Revista Digital de Tecnologías de la Información y Comunicación. Vol. 10, No. 2. Semestre julio-diciembre de 2014. ISSN: 1870-7505 N: 1870-7505

 

PC-CRAC, MÁS ALLÁ DE LOS PARADIGMAS NORMATIVOS E INSTITUCIONALES EN GUERRERO

Uriel Leal Ramírez 1
J. Nazarin Vargas Armenta 2

 

“Cuando un pueblo ha perdido la vigencia de su derecho tra­dicional, ha perdido también una parte esencial de su identi­dad étnica, de su identidad como pueblo, aun cuando conserve otras características no menos importantes para su identidad”[…], (Rodolfo Stavenhagen: 1999:28).

Resumen: El presente análisis parte de la identificación de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero, procediendo enseguida a presentar una breve referencia histórica que comprende la gestación, desarrollo y consolidación de la Policía Comunitaria- Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (PC-CRAC) como consecuencia de la desatención a este sector de la sociedad guerrerense por parte de los órganos de procuración y administración de justicia. Se hace una explicación del Sistema de Justicia Comunitaria y de los mecanismos alternativos para la resolución de sus controversias como sistemas normativos internos cuyo propósito es, lograr la reeducación de aquellos, hombres y mujeres que se colocan en el supuesto de transgresores de la ley.

Summary: This analysis is based on the identification of indigenous peoples and communities in the state of Guerrero, quickly proceeded to give a brief historical reference that includes the creation, development and consolidation of Comunitaria- Police Regional Coordinator of Community Authorities ( CRAC - PC ) resulting from failure to follow this sector of society by Guerrero enforcement bodies and justice. An explanation of the system of community justice and alternative mechanisms for resolving disputes and internal regulatory systems whose purpose is to achieve the rehabilitation of those men and women standing in the course of lawbreakers is.

Palabras clave: Policía Comunitaria-Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, autodefensa, pueblos y comunidades indígenas, cosmovisión, Justicia comunitaria, reeducación, violencia, pobreza.

Keywords: Community - Regional Coordinator of Community Authorities, self-defense, indigenous peoples and communities, worldview, Community Justice, reeducation, violence, poverty Police.

El contexto

Los pueblos y comunidades indígenas han sido por tradición los grupos sociales históricamente menos favorecidos en el desarrollo de nuestra entidad. De una población de 3 millones 388 mil 768 habitantes en Guerrero, 475 mil 099 habitantes son indígenas o sea el 15.1%, la entidad ocupa el quinto lugar a nivel nacional.

Los grupos étnicos más numerosos son los nahuatls (nauas),  con una población de 170 mil 622, habitan principalmente en la región de la montaña: Tlapa y Chilapa; los mixtecos (na savi) constituyen el segundo grupo étnico más importante  139 mil 387, concentrados en forma más numerosa en los municipios de Alcozauca, Metlatonoc y Copanatoyac; los tlapanecos (me´phaa) y amuzgos (suljaa´),  originarios de la entidad ocupan el tercero y cuarto lugar respectivamente, los primeros  los encontramos en los municipios de Atlixtac, Malinaltepec y Zapotitlan, integran una población de alrededor de 119, mil 291 los segundos habitan en los municipios de Xochistlahuaca, Ometepec y Tlacoachistlahuaca constituyen una población de cerca de 45 mil 799 (INEGI 2010).

De las entidades que tienen mayor proporción de población hablante de lengua indígena debe destacarse que presentan, en lo general, altos índices de pobreza extrema y marginación: Oaxaca el 26.6% de sus habitantes viven en pobreza extrema y el 16.6% de su población mayor de 15 años son analfabetas; en Chiapas, el porcentaje de personas en pobreza extrema es de 32.8% y presenta el 16.8% de analfabetismo y en Guerrero el 28.8% de sus habitantes son pobres extremos, y el analfabetismo se sitúa en un 16.3% (INEGI y CONAPO, 2010).  

I.- Tipos de violencia

El sociólogo noruego Johan Galtung (2003) diseñó el triángulo de la violencia para sintetizar, analizar y relacionar las violencias en tres grandes tipos: a) violencia directa; b) violencia estructural y c) violencia cultural.

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Fuente: Tomado de Johan Galtung

Como se observa en el cuadro, la violencia cultural como la violencia estructural están en el plano de lo "invisible", mientras que la violencia directa, resultado y el mecanismo de la reproducción y afianzamiento de las dos primeras se coloca en el plano de lo visible. Con este aporte teórico-metodológico, Galtung trata de demostrar la falsedad de quienes sostienen como hipótesis, que "la violencia es propia a la naturaleza humana", sus planteamientos teóricos-empíricos por el contrario sostienen que son los factores sociales, políticos, económicos y culturales, principales causas de la violencia "visible".

Empero, tanto la violencia cultural como la estructural requieren de mediaciones institucionales. Algunas concreciones de esta mediación son la pobreza y la marginación. Estas formas de violencia coexisten desde hace mucho tiempo en el estado de Guerrero. Algunos ejemplos.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social informó en 2012 que México cuenta con más de 64.8 millones de personas pobres y en extrema pobreza, y que los tres estados con mayor población en estas condiciones son Chiapas, Guerrero y Puebla, pobreza extrema que se acentúa más en zonas habitadas por los pueblos originarios (CONEVAL, 2013).

En Guerrero, los pueblos originarios, al igual que muchos otros que existen en el país, han sido también víctimas del racismo y la discriminación, formas concretas de la violencia cultural. Por otro lado, la explotación y la opresión, principales características de la violencia estructural y la violencia cultural, respectivamente, han generado como respuesta, la organización de muchas comunidades étnicas.1

II.- Observando la aplicación de la justicia por usos y costumbres

Invitados por el ciudadano Pablo Guzmán, fundador del proyecto de la Policía Comunitaria (PC) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el día 5 de noviembre de 2011, en compañía de dos estudiantes  de la licenciatura en Derecho, estuvimos presentes en calidad de observadores, en el pueblo de Santa Cruz El Rincón, municipio de Malinaltepec, el mismo lugar que en abril de 2006 recibiera al subcomandante Marcos del EZLN y a La Otra Campaña.2

En un hecho sin precedentes, cinco presuntos narcotraficantes fueron juzgados en asamblea en la que participaron más de 50 comisarios, 49 consejeros, 22 comisarios de bienes comunales, 56 comandantes, y cerca de 200 policías comunitarios, quienes acordaron no entregar los reos al gobierno estatal, ni a la Procuraduría General de la Republica (PGR). Aun cuando hubo varias peticiones de las autoridades federales y estatales para que entregaran a los detenidos a la PGR por ser delito del orden federal.3 La CRAC, órgano encargado juzgar, determinó reeducar, mediante trabajo comunitario, a los detenidos el 13 de octubre en posesión de 700 kilos de mariguana, por elementos de la PC en el municipio de Atlamajalcingo del Monte.

Es importante incorporar en el presente análisis, algunos referentes históricos. En  octubre de 1995 como respuesta a los altos índices de violencia y criminalidad en la región (violación, homicidio, asaltos y abigeato), nació uno de los proyectos comunitarios más emblemáticos y singulares de la región, la procuración y administración de la justicia por usos y costumbres, los ciudadanos decidieron organizarse y crear, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, un sistema autónomo de vigilancia e impartición de justicia. Las causas principales del nacimiento del proyecto, fueron sin duda, los múltiples casos de impunidad, abuso de autoridad,  la violación de sus derechos humanos y el largo y sinuoso camino para realizar trámites legales por falta de dinero para tener acceso a la impartición de justicia, situación agravada por la cuestionada actuación de los órganos responsables de la procuración y administración de justicia en la entidad.
 
Este sistema parte de una tesis distinta a la del derecho estatal para la solución de controversias, la CRAC no ejerce un castigo, se privilegia la conciliación entre las partes, en caso contrario se determina la sanción, que es moral en la mayoría de los casos: la reeducación, el trabajo comunitario y en su momento la reintegración de los detenidos a la comunidad.

Los prisioneros son juzgados por las autoridades de acuerdo a su delito, si este es considerado de menor gravedad, o bien ante la Asamblea Regional de la CRAC si el delito es más grave. En estos últimos casos son trasladados y rotados cada quince días en las comunidades para realizar trabajos comunitarios y recibir consejos de personas mayores o principales. La parte central del proyecto es la reeducación con el fin de darle una oportunidad al infractor de integrarse de nuevo a la comunidad después de realizar trabajo y reflexionar sobre sus actos. Instituciones tradicionales son recuperadas como el consejo de ancianos, que ejercen la función de consejeros de los detenidos.

Entre la sanción moral, el trabajo comunitario y la participación comunitaria, es cómo se gestiona la justicia. Bajo los principios de investigar, conciliar, reeducar y la no discriminación se construye una justicia eficiente y acorde a la necesidad de los pueblos. Este modelo alternativo de seguridad y justicia permite que las comunidades sean sujetos protagónicos. Esta concepción en materia de seguridad e impartición de justicia por usos y costumbres, sin duda alguna ha generado controversias entre los grupos étnicos y el Estado.

Pablo Guzmán, ex coordinador de la CRAC, señala que “La filosofía del proceso de reeducación en el sistema comunitario, no es el castigo o la tortura lo que puede provocar una transformación en el individuo que quebranta la ley, sino la reeducación, como un proceso integral que lleve al renacimiento de los infractores y su reintegración en la comunidad que habitan”.

III.- Reconocimiento del Estado

Actualmente y después de 16 años de lucha contra el crimen y la inseguridad y contra el Estado mismo, el modelo de justicia por sus resultados eficientes ha sido reconocido en diversos ordenamientos jurídicos locales como la Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, aprobada el 15 de octubre de 2011, misma que en el artículo 37 señala: El Estado de Guerrero reconoce la existencia del sistema de justicia indígena de la Costa – Montaña y al Consejo Regional de Autoridades Comunitarias para todos los efectos legales a que haya lugar […]; la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero esta Ley confirma el reconocimiento de la Policía Comunitaria, respetando su carácter de cuerpo de seguridad pública auxiliar del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias y la Constitución Política local, artículo 11 párrafo 2 reformado el 29 de abril de 2014 misma que reconoce como derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos.

IV.- Grupos de autodefensas

La experiencia de la PC-CRAC aunada a la violencia e inseguridad pública que vive Guerrero, ha generado una respuesta ciudadana legítima de los pueblos campesinos, mestizos e indígenas. El antecedente inmediato lo constituyó la explosión de ira popular surgida en junio de 2012 en Huamuxtitlán, en la Montaña Alta, debido a la colusión de intereses entre policías municipales y ministeriales con grupos de la delincuencia que mantenían a varias personas secuestradas.

Siguieron  el ejemplo, comunidades de otros municipios de la misma región, como Olinalá y Cualác, donde surgieron las primeras expresiones de autodefensas armadas para proteger a sus habitantes de los grupos delincuenciales que los amenazaban. Actualmente la presencia de grupos de autodefensa se extiende a 46 de los 81 municipios del estado (CNDH). 4

Las autodefensas al igual que la PC-CRAC constituyen una de las expresiones populares surgidas en Guerrero como respuesta a la violencia e inseguridad que trastocó la tranquilidad y la vida cotidiana de miles de habitantes. Construyó en corto tiempo un poder ciudadano cuestionando profundamente la ineficacia e ineficiencia de las instituciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno. Hoy son un espacio de encuentro y construcción de fortaleza de los pueblos negros, indios y mestizos.

A manera de conclusión, resulta importante considerar modelos diferenciados de justicia que finalmente cumplan con uno de sus principales objetivos desde una visión filosófica del derecho: la búsqueda del bien común y la paz social. Si este es el fin de la justicia y si los modelos que el estado ha impuesto han mostrado su incapacidad y su fracaso para atender las necesidades de los ciudadanos resulta fundamental que reconozca otros modelos de justicia que pueden contribuir de manera más adecuada a esa finalidad.

Cada grupo social tiene su propia cosmovisión del mundo, sus for­mas de vida, valores e instituciones, las cuales se expresan en sus normas y se consolidan en sus costumbres. El discurso liberal tradicional sobre el estado de derecho, la democracia y la justicia sustentada en la igualdad ciudadana ante la ley y el individuo como sujeto de derecho, resulta un paradigma obsoleto para comprender el sentido que los pueblos originarios y mestizos  de las comunidades rurales están dando a sus demandas de derecho y justicia.

En este mismo sentido resulta pertinente, retomar las palabras de De La Torre Rangel, al analizar el proyecto de la justicia comunitaria de Guerrero:

“[…] las experiencias de justicia comunitaria, de cara a la globalización hegemónica de mercado total, constituyen una resistencia en la que pueblos y comunidades defienden su vida, los elementos materiales que la hacen posible y su propia identidad; y contribuyen con el rescate de lo sapiencial del Derecho, con un aporte a un mundo más justo, oponiendo la utopía del servicio al otro a la prepotencia del lucro y el poder” (De la Torre: 2005: 291).
 

Bibliografía

  1. De la Torre Rangel, Jesús. “Justicia comunitaria: resistencia y contribución. Una contribución desde el sistema comunitario de la Montaña y Costa Chica de Guerrero” en Ardila, Edgar (coord.) Otra justicia es posible. La justicia comunitaria como ruta para la democracia, 2005. Memorias de la II Conferencia Internacional de Justicia Comunitaria. Bogotá: RJCTC.
  2. Galtung, Johan, Paz por medios pacíficos: paz y conflicto, desarrollo y civilización. Bilbao: Bakeaz 2003.
  3. _______________, Violencia cultural. Gernika-Lumo: Gernika Gogoratuz, 2003
  4. Stavenhagen, Rodolfo. Entre la ley y la costumbre, 1990, México, Instituto Indigenista Interamericano/Instituto Interamericano de Derechos Humanos
  5. Tarrow, Sidney. El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y política, 2004. Madrid: Alianza Editorial.

Legislación:

  1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
  2. Convenio 169 de la OIT.
  1. Constitución Política del Estado de Guerrero
  2. Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero
  3. Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero

Notas:

La experiencia de la PC y de la CRAC no se entiende fuera del contexto del estado de Guerrero donde ha prevalecido una violencia estructural y marginación. También es zona de guerrilla y narcotráfico lo que la hace ser una región particularmente difícil en un estado caracterizado por fuertes contrastes económicos y sociales.
2 Es en la Asamblea Comunitaria donde se nombran a los policías comunitarios y al comisario municipal. En casos de delitos menores, esta instancia dicta la sanción (casi siempre sentencia trabajo comunitario) a quien infringió las normas. Por su parte, la Asamblea Regional es la máxima instancia de toma de decisiones. Ahí también se nombra a los coordinadores y se decide la sanción a quienes cometieron delitos mayores. Otras instancias como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria y los Consejeros están sometidas a la Asamblea Regional.
3 La PC-CRAC tiene presencia en 70 comunidades de 12 municipios de La Montaña y Costa Chica, regiones en las que se mantiene también una permanente defensa de su territorio contra la explotación minera, representadas por las empresas Hochschild y Camsim.
4 Como una medida legal para controlarlos, con 27 votos a favor, 8 en contra y dos abstenciones, el 28 de noviembre de 2013, el Congreso local aprobó reformas y adiciones a la Ley 281 de seguridad pública del Estado de Guerrero, por lo que se crea la Policía Rural, iniciativa, enviada por el gobernador Ángel Aguirre Rivero. De ese modo, se crea el Cuerpo de Policía Rural del Estado de Guerrero, como órgano operativo de la seguridad pública estatal, el cual tendrá por objeto mantener la seguridad, tranquilidad y el orden público de los habitantes de las comunidades de los municipios en que funcione y opere de manera subordinada a las autoridades y las instituciones de la materia, en el ámbito de su competencia.

Autores:

1.Maestro en Derecho Constitucional y Administrativo UNAM y Doctor en Investigación en Ciencia Política IIEPA-IMA-UAGro. Profesor-Investigador de tiempo completo del programa educativo de Derecho de la Unidad Académica de Ciencias Sociales- Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero. Miembro del Padrón Estatal de Investigadores del Estado de Guerrero (CCTIEG). Perfil PRODEP. Integrante del Cuerpo Académico "Derecho Justicia y Desarrollo Sustentable", Clave PROMEP: UAGRO-CA-160. Correo electrónico: uriellr1@hotmail.com

2.  Doctor en Ciencias de la Educación y Doctor en derecho. Profesor-Investigador de tiempo completo del programa educativo de Derecho de la Unidad Académica de Ciencias Sociales- Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero. Perfil PROMEP. Integrante del Cuerpo Académico "Derecho Justicia y Desarrollo Sustentable", Clave PROMEP: UAGRO-CA-160. Correo electrónico: varmenta33@hotmail.com