados y diputadas de estas demarcaciones no están representados en todos los casos por mujeres y hombres indígenas. 12 son mujeres y 16 hombres. De ellos solo 8 son indígenas: 2 mujeres y 6 hombres; los 20 distritos restantes están representados por mestizos.

Esta integración nos permite afirmar en consecuencia que, el acceso al poder político de los indígenas en general y de las mujeres indígenas en lo particular es limitado y solo es posible a través de los partidos políticos. Limitación que  desde luego es superable si se acude a la Justicia Electoral y por campañas intensas de información al respecto.

Para fines demostrativos es necesario citar como ejemplo emblemático, el histórico caso de Eufrosina Cruz Mendoza, una mujer indígena que sufrió y pasó por todos estos retos, por estos desafíos que he tratado de explicar en este análisis.

A Eufrosina Cruz se le negó el derecho de ser Presidenta Municipal por el hecho de ser mujer y ser profesionista; en su municipio eran restricciones que se imponían a las mujeres; recurrió a demandar el respeto de sus derechos político electorales ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca, ante el Congreso Local; ante la Comisión Nacional de la Defensa de los Derechos Humanos; incluso en un acto público pidió la atención de esta violación de derechos al Presidente de la Republica, pero no fue atendida. La razón, su municipio se regía por usos y costumbres y no recurrió a los órganos de justica electoral.

Hoy Eufrosina es diputada federal plurinominal  y antes fue diputada local en Oaxaca y es la presidenta de la comisión de asuntos indígenas de la actual legislatura federal pero no a  través de su condición de indígena y conforme a sus sistemas normativos internos, sino, postulada por un partido político, el PAN.

Por las explicaciones formuladas y la realidad socio-política analizada, concluyo afirmando que la Justicia Electoral si es garante de los derechos político electorales de las mujeres indígenas pero que se hace necesaria una amplia difusión de los derechos y medios de tutela que en México se reconocen a los pueblos originarios.

Conclusiones

La justicia electoral es garante de la protección de los derechos políticos electorales  de las mujeres indígenas y hace posible superar las restricciones internas impuestas por las propias comunidades indígenas a algunos de sus miembros en razón no solo de sexo, sino también de edad o lugar y tiempo de residencia por ser verdaderas violaciones a derechos humanos.

No obstante el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas a nivel de la Constitución General de la Republica  y en Tratados Internacionales, todavía una amplia proporción de la población indígena del país no recibe los beneficios de dicho reconocimiento y por tanto se encuentra excluida del acceso a esta forma de participación.

Si bien  el Consejo General del IFE, en su redistritación de 2004, consideró que de los 300 distritos electorales federales, 28 de ellos cuentan con una población indígena mayor al 40%: y por esa composición, son considerados distritos electorales indígenas; la realidad es distinta. Los partidos políticos siguen definiendo los candidatos y en sus propuestas no se consideran criterios étnicos

BIBLIOGRAFIA

Aguirre Beltrán, Gonzalo. 1991. Formas de gobierno indígena. México: Fondo de Cultura Económica
Garzón Valdés, Ernesto. “El problema ético de las minorías étnicas”. /en/ OLIVÉ, León (comp.) Ética y diversidad cultural. México: Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 45

González Casanova, Pablo. 1976. La democracia en México. 8ª edición. México: Era.

González Oropeza, Manuel. 2008. “Justicia electoral en materia de usos y costumbres indígenas. Una reflexión: lo que se está haciendo en México”. Quid Iuris 7 (diciembre): 25-34.

Singer Sochet, Martha. 2013. Justicia electoral. México, participación y representación indígena.  México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Garzón Valdés, Ernesto. “El problema ético de las minorías étnicas”. /en/ OLIVÉ, León (comp.) Ética y diversidad cultural. México: Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 45

NOTAS:

(1) Los sistemas normativos indígenas han sido modificados significativamente a lo largo de su historia, marcados por los cambios en su relación con el Estado mexicano, así como por las condiciones mismas de reproducción de las comunidades. Un recuento y análisis de la evolución de las formas de gobierno comunitarias y de cómo las comunidades indígenas conciben a sus autoridades se encuentra en el clásico trabajo, de 1953, del antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán (1991), Formas de gobierno indígena.

(2) En su concepto de “colonialismo interno”, Pablo González Casanova hace referencia al “dominio y explotación de unos grupos culturales por otros… El problema indígena es esencialmente un problema de colonialismo interno. Las comunidades indígenas son nuestras colonias internas. La comunidad indígena es una colonia interior de los límites nacionales. La comunidad indígena tiene las características de la sociedad colonizada” (González Casanova 1976, 89 y 103-4).

(3) Singer Sochet, Martha. Justicia electoral. México, participación y representación indígena.  México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2013.

(4) González Oropeza, Manuel.. “Justicia electoral en materia de usos y costumbres indígenas. Una reflexión: lo que se está haciendo en México”. Quid Iuris 7 (diciembre): 2008. p. 26

(5) Garzón Valdés, Ernesto. “El problema ético de las minorías étnicas”. /en/ OLIVÉ, León (comp.) Ética y diversidad cultural. México: Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 45

 

1 Doctor en Ciencias de la Educación y Doctor en derecho. Profesor-Investigador de tiempo completo del programa educativo de Derecho de la Unidad Académica de Ciencias Sociales- Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero. Perfil PROMEP. Integrante del Cuerpo Académico "Derecho Justicia y Desarrollo Sustentable", Clave PROMEP: UAGRO-CA-160. Correo electrónico: varmenta33@hotmail.com

2 Doctor en Investigación en Ciencia Política. Profesor-Investigador de Tiempo Completo del programa educativo de Derecho de la Unidad Académica de Ciencias Sociales- Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero. Perfil PROMEP. Integrante del Cuerpo Académico "Derecho Justicia y Desarrollo Sustentable", Clave PROMEP: UAGRO-CA-160. Correo electrónico: uriellr1@hotmail.com