Revista Digital de Tecnologías de la Información y Comunicación. Vol. 8, No. 2. Semestre julio-diciembre de 2012. ISSN: 1870-7505

 

LA REINSERCION SOCIAL: RESPUESTA AL FRACASO DEL SISTEMA PETINENCIARIO MEXICANO

J. Nazarín Vargas Armenta1
Jesús Castillo Aguirre2

 

Resumen: Con el análisis que se elabora en este trabajo se pretende hacer una explicación de los problemas que fueron determinantes en el fracaso del sistema penitenciario mexicano y que motivaron que  en la reforma penal constitucional de junio de 2008 el fin de la pena de prisión dejara de ser la readaptación social y fuera sustituido este propósito por el de reinserción social.

Palabras claves: Readaptación social, reinserción social, personal penitenciario, sobrepoblación, contaminación criminológica y corrupción sistémica

Abstract:  With the analysis made ​​in this paper is to make an explanation of the problems that were decisive in the failure of the Mexican prison system and that led to criminal constitutional reform in June 2008 to leave the prison sentence being social rehabilitation and was replaced this purpose for social reintegration.

Key words: social rehabilitation, social reintegration, prison staff, overcrowding, pollution and systemic corruption criminological

Introducción

En primer lugar resulta importante señalar que a partir de la reforma penal constitucional de junio de 2008, el propósito fundamental seguido con la reclusión de personas acusadas de la comisión de delitos, en prisión preventiva y de manera particular en extinción de penas, cambió, esto es, la readaptación social dejo de ser el fin de la pena y fue sustituido  por la reinserción social.

Precisar que las razones del cambio de referencia en lo personal no las he terminado de entender, que no encontré en la exposición de motivos de la reforma una explicación clara, por lo que finalmente concluyo, que es resultado de una política criminológica, punitiva, fallida; consecuencia sin duda del fracaso del sistema penitenciario mexicano que no logró nunca la readaptación social y que por ende los aprehendidos y sometidos durante la duración de la pena a un tratamiento readaptativo eran finalmente reinsertados a la sociedad de la que fueron segregados igual o peor que cuando fueron sometidos a la prisión.

En esta lógica entonces lo más fácil era cambiar el fin de la pena: la readaptación social era un fin que no se estaba consiguiendo; la reinserción social sí, pues solo significa el regreso a la sociedad de la que fue segregado, no obstante que la reeducación implícita en el proceso readaptativo mediante el que son tratados los presos condenados a la pena privativa de la libertad personal no se concrete.

Las razones del fracaso

Lo que si se conoce es lo que no hizo posible que los presos fueran readaptados eso sí es evidente, y pueden claramente identificarse. El sistema penitenciario mexicano fracasó porque no se crearon las condiciones necesarias para su consecución desde los órganos del poder público para hacer posible la readaptación social de los detenidos; el Estado no se interesó en realidad por hacer frente de manera adecuada a este gran problema que es un valor agregado de seguridad pública, o inseguridad, dicho de mejor manera. No se quiso nunca aprovechar el tiempo de la reclusión de los “delincuentes” para involucrarlos a un tratamiento criminológico y educativo garante de readaptación social y por ende de orden social.

La experiencia del pasado no se tomó en cuenta, la historia se repitió. Se declaró una política que parecía reconocer los yerros que llevo a la degeneración del sistema carcelario que se representó con la mayor dimensión en Lecumberri y que motivó entonces entre 1972 y 1976 una reforma penitenciaria a nivel del orden normativo, a nivel criminológico-reeducativo y a nivel de la arquitectura penitenciaria y que el Dr. Sergio García Ramírez en ocasión de la clausura de Lecumberri dijo:

 “Las cárceles son, de alguna manera, el reflejo más impresionante de lo que es una sociedad, y es de ellas de las que esperamos, como dramático contraste, alcanzar lo que la propia sociedad no supo dar en su tiempo a quienes ahora están recluidos en prisión.” (OJEDA, 1985).

En su discurso, quien fuera el ultimo director de Lecumberri justificaba la clausura y anunciaba una nueva etapa en el sistema penitenciario mexicano en la que habría espacios dignos, tratamientos criminológicos y reeducativos exitosos, honestidad en su operación y con estricto respeto a los derechos humanos.

El fracaso se repitió; después de 32 años se abandona un propósito noble, el de la readaptación social y se sustituye por la reinserción social.

Fue un fracaso consentido por el poder público pues reiteramos, no creo las condiciones mínimas necesarias para la readaptación social de los detenidos y ante esa inacción surgieron los principales problemas del sistema penitenciario, entre los que destacan: un personal carente de la necesaria formación profesional, técnica o para la custodia de la población reclusa; la sobrepoblación en establecimientos insuficientes o inadecuados, que no permiten una adecuada clasificación y tratamiento de los detenidos y una inevitable contaminación criminológica, todo esto en un contexto de corrupción sistémica.

Personal Penitenciario

Respecto al personal penitenciario, que tiene responsabilidades específicas y que su desempeño favorece o no al logro de los fines que con la pena de prisión se pretenden alcanzar se observa que:

“los resultados obtenidos hasta ahora por un personal mal pagado, impreparado, frustrado, agresivo, ignorante, vicioso o delincuente, son de aparente e hipócrita adaptación sin posibilidades de real adaptación social, pues pocas veces se utilizan siquiera los principales medios para lograrlo, según Shulman, estos son: realización del programa educativo, proceso de socialización, terapia, guía y consejo, empleo de servicios de la comunidad y relaciones con ella.” (SOLIS, 1985).

Problema que se genera desde la designación del personal directivo en el que descansa toda la actividad carcelaria, desde la administración de los recursos financieros, humanos y de servicios, hasta la selección de los responsables de las áreas: administrativa, técnica, jurídica y de custodia.

“El director es la autoridad máxima del establecimiento y como tal es el responsable del clima que se respire en la cárcel, del modo en que se desarrollan las relaciones entre los propios detenidos, o entre éstos y el personal de custodia. . . debe estar siempre en grado de dominar la situación interna. . . desde todos los perfiles: disciplinario, material. . .en grado de vigilar el personal que está bajo su cuidado, desde el punto de vista del orden y la seguridad del instituto.” (SOLIS, 1985).

Y es que la designación tanto del director general de los CERESOS en las entidades federativas, como de cada uno de los centros de reclusión no se encuentra al margen de la cultura política de nuestro país, pues de la misma manera que ocurre en otras dependencias, se nombran a los más cercanos, a los de mayor  confianza, a los amigos, pero no a los mejores, lo que deriva en administraciones que priorizan una política de beneficios personales, justificada por las bajas percepciones salariales y sobrepuesta a la que demanda la responsabilidad institucional, lo que es ya una especie de corrupción, lamentablemente auspiciada desde la propia esfera gubernamental; esto ha provocado que el Estado sea el principal productor de delincuentes (SOLIS, 1985).

Así, los “centros de readaptación social”, son dirigidos por personas con los más disímbolos perfiles profesionales en el mejor de los casos, pues los hay también que sin ninguna formación específica son nombrados para esta importantísima responsabilidad institucional.

Si el análisis lo llevamos al personal técnico, responsable de la diagnosis y la prognosis del detenido, previa a la clasificación y como primera etapa del tratamiento, la situación no es menos grave.

En este ámbito, no existen, por lo menos en Guerrero criminólogos, que de acuerdo a lo establecido por la legislación penitenciaria, son los responsables del área técnica, esto significa que los consejos interdisciplinarios que se integran con cada uno de los representantes de las ciencias que auxilian al Derecho penitenciario, carecen de la participación de estos profesionales, no obstante  que su aportación es indispensable tanto para el tratamiento de los detenidos, como en la valoración del proceso reeducativo de cada recluso.

La situación no es distinta y si considerablemente grave, respecto de otros profesionales del área responsable de la clasificación y tratamiento de los detenidos.

Encontraremos psicólogos sociales o psicólogos clínicos, haciendo funciones propias de psiquiatras; lo mismo ocurre con los profesionistas a cargo de la educación de los detenidos que sin un perfil especializado en educación para adultos presos, improvisan estrategias pedagógicas que no son las recomendadas para armonizar las aportaciones de las diversas ciencias involucradas en el sistema de tratamiento progresivo técnico por citar los casos que en mi opinión son los de mayor importancia, sin desacreditar a otros que también tienen una participación en este ámbito del tratamiento de los detenidos.

Los motivos por los que no están presentes pueden ser diversos pero no es desde luego por  desconocimiento de la autoridad, ni por falta de presupuesto, ni por considerar que no es importante y hasta necesaria su contratación; cualesquiera que sean puede resumirse que son  consecuencia de una falta de interés de la autoridad de más alto nivel y forma parte también de la corrupción institucional.

Por lo que se refiere al personal de custodia, partiendo de la idea que no es lo mismo hacer rondines en las calles que estar al cuidado de la seguridad de un centro de reclusión, los policías que se desempeñan esta función no han sido capacitados para esta actividad a la que se le responsabiliza del orden, la disciplina y la seguridad de la institución.

Sobrepoblación

Otro de los problemas es la sobrepoblación, causa determinante a la vez, de la mayoría de los problemas que en se presentan en los centros de reclusión:

“por la sobrepoblación se agravan problemas que en las prisiones siempre están latentes, como el tráfico y consumo de drogas, los conflictos entre internos, o entre estos y el personal penitenciario y, por supuesto múltiples formas de delincuencia” (ZAMORA, 2007). 

La sobrepoblación afecta el adecuado desempeño de las funciones del sistema de tratamiento penitenciario, esto es, la  clasificación en dormitorios, tratamiento, servicios médicos, industria penitenciaria, capacitación, recreación, seguridad, alimentación, la visita conyugal y la vista familiar, con lo que deja de cumplirse con lo establecido en Art. 18 Constitucional, en detrimento de los derechos fundamentales de la población interna y del derecho a vivir en paz social de la población en libertad que se mantiene ajena al fenómeno delincuencial.

Al tratar el tema de la sobrepoblación penitenciaria es importante recordar que las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos establecieron, en 1955, que ‘Las celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser ocupados más que por un solo recluso’. Desde ese punto de vista, la mayoría de las cárceles de la región constituyen, por definición, cárceles de hacinamiento, ya que no poseen celdas individuales, sino cuadras o alojamientos colectivos para un gran número de personas.” (CARRANZA, 2001).

Los espacios destinados para las actividades y funciones referidas, por la sobrepoblación son ocupados en muchos casos para el alojamiento de los detenidos, cambiándose así su destino. Más allá de esta afectación a la vida tanto de los reclusos como de sus familiares con quienes mantiene relación al interior de la prisión, la sobrepoblación hace imposible la indispensable y necesaria clasificación de los detenidos para los fines reeducativos que se proponen alcanzar durante el tiempo que dura la privación de la libertad.

“El sobrecupo en las prisiones trae consigo amontonamiento de los internos y, por consiguiente, la degradación humana. En una estancia diseñada para tres conviven 10 o 15 presos, acarreando consecuencias: promiscuidad, enfermedades (principalmente bronco intestinales y dermatológicas), violencia por el espacio vital, extorsiones (‘renteos’), además de favorecer prácticas homosexuales.” (BRINGAS 1998).

Así, la sobrepoblación genera una verdadera lucha diaria, lo mismo para obtener un lugar que les permita recibir a sus visitas, que para encontrar espacios en que desarrollen las diversas actividades inherentes al tratamiento penitenciario ya señaladas y desde luego los propios de su cotidianeidad, como lo es el dormir, cocinar, lavar su ropa, entre otros.

Este problema no debe verse solo como la afectación al ámbito espacial en que se desarrolla la vida de los que se encuentran en ejecución de penas o privados de su libertad en calidad de prisión preventiva sino que también repercute en la salud de la población penitenciaria.

Y es que cuando la sobrepoblación que produce hacinamiento afecta la salud personal de los presos, la pena no se reduce a la privación de libertad, adquiere entonces además, un carácter de pena corporal y violenta una garantía constitucional, que es el Derecho a la salud. 

“En términos de salud, por ejemplo, se constata una incidencia elevadísima de la tuberculosis y del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), enfermedades que en algunas cárceles llegan a proporciones alarmantes en virtud de la aglomeración, la falta de asistencia médica y la circunstancia de que los reclusos reciben regularmente visitas –íntimas, incluso- que amplifican la diseminación de dolencias”. (ILANUD/RWI, 2005-2008)

En este contexto, la compurgación de una pena privativa de libertad no debe traducirse en una pena privativa de las condiciones necesarias para subsistir contraria a lo establecido en el marco jurídico que regula el régimen penitenciario en nuestro país. Si así sucede estaría significando un retroceso al siglo XVII. Época en la que se ubican históricamente las penas crueles, infames e inhumanas contra las que luchó el Marqués de Becaria.

“La estancia digna y segura dentro de la institución penitenciaria está prevista en un conjunto de derechos para que las necesidades básicas y la seguridad personal de los internos estén cubiertas durante el periodo que pasara dentro de la institución.” (GONZALEZ, 1995).

Son varias las causas que han generado este grave problema carcelario entre las más importantes se consideran las siguientes:

El rezago judicial al margen de los plazos legales, que en el caso mexicano quedan establecidos en la fracción IV del artículo 19 constitucional. debiendo concluir antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;

“en la mayoría de nuestros sobrepoblados centros penitenciarios de América Latina y el Caribe, más de 70% de la población no ha sido sentenciada debido a la lentitud de los procesos judiciales y, por tanto, se trata de personas presuntamente inocentes”. (CARRANZA, 2001).
“con elevado porcentaje de procesados en espera de una sentencia . . . muchos frecuentemente pasan más tiempo en prisión esperando sentencia que lo establecido legalmente por los delitos que en caso de que fueran condenados, les impondría...Así, la pena adquiere otro significado y pierde su función original” (DEL OLMO, 1998).

Algunos otros problemas que derivada de la sobrepoblación se generan, lo son: la violencia, por la defensa o la búsqueda de espacios. Puede decirse que, los niveles de marginación social y económica en que viven durante su libertad se reproducen de manera automática durante su reclusión e incluso se agravan por su propia circunstancia.

“…entre la población presa predominan los pobres, aquellos que por sus angustiosas condiciones de vida fueron orillados a cometer actos delictivos y no tuvieron acceso a una eficaz defensa jurídica porque no contaron con un buen abogado, lo que explica por qué se encuentran purgando una sentencia injusta o absurda.Proceden de las capas sociales depauperadas y presentan mayor vulnerabilidad para ser objetos criminológicos del sistema de justicia penal.” (BRINGAS 1998). 

Pero al lado de esta marginación se localiza otro grupo, los internos que cuentan con una real capacidad adquisitiva y que son precisamente los que en mayor medida ponen en riesgo la estabilidad de los centros penitenciarios, pues llegan incluso a establecer mecanismos de control propios de la autoridad.

Este sector de la población reclusa pueden no obstante lo establecido en la Ley penitenciaria disponer de cantidades de dinero que les permiten comprar por decirlo de alguna manera correspondiente al lenguaje de los presos, desde espacios hasta personas, entre ellas, los custodios, el personal técnico y a las propias autoridades del centro de reclusión.

Con frecuencia, su injerencia sobre la vida del resto de los internos, permite el control ante cualquier brote de inconformidades que pueda presentarse, lo que se traduce en mayores privilegios para ellos durante el internamiento.

Contaminación Criminológica

La permanencia en la prisión desde el momento mismo del ingreso del detenido representa un riesgo real de contaminación delincuencial. Deriva de la convivencia de los procesados con los condenados, de los primo delincuentes con los reincidentes en áreas comunes.

La falta de espacios adecuados para la clasificación y el tratamiento en los términos que establecidos por la ley es causa determinante de la contaminación criminológica.

En la mayoría de los casos, los centros penitenciarios no cuentan con el indispensable centro de observación y clasificación como el primer sitio en que deben ser recluidos y en el que el personal técnico debe hacer los estudios de personalidad del detenido para su posterior clasificación. La falta de esta área favorece a que los de reciente  ingreso se relacionen con criminales ajenos a su personalidad y circunstancia.

Corrupción sistémica

En un establecimiento penitenciario mantener  la disciplina es de fundamental importancia para evitar conflictos tales como: riñas, fugas, motines, etc.  Sin embargo, no es suficiente una buena conceptualización teórica para poder alcanzar la disciplina deseada, se requiere principalmente de que la autoridad penitenciaria tenga el suficiente reconocimiento moral para aplicar las medidas correctivas necesarias; la confabulación de las autoridades carcelarias y el personal de seguridad y custodia con los internos dando preferencia a determinado grupo para que realice preferentemente actividades fijas, relajan la disciplina.

Paradójicamente, tanto las autoridades como el personal técnico y de seguridad y custodia, se interrelacionan con los internos y concretan con sectores de la población reclusa acuerdos económicos a cambio de “privilegios”, desde los más básicos hasta concesiones de aquellos que son prohibidos y que se hacen evidentes en los operativos que ponen al descubierto celdas con lujos, mujeres que cohabitan con los presos, medios de comunicación, armas, drogas, etc.

 En este contexto cobra importancia la explicación que el Dr. Sergio García Ramírez  en su libro "El Final de Lecumberri", hace respecto de los motivos que llevaron al fracaso del  sistema penitenciario mexicano que fue sustituido en 1976 por el sistema penitenciario actualmente en proceso de cambio, cuyo inicio se ubica precisamente con la reforma constitucional de 2008 y aunque son reflexiones que hizo en 1979, pareciera que se refieren a la situación actual:

"Después de año y medio de luchar día con día, minuto a minuto, incesante y fatigosamente para alcanzar los fines propuestos, había conseguido: Convencerme de que algunos de mis colaboradores cedieron al dinero de los introductores de drogas y alcohol. Que el enemigo, capaz de mantener en la prisión esa fuerza constante y activa, que desbarataba en un momento lo conseguido en días, semanas o meses de trabajo, radicaba fuera del penal. Que la autonomía de los talleres se mantuvo primero gracias a la influencia política de quienes los manejaban y después gracias al sindicalismo burocrático… Que la disciplina entre el personal y reos no se lograba mientras subsistiera el poderío de los intereses creados…"o de los intereses creados por el hombre terrenal en este lugar…" (GARCIA, 1979).

Gran parte de las prácticas que corrompen al régimen penitenciario, remiten a una racionalidad económica fundamental del alissez faire (dejar hacer), en la que la cotidianidad desplaza la participación de la autoridad que encarnan los responsables de las instituciones carcelarias, quienes en dado caso fungen como facilitadores de las dinámicas económicas y comerciales. 

Esta articulación relaja la disciplina propia del establecimiento penitenciario, pero sobre todo, lo corrompe en la medida que estructura relaciones de desigualdad propias de un sistema económico, polarizando los intereses y beneficios que desde el plano institucional de carácter jurídico, político y social, sustentan la existencia de las cárceles.

La autoridad, por las concesiones que hace a favor de cierto grupo de internos, pierde potestad para sujetar a los otros, su función pública se ve disminuida y se fortalecen los grupos con intereses particulares. 

Al respecto resulta importante Importa considerar que:

“aunque en esencia un gobierno de interno y uno de custodios, tienen los mismos orígenes y similares consecuencias, las manifestaciones de ambos pueden diferir sustancialmente. En el primer caso, el de los denominados autogobiernos, las estructuras suelen ser evidentes, dada la existencia de mesas, comités y otras agrupaciones de internos, en las que, incluso, hay un presidente y otros funcionarios auxiliares; en otras prisiones, el sistema de autogobierno está más diluido en la nominación de capataces y coordinadores por dormitorio o por sectores, en cuyo caso el visitador debe indagar la estructura jerárquica y la distribución de funciones. También se dan casos en los que las formas de autogobierno no son en absoluto evidentes; éstos suelen ser centros dominados por personas con amplia capacidad económica que definen las reglas de acuerdo con sus intereses y donde el control sobre los presos, que suele manifestarse en castigos muy severos, contrasta con el evidente desorden que priva en la cotidianidad de la institución. Son éstos los casos en los que se permite a los reclusos que sus familias habiten con ellos, comprar, incluso, terrenos dentro de la prisión para edificar sus barracas, comprar, vender y consumir drogas y alcohol de manera evidente, entre otras situaciones anómalas” (CNDH, 1997).

La presencia de la autoridad sólo se percibe de forma reactiva ante la condición específica de una situación de pérdida de orden y de estabilidad, en donde hace uso de la fuerza legítima que por extensión, ejerce como razón de Estado.

Conclusión

Es en el ámbito del sistema punitivo, que se está construyendo a partir de 2008, donde se puede resolver el tema y no abrir otra ruta al fracaso. Si en esta construcción prevalece la cultura de la legalidad y se privilegia a Personal profesional, técnico y de custodia calificado, especializado y justamente remunerado en lugar de los recomendados; si se construye una infraestructura física con las condiciones necesarias para albergar a hombres y mujeres sin hacinamiento, con dignidad y con respeto a sus derechos humanos; tendríamos entonces en México un sistema penitenciario sin esos problemas que lo han hecho fracasar en forma reiterada: Ese sistema se caracterizaría entonces por contar con un personal apto para la atención de la población reclusa; sin sobrepoblación, sin contaminación criminológica y en consecuencia, sin corrupción sistémica.

Esto desde luego considerando que las estructuras que se creen tanto en el Derecho Penal Sustantivo como en el Derecho Penal permee también la cultura de la legalidad en los términos expuestos.

BIBLIOGRAFIA

BRINGAS, Alejandro H. y QUIÑONES, Luis F. Roldan. Las Cárceles Mexicanas: Una Revisión de la Realidad Penitenciaria, Grijalbo, México, 1998.
CARRANZA, Elías. Sobrepoblación Penitenciaria en América Latina y el Caribe: Situación y Respuestas Posibles. In CARRANZA. Elías, Coord. Justicia Penal y Sobrepoblación Penitenciaria (Respuestas Posibles). ILANUD/Siglo Veintiuno, San José, Costa Rica, 2001.
GARCIA, Ramírez Sergio. El final de Lecumberri. Ed. Porrúa, México, 1979,
GONZALEZ Plascencia, Luis. Manual de Derechos Humanos del Interno en el Sistema Penitenciario Mexicano, Editado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 1995.
DEL OLMO, Rosa. 1998 El estado de las prisiones y los prisioneros en cuatro países de la Región Andina en WeissRobert & Nigel Sur (eds.)  La comparación de los sistemas penitenciarioshacia una ciencia penitenciaria e internacionales comparativas. Gordon & la Brecha Editores). Mathews, Robert (ed.), Amsterdam, 1998.
OJEDA, Velázquez Jorge. Derecho de ejecución de penas. Ed. Porrúa, México, 1985.
SOLIS Quiroga, Héctor. Sociología Criminal, 3ª, ed., Ed. Porrúa, México, 1985.
ZAMORA Grant, José.  Introducción al estudio de los Derecho Humanos. Universidad Autónoma de Tlaxcala-Grupo Editorial Gudiño Cisero, S.A. de C.V., México, 2007.

HEMEROGRAFIA

LA SUPERVISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA PRISIÓN: Guía y Documentos de Análisis. Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 1997.
ILANUD/RWI 2005-2008. Informe sobre los sistemas penitenciarios de los países de América Latina, en ocasión del “Seminario internacional de profundización y evaluación del programa sistemas penitenciarios y derechos fundamentales, realizado en San José de Costa Rica del 17 al 22 de noviembre de 2008.

 

1 Doctor en Ciencias de la Educación. Doctor en Derecho.  Miembro del Cuerpo Académico Consolidado. “Derecho, Justicia y Desarrollo Sustentable. Profesor-investigador  de la Unidad Académica de Derecho-Acapulco,  de la Universidad Autónoma de Guerrero.  E-mail: varmenta33@hotmail.com.

2 Doctor en de Desarrollo Regional. Miembro del Cuerpo Académico Consolidado. “Derecho, Justicia y Desarrollo Sustentable. Profesor-investigador titular de la Unidad Académica de Economía-Acapulco, de la Universidad Autónoma de Guerrero. E-mail: jesuscastillo09@hotmail.com.