Revista Digital de Tecnologías de la Información y Comunicación. Vol. 10, No. 1. Semestre enero-junio de 2014. ISSN: 1870-7505

 

EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO MEXICANO

J. Nazarín Vargas Armenta 1

Uriel Leal Ramírez 2

 

Resumen: El presente trabajo, presenta aspectos fundamentales que motivaron la creación del Instituto Nacional Electoral, así mismo, se destacan sus retos y perspectivas en los procesos electorales, tanto federales como locales.

Palabras clave: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Instituto Nacional Electoral, órganos constitucionales autónomos, partidos políticos, reforma constitucional.

Abstract: This paper presents fundamental aspects that motivated the creation of the National Electoral Institute, likewise, highlights their challenges and prospects in both federal and local elections.

Keywords: Constitution of the United States of Mexico, Instituto Nacional Electoral, autonomous constitutional bodies , political parties, constitutional reform.

1. INTRODUCCION

Resulta importante resaltar que por su naturaleza, la democracia en México, impacta de manera importante en la definición de políticas públicas del Gobierno. El  artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala entre otras cosas que: la democracia es considerada no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino también como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.

Así, el Estado Mexicano, a través de los poderes que lo constituyen, crea programas, organismos e instituciones, que fortalecen el sistema de vida de los mexicanos, en los ámbitos político, social, cultural y desde luego en el ámbito económico.

En este contexto, la creación del  Instituto Nacional Electoral (INE), representa una  estructura importante, cuyo propósito central es fortalecer el ejercicio de la democracia en México; las reglas de designación y conformación de los que en el futuro próximo integraran su Consejo General, se proyectan de tal manera que permitan generar mayor confianza en los órganos encargados de la organización de los procesos electorales, dicho sea de paso, no solo de competencia federal, sino también de los correspondientes a las entidades federativas de la Republica.

La reforma constitucional que prevé la creación del Instituto Nacional Electoral es garante de que los partidos políticos, los candidatos, coaliciones, ciudadanos y autoridades respeten las normas reguladoras de los procesos electorales, esto en razón de que el INE, será una organismo con mayor autonomía e independencia en sus funciones institucionales.

Fue el Partido Acción Nacional quien presentó ante la Comisión Permanente la propuesta de decreto para la modificación de 10 artículos de la Constitución Política; el planteamiento central fue la creación de un nuevo Instituto Electoral, con competencia para la organización tanto de las elecciones federales como locales; en reemplazo del Instituto Federal Electoral (IFE).

Del análisis de la exposición de motivos se puede concluir que su objetivo fundamental es:

 Evitar que cualquier estructura o grupo de influencia política o económica, intervenga en perjuicio de la autonomía e independencia de las instituciones responsables de la organización de las elecciones en el país. Lo que se pretende es garantizar una auténtica competencia en la pluralidad de circunstancias que caracterizan a las diversas regiones de México”

Por lo anterior, puede concluirse que con la creación del Instituto nacional Electoral, se pretende recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones electorales.

2. TEORÍA DE LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

En años recientes, ha surgido una corriente de pensa­miento jurídico así como de interpretación jurisprudencial que ha abierto un espacio para la reflexión y análisis de los organismos autónomos en México.

Los organismos autónomos en otros países, gozan de la aceptación y confianza.
Debido al avance de los criterios jurisprudenciales en materia electoral y los recientes rediseños constitucionales, de manera particular en América Latina, permite percibir en el contexto internacional a los organismos autónomos, como parte de una revolución silenciosa posicionándose en la división de poderes.

En consecuencia, se hace necesario repensar el diseño institucional del Estado mexicano de modo que haga posible una adecuada regulación en la Constitución Política de los organismos autónomos. De otra forma, puede derivarse en una crisis constitucional que podría poner en riesgo no solamente la vigencia de los organismos autónomos actual­mente existentes, como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el Banco de México (BM) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEG), sino, al Estado mexicano en su conjunto.

Existen dos enfoques teóricos dominantes para ana­lizar los organismos constitucionales autónomos. El enfoque “maximalista”, que parte del esque­ma desarrollado por Manuel García-Pelayo en su texto: “El ‘status’ del Tribunal Constitucional (1)

Este enfoque (maximalista) parte de la idea, de que los organismos autónomos son en realidad un poder del estado, en cuanto que, desarrollan funciones preponderantes, y por ello debe maximizarse no solo su existencia, sino también su importancia.

El enfoque “negativo” o “minimalista” plantea que cualquier organismo explícitamente considerado en la Constitución que no forma parte de uno de los tres poderes del Estado es un organis­mo constitucional autónomo. Empero, existen opiniones que cuestionan su autonomía, precisando que de alguna forma dependen de uno o dos poderes del estado, esto es, el poder ejecutivo o el legislativo o de ambos. De ahí su enfoque mínimo.

Los estudios respecto de los organismos constitucionales au­tónomos generalmente en primer lugar recurren a la definición de “órgano constitucio­nal” que ha ofrecido Manuel García-Pelayo. El autor en su texto clásico “El ‘status’ del Tribunal Constitucional”, retoma los escritos de Santi Romano para ubicar la naturaleza del nuevo Tribunal Constitucional dentro del orden jurí­dico español.

Específicamente, García-Pelayo sostiene que el Tribunal Constitucional cuenta con el mismo “status” que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Con la creación del Tribunal, se amplía la división de poderes del Estado Español de tres a cuatro órganos constitucionales, rompiendo con la fórmula básica heredada de Montesquieu (2).

De acuerdo con García-Pelayo, cada uno de estos poderes reúne cuatro características básicas que juntas constituyen el “status” de un órgano constitucional.

1. Son órganos que están explícitamente “establecidos y configurados” por la Constitución.

2. Forman parte esencial de la estructura del Estado. Son órganos “cons­titutivos” cuyas funciones son necesarias para el buen funcionamiento del “modelo de Estado” establecido en la Constitución.

3. Deben participar directa­mente “en la dirección política del Estado”, esto es, en “la formación de la voluntad estatal”; deben “tomar decisiones por y en nombre del Estado que vinculen o que comprometan a la sociedad nacional”.

4. La cuarta característica es “la paridad de rango y las re­laciones de coordinación”. No debe estar subordinado a ningún otro órgano o poder del Estado, sino que debe ser plenamente autónomo y contar con poder su­premo en su ámbito de competencia.

 

Tales características se identifican en el Instituto Nacional Electoral. Está explícitamente “establecido y configurado” por la Constitución, en la que se define su estructura y su competencia; se trata de un órgano “cons­titutivo” con funciones necesarias para el buen funcionamiento del “modelo de Estado”; se prevé su participación “en la dirección política del Estado” lo que implica su participación en “la formación de la voluntad estatal” a través de los procesos electorales y, es un órgano constitucional no subordinado a ningún otro órgano o poder del Estado. Es plenamente autónomo y en consecuencia con poder su­premo en su ámbito de competencia.

3. NATURALEZA JURÍDICA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

De conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto Nacional Electoral, es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre éstos, así como la relación con los organismos públicos locales.

Desde luego debe reconocerse que su creación no parte de la nada y no debe negarse que en los últimos veinte años, la sociedad mexicana ha experimentado una democratización a nivel federal, las evidencias más sobresalientes son sin duda la doble alternancia en el Poder Ejecutivo y una pluralización del Poder Legislativo.

Sin embargo, en el ámbito local, no en todas las entidades federativas se ha experimentado esta democratización; en muchos Estados del país se han generado mecanismos de cooptación, entre ellos, la injerencia directa de los gobernadores a partir del control que la mayoría de ellos tienen de su congreso local, responsable de la designación de los consejeros electorales. Esto impide el desarrollo de elecciones libres y equitativas.

De ahí la pertinencia de consolidar un nuevo sistema electoral a través de la creación de un Instituto Nacional Electoral, que organice también las elecciones locales.

La creación del INE ha sido objeto de críticas. Doctrinarios, partidos políticos, organismos electorales, han argumentado que con esta medida se atenta contra el federalismo.

Dicha argumentación crítica, bajo la consideración de que el Pacto
Federal, está en constante desarrollo y numerosas competencias que antes eran de la Federación ahora lo son ahora de los Estados y viceversa, no son del todo ciertas. Sobre todo si se considera que estas medidas tienen como propósitos: una mayor eficiencia administrativa y una mejor la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos

Al respecto, es importante tomar en cuenta que la lista nominal de electores y la credencial de elector son expedidas por el Instituto Federal Electoral, y que hasta ahora es la única autoridad encargada de la administración de los tiempos del Estado de radio y televisión en materia electoral, sin que por ello se adviertan funciones centralistas. Desde una perspectiva federalista, cada Estado debería contar con su propio padrón o con su propia credencial para votar.

Considero importante señalar que Naciones de indudable federalismo como Canadá o Brasil tienen una organización electoral como la que hoy inicia en México.

4. RETOS Y PERSPECTIVA

El Pacto por México fue suscrito por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto y los Presidentes de los Comités Ejecutivos Nacionales de los tres principales partidos políticos nacionales, PRI, PAN y PRD, pero no por los coordinadores parlamentarios de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión; los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal; los coordinadores de los grupos parlamentarios en los Congresos de los Estados y la Asamblea del Distrito Federal; los dirigentes de las principales asociaciones que aglutinan a la mayoría de los gobiernos municipales de la República.

Lo anterior es relevante en mi opinión, porque la reforma electoral que se analiza tiene un impacto directo en las entidades federativas y los actores políticos de las mismas deben de ser considerados en la decisión e implementación de la política pública.

1. El primer reto es precisamente esa circunstancia, la que me parece se convertirá en el principal obstáculo a vencer, que es el rechazo abierto de la creación del Instituto Nacional Electoral por parte de los factores de poder local.

Recordemos que ésta propuesta implica una reforma constitucional federal por lo menos a los artículos 41, 115, 116 y 122; el concurso del Constituyente Permanente, así como importantes reformas a las 31 constituciones estatales y al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

2. El segundo reto tiene que ver con la coexistencia de visiones diferenciadas respecto de la estructura, conformación y elección de los órganos de representación política, entre los criterios de carácter federal y los diversos de las entidades federativas, buscando en  la medida de lo posible en la relación federal-local, la aplicación de un criterio colateral, lo que significa estructurar distritos locales anidados dentro de distritos federales, en los que los primeros sean ejes de los segundos, entre otros factores a considerar.

3. El tercer reto será respetar la estructura, conformación y elección de las autoridades municipales en las entidades federativas que no son únicamente el alcalde, sindico(s) y regidores, sino también otras autoridades como los ayuntamientos y Comisarías indígenas y las que se eligen por usos y costumbres como es el caso de Oaxaca y como ya se demanda en Guerrero.

4. El cuarto reto se refiere a la expedición de una legislación electoral única, que no implica una legislación uniforme para toda la República, por lo que el legislador deberá hacer compatibles las disposiciones comunes para todas las elecciones con las particularidades que se presentan en diversas entidades federativas, las cuales en mi opinión se deben respetar, como ya anotamos en la heterogeneidad de los sistemas electorales locales.

5. El quinto reto será respetar las dinámicas políticas regionales para la conformación de los sistemas de partidos locales, que no corresponden con las dinámicas nacionales. Esto, cuando se discuta y apruebe la Ley General de Partidos Políticos.

6. El sexto reto, una vez que exista la legislación electoral única; se proceda a la desaparición del Instituto Federal Electoral para dar paso al organismo electoral nacional, será que el Consejo General del INE establezca reglas transitorias que permitan la permanencia de aquellos funcionarios electorales que por su desempeño y profesionalismo se hayan destacado y reconocido, además de que cuenten en su caso, con un amplio conocimiento de la realidad local donde actúen.

7. El séptimo reto será abordar el tema de la justicia electoral local, que aunque no está incluida en el Pacto por México, tiene la misma problemática que se cuestiona respecto de los órganos estatales electorales.

8. El octavo reto será el tema de los delitos electorales, que dicho sea de paso se ha quedado rezagado en su revisión legal, con la expedición de un Código Penal y uno de Procedimientos Penales únicos para la República Mexicana, establecidos también como compromisos en el Pacto por México.

PERSPECTIVA.
                                                                                                                    
El Instituto Nacional Electoral deberá recuperar la confianza de la ciudadanía; coadyuvar con la gobernabilidad en el Estado Mexicano; consolidarse y consolidar a los institutos dependientes en su estructura como verdaderos órganos autónomos.

5. A MANERA DE CONCLUSION.

1. La reforma electoral y concretamente la creación del Instituto Nacional Electoral, reducirá en gran medida los costos de los procesos electorales.

2. Se federalizan las competencias de los órganos electorales.

3. Se evitará que los Gobernadores de los Estados; los Congresos Locales y los Partidos Políticos ejerzan control de los organismos electorales a nivel local.

4. Habrá mayor credibilidad de la ciudadanía sobre el resultado de los procesos electorales locales y federales y de todo el sistema político.

5. El nombramiento de los Consejeros locales como una de las potestades del Instituto Nacional de Elecciones, traerá como consecuencia, mayor independencia y autonomía en cuanto a las funciones que les encomiendan las leyes.

6. Se transforma el sistema político electoral, en cuanto a su organización con nuevas autoridades y nuevas reglas electorales.

BIBLIOGRAFÍA.

1. García-Pelayo Manuel, “El status del Tribunal Constitucional”, Revista Española de Derecho Constitucional, Madrid, vol. I, núm.1, 1981, pp. 11-34.

2. Caballero Ochoa José Luis. Los órganos constitucionales autónomos: más allá de la división de poderes. Revista de derecho, Ed. UNAM. * Artículo publicado con el mismo título en: Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (Dir. Loretta Ortiz Ahlf). México, Universidad Iberoamericana, número 30, 2000, pp. 153-173.

3. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Exposición de motivos de la reforma electoral.

NOTAS:

(1) García-Pelayo, Manuel, “El status del tribunal Constitucional”, Revista Española de Derecho Constitucional, Madrid, vol. I, núm.1, 1981, pp. 11-34

(2) Aunque García-Pelayo afirma que todavía es vigente la idea central de Montes­quieu con respecto a la necesidad de la división de poderes: “Actualmente, el sistema de división de poderes es más complejo que el formulado en su día por Montesquieu, pero ello no excluye que esté igualmente orientado a impedir una concentración del poder estatal que genere abuso o su ejercicio anómico”. García Pelayo, Manuel, op. cit., p. 20

 

1 Doctor en Ciencias de la Educación y Doctor en derecho. Profesor-Investigador de tiempo completo del programa educativo de Derecho de la Unidad Académica de Ciencias Sociales- Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero. Perfil PROMEP. Integrante del Cuerpo Académico "Derecho Justicia y Desarrollo Sustentable", Clave PROMEP: UAGRO-CA-160. Correo electrónico: varmenta33@hotmail.com

2 Doctor en Investigación en Ciencia Política. Profesor-Investigador de Tiempo Completo del programa educativo de Derecho de la Unidad Académica de Ciencias Sociales- Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero. Perfil PROMEP. Integrante del Cuerpo Académico "Derecho Justicia y Desarrollo Sustentable", Clave PROMEP: UAGRO-CA-160. Correo electrónico: uriellr1@hotmail.com