Revista Digital de Tecnologías de la Información y Comunicación. Vol. 6, No. 2. Semestre julio-diciembre de 2010. ISSN: 1870-7505

 

RESPUESTAS A LA DESLEGITIMACION DEL SISTEMA PENAL

J. Nazarín Vargas Armenta *

 

RESUMEN

Los Centros de Readaptación Social son establecimientos en los que por problemas diversos los detenidos no se readaptan, entre ellos destacan,  la sobrepoblación que imposibilita la clasificación de los detenidos y provoca contaminación criminológica, la falta de personal profesional y técnico con perfiles favorables al tratamiento readaptativo y la corrupción que prevalece en todos los niveles del ámbito penitenciario.

Más que readaptación social lo que ocurre en los aun llamados CERESOS es una reproducción delincuencial, se ingresa delincuente y se sale más delincuente, por ello, estas instituciones son consideradas verdaderas “escuelas de la delincuencia”

En este contexto, el presente trabajo inicia con un análisis del sistema penal que sirve como marco de referencia de las diversas posturas teóricas que de manera crítica afirman la deslegitimación del  Sistema Punitivo y sugieren una respuesta al respecto, sustentado sus planteos, precisamente en el fracaso de la punición estatal que no ha logrado dar muestras exitosas de los propósitos que  con la prisión se pretenden: la Readaptación Social, categoría con la que se expresaba el fin de la pena, sustituida en la reforma penal constitucional de 2008 por la de Reinserción Social.

Las posturas que se analizan son el Neorrealismo de Izquierda que considera necesario implementar una política social ancha, si en realidad se pretende disminuir los índices delictivos; el Derecho Penal Mínimo que propone la reducción de los delitos, considerando para tal propósito su gravedad; finalmente, se aborda el Abolicionismo Penal, cuyo planteamiento principal ante el fracaso del Sistema Punitivo es precisamente abolir al derecho penal.

El trabajo concluye con una opinión personal respecto del tema que se trata.

Palabras clave:

Deslegitimación,  sistema penal,  abolicionismo, neorrealismo de izquierda, derecho penal mínimo.

ABSTRACT

Social Rehabilitation Centers are facilities where detainees for various problems notreadjust, including stress, overcrowding which precludes the classification of detainees and criminological causing pollution, lack of professional and technical staff profiles amenable to treatment retrofit and corruption prevails at all levels of the prison environment.

Rehabilitation rather than what happens in the even called CERESOS is a reproduction of crime, offenders will enter and exit more delinquent, therefore, these institutions are considered true "schools of crime"

In this context, this paper begins with an analysis of the de-legitimization of the criminal justice system that serves as a framework of various theoretical positions that critically affirm the legitimization of the punitive system and suggest an answer to this, based their grievances, precisely in the failure of state punishment has failed to demonstrate success of the purposes that the prison was intended: the Social rehabilitation category which expressed the purpose of punishment, penal reform replaced in 2008 by constitutional the Social Reintegration.

The positions are analyzed Neorealism Left considers necessary to implement abroad social policy, if it really aims to reduce crime rates, the Minimum Criminal Law that proposes to reduce crime, for the purpose considering its gravity, and finally addresses the Penal Abolitionism, whose main approach to the failure of the system must be abolished punitive criminal law.

The paper concludes with a personal opinion on the subject in question.

Keywords:

Legitimization, penal system, abolitionism, left neorealism, criminal law minimum.

Introducción

Con el presente trabajo se pretende presentar de manera concreta algunas posturas que han surgido en la doctrina como respuesta a la deslegitimación del sistema penal, respecto a las teorías que se han elaborado para justificar la existencia del derecho penal y la legitimación de la punición estatal, destacando entre ellas,  las Teorías absolutas cuyo planteamiento central es considerar que el fin de la pena es la pena misma, a la que conciben como un imperativo categórico de justicia, concluyendo que debe imponerse para que impere la justicia.

Otras, son las llamadas Teorías relativas o utilitarias de la pena a la que reconocen un fin independiente en ella, un propósito que sirve a su vez como su fundamento y su justificación.

Tales posicionamientos teóricos son cuestionables, la crítica al respecto en general sostiene que el sistema penal es ilegitimo, pues no logra los fines que con la pena se pretenden alcanzar.

En este contexto,  se hace un análisis del Neorrealismo de Izquierda que propone una política social ancha si se quiere realmente resolver los problemas de la delincuencia, esto es, buscar en los problemas sociales como la pobreza entre otros, las causas de la delincuencia y definir políticas públicas para su atención; se analiza también el Reduccionismo Penal o Derecho Penal Mínimo, que sugiere la supresión de aquellos delitos que por su gravedad representen una violencia menor a la que significa la prisión, pero por otra parte, extender y reforzar la protección penal a intereses colectivos como la salud, la seguridad en el trabajo, etc.; asimismo,  se revisan los diferentes planteamientos que hace el Abolicionismo Penal ante el fracaso del sistema punitivo, entre ellos su reemplazo.

Deslegitimación del sistema penal

La deslegitimación del Sistema Penal es una realidad actual que puede analizarse desde diferentes puntos de vista, ubicando la reflexión crítica en el ámbito carcelario o en la actuación pospenitenciaria de aquéllos, que han sido sometidos como consecuencia de una conducta delictiva,  a la pena de prisión.

Elías Newman en su obra Cárcel y Sumisión plantea que Ese tipo de normas son como los faros de un coche que ilumina la ruta pero no lo maneja” (Neuman, 1987). En “El Estado Penal y la Prisión-Muerte”, plantea que la prisión “sólo sirve como depósito y contención de seres humanos, y aquello que enseñan las leyes resulta excelente, pero sólo en papel” (Neuman, 2001).

Se puede afirmar que los fines fundamentales pretendidos  por el Sistema Punitivo  a través de la prisión como consecuencia jurídica del delito no se están logrando en ninguna medida.

“En la Jornada Criminológica-Penitenciaria “La Cárcel Hoy y Mañana en Chile, Colombia, España y Perú”, en San Sebastián, España, en marzo de 1998, Juan Andrés Sampedro Arrubla, en ponencia titulada “Apuntes sobre la Resocialización en el Sistema Penitenciario Colombiano”, amonestaba: “El sistema penitenciario produce vergüenza; en lugar de cárcel tenemos verdaderas cloacas, máquinas cínicas como hornos crematorios que mantienen cadáveres vivos sufrientes”(Neuman, 2001).
                                              
Entre los fines fundamentales destaca sin lugar a dudas la readaptación social de los detenidos condenados, a la que se aspira como resultado del tratamiento penitenciario en que se involucran durante el tiempo que dura la pena.

Al respecto de la reforma penal constitucional de 2008, considero que entre los motivos no declarados de la sustitución de la categoría de Readaptación Social por la de Reinserción Social y ubicando el análisis en el plano pospenitenciario fueron precisamente la definición de un concepto que permitiera concluir la critica reiterada de que la readaptación social de los detenidos no está ocurriendo.

“Invariablemente presente en el discurso oficial y los textos legales de un gran número de países (como su fin prioritario), la propuesta de readaptación –de que se sirven algunos con el único propósito de legitimar el sistema- choca con una realidad que la rechaza y “ha perdido toda credibilidad y todo valor en el campo criminológico” (Neuman, 2001).

En los centros penitenciarios mexicanos no solo ha fracasado el proceso readaptativo, en ellos existe una verdadera reproducción delincuencial derivada de la inminente contaminación criminológica, dadas las condiciones de vida moral y material en que se encuentran los detenidos.

La reinserción social sí es una realidad, ocurre al compurgarse la condena pero cabe aquí retomar la expresión generalizada de que se entra delincuente o inocente a la cárcel y se sale siendo más delincuente o delincuente en su caso. En este sentido hay reinserción social pero sin ninguna garantía de preservación por parte de los reinsertados del orden social.

Al respecto, el Mtro. Antonio Sánchez Galindo, en su obra “El Derecho a la Readaptación Social”: expresa que:

“todavía nuestras cárceles preventivas y nuestras penitenciarías – en toda la geografía del dolor de nuestro país – siguen siendo, en un porcentaje importante, jaulas, cuevas o atarjeas en donde, a pesar de nuestros adelantes teóricos, los humanos delincuentes se pudren en una situación quizá más impactante que aquella que sufrían durante la época precolombina” (Galindo, 1983).

Aunque debe reconocerse  el logro de otros fines como el de la retribución que es ineficaz socialmente o el de la ejemplaridad que debe producir la intimidación de una “cifra negra” de ciudadanos que se abstienen de cometer delitos por temor a la punición estatal. Éstos, no son suficientes para legitimar la violencia del Estado que el Derecho penal representa.

“Augusto Thompson se preguntaba si la prisión  punitiva puede devenir en reformadora. No, él mismo contestaba con énfasis, ante la existencia de una incompatibilidad entre las metas formales de punición, prevención y regeneración y las metas informales de seguridad y disciplina”(Thompson, 1976).

En este contexto, dados los resultados no exitosos de la punición estatal, el Derecho penal se ha convertido en el principal objeto de estudio de  la criminología crítica al que define “como un instrumento injusto, desigual, reproductor de las desigualdades, creador de más problemas respecto de los que resuelve, (Villavicencio,  2000)

“La criminología crítica se ha propuesto reducirlo o abolirlo. De allí han tomado el nombre las corrientes que a su interior hoy encontramos: el Reduccionismo y el Abolicionismo. A su vez, la reducción del derecho penal ha sido formulada de manera diferente y por tanto al respecto se han delineado dos corrientes: el Neorrealismo de Izquierda y el llamado Derecho Penal Mínimo”, (Martinez, 1990)

Neorrealismo de izquierda.

Los inicios de esta postura se asocian con la publicación en 1984 de la obra “What´s to be done about Laws an Order” (¿Qué hacer con la Ley y el Orden?), de los autores ingleses J. Lea y J. Young  El propósito de Lea y Young era enfrentar a la derecha inglesa, cuyos políticos planteaban como solución al problema del auge criminal en su país, más policías, más cárceles y más penas, (Bodero).

La denominación se adopta con el propósito de diferenciarla del idealismo que la criminología crítica formuló en la década de los ochenta y de la Política criminal de derecha.

Los Neorrrealistas, plantean que se debe volver al análisis y la investigación completa de las causas y circunstancias del delito, precisando que tal procedimiento permite además de identificar los modelos de injusticia estructural; entender al delito como su expresión.

Consideran que la pobreza extrema en que vive un amplio sector de la población en una sociedad capitalista  es una de las causas de la criminalidad y que junto a ésta, se encuentran otros factores como: el individualismo, la competitividad, la agresividad, la codicia de bienes materiales, las anomalías sexuales, el machismo, entre las más determinantes.

Insisten en que sólo una política social ancha definida desde el Gobierno no solo como una mera declaración de buena fe en el marco del discurso político, sino comprometida realmente con los que menos tienen en lo particular  sin descuido de los otros sectores de la población, se puede influir favorablemente en los índices delictivos, siempre que exista determinación y voluntad para atender el fenómeno delincuencial.

Para los neorrealistas ello será posible si el Poder público entiende que las inconformidades y la desatención a las necesidades de la población, sumada a la falta de solución política deriva en muchos casos en la comisión de delitos.

La propuesta neorrealista considera que si se atienden todos los aspectos de la delincuencia, privilegiando la reinserción social en el caso del delincuente  con búsquedas de alternativas en lugar de su marginación en la prisión; la atención a la víctima y a la reacción social, en el marco de una  estrategia realista. en la que se coloque al delito como el reflejo de los conflictos que surgen debido a la falta de solidaridad entre los miembros de las clases sociales, concediéndole mayor importancia a las condiciones de Justicia Social; entonces es posible la reducción del delito.

El Derecho penal mínimo.

El derecho penal mínimo propone restringir la calidad y cantidad de los tipos penales a lo estrictamente necesario para proteger los derechos y garantías del imputado, pero:

“extender y reforzar la protección penal a intereses colectivos como la salud, la seguridad en el trabajo, etc., invirtiendo así la actual jerarquía de bienes tutelados de manera que se permita identificar las necesidades de los trabajadores y de los sectores marginados” (Ferrajoli, 1986).

Rechaza a la resocialización del delincuente con la pena, considerando este proceso sólo como un mito y propone la definición del concepto de tratamiento como “servicio” bajo la consideración de que la detención debe transformarse en compensaciones de las carencias padecidas durante su vida en libertad.

El abolicionismo.

Es una corriente teórico-práctica que de manera radical critica al Sistema Judicial en su conjunto y plantea su reemplazo.

Plantean tanto la abolición del Derecho Penal al que consideran ilegitimo, como de las instituciones que le son inherentes, esto es, las estructuras que integran la procuración y administración de justicia y las cárceles.

“Los abolicionistas no admiten ninguno de los fines a él atribuibles, como suficientemente justificadores de los sufrimientos que ocasiona; o bien porque consideran más ventajosa su sustitución por medios o instrumentos de control informal” (Ferrajoli, 1997).

Para los abolicionistas el sistema penal ha sido concebido precisamente para hacer el mal, es una respuesta violenta y pública, que puede provocar más violencia; afirman que como institución crea y mantiene de manera falaz., la idea de que proveer protección y ayuda a las víctimas.

Se identifican dos modelos de pensamiento abolicionista, el denominado abolicionismo radical de Hulsman  y el abolicionismo institucional de Mathiesen.

El modelo  abolicionista  radical,  propone la eliminación misma del sistema penal, esto es, al Derecho penal tanto sustantivo, adjetivo y ejecutivo, como a la Criminología y a la Política Criminal.

Según Hulsman el sistema penal está concebido para hacer daño y corresponde denunciar a la organización investida del poder de producir ese mal fuera de todo acuerdo con las personas interesadas (Hulsman , 1984).

“Hulsman afirma que hay tres razones fundamentales que abogan por su abolición: causa sufrimientos innecesarios que se parten socialmente de modo injusto; no tiene efecto positivo sobre las personas involucradas en los conflictos; es sumamente difícil someterlo a control” (Zaffaroni, 1990).

Propone el reemplazo del sistema penal por instancias intermedias o individualizadas de solución de conflictos, en las que se consideren la atención de las necesidades reales de las personas involucradas y no a una política macro del poder público.

Sugiere la supresión de las categorías de “crimen” y “criminalidad” y la creación de otras, que redefinidas en forma de “situaciones problemáticas”  permitan la búsqueda de soluciones de manera directa entre las partes involucradas conforme a modelos de solución de conflictos diferentes del punitivo como lo son entre otros; el compensatorio, el terapéutico, el  educativo o el asistencial.

El abolicionismo institucional solo pretende la  supresión de las cárceles y de los demás centros segregatorios.

Para Mathiensen la cárcel es un instrumento de acción política contra las clases sociales más pobres; que no resuelve sino que crea dificultades tanto para la sociedad como para la propia efectividad del sistema penal.

El pensamiento y política de Mathiensen puede sintetizarse en la siguiente frase:

“En nuestro tiempo político, con tendencias derechistas y con la rápida extensión de los distintos sistemas carcelarios en todo el mundo, la tarea debe formularse en términos más modestos, pero siempre en la misma dirección y sobre la base de una misma filosofía: un claro no al sistema carcelario. A la luz de la presente expansión, ponerle freno y si fuera posible detenerla definitivamente, debe ser un objetivo de singular importancia. Se debe poner una moratoria a la construcción de cárceles y reducir el número de detenidos para que ésta sea posible” (Mathiensen, 1989).

Zafaronni agrega a las variables del abolicionismo la postura fenomenológico-historicista de Nils Christie quien formula su teoría abolicionista partiendo de tres constataciones básicas:

“la pena es un mal con intención de ser eso; las teorías penales modernas son el reflejo de los intereses del Estado y de la visión del mismo, y poseen una imagen del hombre adecuada al sistema que lo castiga; las estructuras dominantes tienen subcorrientes alternativas que pueden representar bien remanentes históricos, bien potencialidades de cambio” (Christie, 1989).

Se considera también como una postura radical pues el planteo de Nils es la extinción de toda y cualquier sanción penal, para de esa manera evitar el sufrimiento personal que implica la pena de prisión a la que no considera  sólo como la privación de la libertad, pues implica otras afectaciones, como la separación de su hogar, su trabajo, su familia, sus amigos. Para Christie, el sistema penal crea criminales, es una máquina que produce dolor inútilmente y provoca daños irreparables.

Para concluir preciso desde mi personal punto de vista, que es necesaria la persistencia del sistema punitivo. Sin embargo, la intervención del Estado debe disminuir considerablemente, a efecto de que se garanticen los derechos humanos de los gobernados. Me refiero, sin lugar a dudas, al "Derecho Penal Mínimo".

Si bien el Derecho Penal surge con el propósito de evitar la venganza privada, éste sólo puede justificarse si las violencias que con él pueden prevenirse son mayores a la violencia que el propio ordenamiento jurídico representa.

BIBLIOGRAFIA

NILS Christie. (1989). “Las imágenes del hombre en el Derecho Penal moderno”, en AA.VV, Abolicionismo Penal, Ed. Ediar, Buenos Aires.

FERRAJOLI, Luigi. (1986). Derecho Penal Mínimo. EnRevista Poder y Control, Nº 0, BarcelonaPPU.

_________________. (1997). Derecho y razón. (Teoria del garantismo penal), Trota. Madrid.

GALINDO, Antonio Sánchez. (1983). El Derecho a la Readaptación Social. Buenos Aires: Desalma.

HULSMAN, Louk y BERNART de Celis, J. (1984). Sistema penal y seguridad ciudadanas: hacia una alternativa. Ed. Ariel. Barcelona.

MARTINNEZ Sánchez, Mauricio. (1990). ¿Qué pasa con la Criminología Moderna?. Temis. Bogotá.

MATHIENSEN, Tomás. (1989). en AA.VV, Abolicionismo Penal, Ed. Ediar, Buenos Aires.

NEUMAN, Elías. (1987). Cárcel y Sumisión. In Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça. V. 1, n. 10, jul./dic.

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THOMPSON, Augusto. (1976). A Questão Penitenciária. Petrópolis: Vozes.

VILLAVICENCIO Terreros, Felipe. (2000). Introducción a la Criminología. Grigley. Lima.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. (1990). En busca de las penas perdidas. Deslegitimación y Dogmática juridico-penal”, “2ª. ed. Editorial Temis, Bogotá, Colombia.

PAGINAS WEB

BODERO Edmundo René., La crisis de la criminología en: www.alfonsozambrano.com/doctrina.../crisis criminología.

 

 

*J. Nazarin Vargas Armenta. Doctor en Ciencias de la Educación. Candidato a Doctor en Derecho.  Coordinador del Cuerpo Académico “Derecho, Justicia y Desarrollo Sustentable. Profesor-investigador  de la Unidad Académica de Ciencias Sociales- Derecho,  de la Universidad Autónoma de Guerrero.  Mail: varmenta33@hotmail.com.