Revista Digital de Tecnologías de la Información y Comunicación. Vol. 6, No. 2. Semestre julio-diciembre de 2010. ISSN: 1870-7505

 

LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CAUSAS Y EFECTOS

María del Rocío García Sánchez*
José Sales Nava*
Bulfrano Pineda Avonza*

 

RESUMEN
          La ley de extinción de dominio es una acción de naturaleza civil jurisdiccional de carácter real y de contenido patrimonial. La acción de dominio se propone que sea autónoma distinta e independiente de cualquier otra naturaleza penal,   que  llena un vacío en la ley y coadyuva a la cooperación internacional, al combate de la delincuencia organizada. Además es un instrumento del Estado como parte de una política criminal  para atacar la parte económica de la delincuencia organizada, en el combate  internacional contra el crimen organizado,  atreves de tratados y convenciones  internacionales en esta materia.
                                              
ABSTRACT
The law of forfeiture is a civil court action nature of real character and financial content. Domain action is proposed that different autonomous and independent of any other criminal in nature. Has repercussions on which fills a gap in the law and to international cooperation contributes, to combat organized crime. Is an instrument of state policy as part of a criminal to attack the economics of organized delinquency and crime organized in their fight against organized crime, meaning through Conventions and treaties.

PALABRAS CLAVES: Estado, extinción de dominio, bienes, confiscación, expropiación, delincuencia organizada.

1. Introducción:

La reforma constitucional recientemente aprobada, el 18 junio 2008,  introduce cambios importantes en lo que se refiere al sistema de seguridad pública y justicia. 10 artículos constitucionales fueron reformados (artículos 16, 17, 18, 19.20, 21.22, 73.115, y 123. Y con ello se suscitan diversos cambios en distintas áreas o sistemas. “Dentro de los grandes cambios está la implementación del sistema procesal penal (juicios orales, sistema acusatorio, y las medidas alternativas para la resolución de conflictos entre otros)” (Góngora, 2009: 108)

“En cuanto a la función del ministerio público, se le otorgan atribuciones y competencias de investigación de los delitos, así como su ejercicio de acción penal ante los tribunales federales,  establecer los criterios para el ejercicio de la acción penal en su caso de procedencia o no. La coordinación del ministerio público para establecer el sistema de seguridad pública conjuntamente con las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno y conformar el sistema de seguridad pública nacional. Se realizan cambios sustanciales en el sistema penitenciario y en la ejecución de las penas” (Constitución Política, 2010: art. 21).

Tiene relevancia el artículo 22 constitucional, que sirve de fundamento a la ley reglamentaria  denominada ley de extinción de dominio, esta ley es de orden público y de interés social y tienen por objeto regular la extinción del dominio a favor del estado, así como el procedimiento, de las autoridades competentes, los efectos de la resolución que emite y los medios para la intervención de terceros que se consideren afectados por la ley en mención.

2. Antecedentes de esta figura.  

En marzo del 2007 el gobierno del Distrito Federal expropia una serie de predios en los que según la investigación arrojaba que estos servían para realizar diversas actividades de carácter ilícito, y se expropian para que tengan un interés social y para obras de servicio social y comunitario, esto trajo como consecuencia una serie de críticas políticas y jurídicas que pusieron en entredicho la figura de la expropiación, de ahí la necesidad de buscar y replantear una figura que estuviera acorde a aplicar para estos casos, es así como surge la figura colombiana de extinción de dominio, y se incorporó esta al ordenamiento mexicano.

Esta figura se encuentra en países como Italia, Reino Unido, Australia, Estados Unidos y Perú, con distintas significaciones, como el decomiso sobre los bienes, pero no por motivos penales sino reales.

El 18 junio del 2008, se reforma el artículo 22 constitucional, y el 8 diciembre 2008 se publica en la gaceta del Distrito Federal la ley de extinción de dominio y recientemente en el estado de Nuevo León el 25 de septiembre del 2009.

3. ¿Cuáles son los objetivos de la ley de extinción de dominio?

Dentro de los objetivos fundamentales es el combatir al crimen organizado en su aspecto esencialmente económico y no se financie y reproduzca este, y elaborar instrumentos jurídicos que conduzcan a prevenir el delito. Como parte de una política criminal por el estado.

4. ¿Qué debe de entenderse por delincuencia organizada?

Según el artículo dos de la Ley Contra de la Delincuencia Organizada, “cometen esta cuando tres o más personas se organizan de manera permanente o reiterada por sí o unidas a otras y tienen como fin cometer algunos delitos”, como son:

Delitos contra la salud en sus diversas modalidades, falsificación de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos; corrupción de menores, pornografía infantil, lenocinio, trata de personas,  tráfico de menores, todas estas que no tienen capacidad para comprender el hecho o para resistirlos; secuestro y terrorismo.

5. ¿Qué debe de entenderse por extinción de dominio?

“Debe de entenderse como la pérdida de los derechos reales principales y accesorios de los bienes que son instrumento, objeto o producto de actividades de delincuencia organizada, en el ámbito federal o local sin contraprestación ni compensación alguna para el afectado o quién se ostente o comporte con ese carácter, y cuando no logre probar la procedencia ilícita de los bienes, su actuación de buena fe, y no logre conocer que estaba impedido, sobre  la utilización ilícita. Este juicio se seguirá mediante un procedimiento de carácter jurisdiccional a autónomo e independiente de cualquier otro de naturaleza penal, en donde se contarán con jueces especializados en extinción de dominio”. (Quintero, 2009:149)

6. De acuerdo al artículo 2 de la ley citada son bienes:

“todas las cosas materiales que no estén excluidas del comercio, ya sean muebles o inmuebles, y todo aquel derecho real o personal, sus objetos, frutos y productos, susceptibles de apropiación, que se encuentren en los supuestos señalados en el artículo 8  de la ley de extinción de dominio.
 I.- aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito;
 II.- aquellos que ya han sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes productos del delito;
 III.- aquellos que estén siendo utilizados para la Comisión de delitos, por un tercero;
 IV.- aquellos que estén a nombre de terceros y se acredite que los bienes son producto de la Comisión de delitos, y el acusado por estos delitos se ostente o comporte como dueño”. (DOF: 18 de junio 2008)

7. El procedimiento  que se sigue:

La demanda es formulada por el ministerio público Federal con el acuerdo del procurador general de justicia y deberá contener lo siguiente:

Juzgado competente especializado en la materia.

  • Descripción de los bienes respecto cuales se solicita la extinción señalando ubicación exacta domicilio correspondiente
  • Copia certificada de la averiguación previa en donde fueron investigados los bienes.
  • El acuerdo de aseguramiento de los bienes ordenado, el importe, la valuación, la inscripción en el registro público de la propiedad y la notificación correspondiente a quien se ostente como propietario de dicho bien.
  • Las actuaciones conducentes derivadas de otras averiguaciones previas de procesos penales en curso o de procesos concluidos.
  • La solicitud de medidas cautelares para la conservación de los bienes.
  • La petición de extinción de dominio sobre los bienes y demás pretensiones.

Las pruebas que se ofrecen debiendo en ese momento exhibir las documentales o señalar el archivo donde se encuentran, precisando los elementos para la substanciación y desahogo de otros medios de prueba. 

De acuerdo al artículo 21, presentada la demanda con sus respectivos documentos que acrediten la procedencia  y las demás pruebas que ofrezca el ministerio público, el juez en el plazo de 72 horas resolverá sobre el acto de admisión de la demanda y de las pruebas ofrecidas, en donde se proveerá para la preparación y desahogo de las mismas y se hará la notificación al demandado o a su representante legal de acuerdo al artículo 22 fracción II, y las notificaciones serán personalmente en el domicilio del demandado con los documentos que constituyen la base de la acción.

Toda persona que se considere afectada y que tenga interés jurídico sobre los bienes materia de la acción de extinción de dominio deberá de comparecer dentro de los 10 días hábiles siguientes, a partir de que haya tenido conocimiento de la acción a fin de acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su derecho convenga. En el escrito de contestación de la demanda se deberá de señalar desde el primer acto a juicio de los que se apersonen, señalar domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos en el lugar de residencia del juez que conozca la acción de extinción de dominio.

“En el proceso de extinción de dominio no procede ningún incidente, salvo el incidente de buena fe, cuando se acredite que los bienes de extinción de dominio tienen legítima procedencia, y que el titular no conocía los hechos ilícitos que dieron origen al juicio. En caso contrario cuando el titular tenga conocimiento de los hechos ilícitos y no los denunció a la autoridad o no hizo algo para impedirlo no hay procedencia de este incidente”. (Marroquín,  2010: 207).

El juez a solicitud del ministerio público Federal, podrá imponer las medidas cautelares necesarias para garantizar la conservación de los bienes materia de la acción de extinción de dominio, medidas cautelares:

  • El aseguramiento de bienes;
  • el embargo precautorio,
  • El juez ordenará el aseguramiento de los bienes materia de acción de dominio que estén identificados por ratificar a lo realizado por el ministerio público.
  • Contra las medidas cautelares el demandado o el afectado no podrán ofrecer garantía para obtener el levantamiento o liberación de los bienes.

7.1.  ¿Qué sucede cuando no se acredita la comisión del delito?

El juez de extinción de dominio deberá ordenar la devolución de los bienes materia de la controversia, y fuera posible, o su valor, a su legítimo propietario o poseedor junto con los intereses, rendimientos y accesorios. Siempre    que legitime los bienes de los que son titulares y son legítimos y lícitos.

¿Cuando no se acredita la comisión del delito? En los casos de que existiere sentencia en el procedimiento penal en la que se determinara la falta de elementos para comprobar la existencia del cuerpo del delito, los afectados por un proceso de extinción de dominio, tendrán derecho a reclamar la reparación con cargo al estado.

7.2. ¿Qué sucede cuando no se acredita la responsabilidad penal?

La acción de extinción de dominio, procederá aún cuando no se haya dictado sentencia que determine la responsabilidad penal pero delincuencia organizada. E incluso se establece que la muerte del o los probables responsables no cancela la acción de extinción de dominio. Asimismo la absolución del afectado en el proceso penal por no haberse acreditado su responsabilidad, no prejuzga respecto de la legitimidad de ningún bien.

8. Medios de impugnación:

  • El recurso de revocación, procede contra a autos dictados por el juez en el procedimiento, o cuando se desechen medios de prueba en tiempo y forma.
  • El recurso de apelación procede contra sentencias  definitivas que pongan fin al juicio.

“Acerca de la sentencia está deberá fundarse en los principios generales de derecho, deberá de contener el lugar del juzgado que la dicte, un extracto claro de las cuestiones planteadas, la fundamentación y motivación, resolviendo los puntos de la controversia”. (Marroquín, ob. cit. 265).

Además deberá de declarar la extinción o la improcedencia de la extinción. En el caso de que se declare la extinción, el juez  podrá declarar la extinción de otros derechos reales o personales en este caso puede ampliar los bienes que son objetos de esta acción. En el caso de que el juez declare improcedente la acción ordenará la devolución de los bienes no extintos a su poseedor o propietario con todos los intereses creados. Con el valor de los bienes extintos se destinarán para:

A) reparación del daño causado a las víctimas u ofendido, mediante una indemnización.
 B) se creará un fideicomiso en la cual todos los bienes extintos pasarán a favor del estado, cuya operación será coordinada por la Procuraduría General de la República con el objeto de que sean administrados hasta que se destinen para el apoyo o asistencia a las víctimas u ofendidos de los delitos y posteriormente las reclamaciones para créditos garantizados. 

FUENTES DE CONSULTA 

Marroquín Zavaleta, Jaime. (2010). Extinción de Dominio. México: Editorial Porrúa e Instituto de la Judicatura Federal. 
Góngora Rodríguez, Rosendo. (2009). Medios Alternos de Resolución de Conflictos con Énfasis en Mediación. México: Editorial Facultad de Derecho de San Luis Potosí. 
Quintero, María Eloísa. (2009). La Extinción de Dominio y su análisis jurídico. Revista Intercriminis, Numero 6 Cuarta Época, Noviembre – Diciembre, 2008.Instituto Nacional de Ciencias Penales.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (2010). México  Editorial Oxford.
Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008.
Ley Federal Contra la delincuencia Organizada. (2009) Código Penal Federal. México. Editorial Códigos y Leyes.

 

* María del Rocío García Sánchez. Doctora en Derecho, Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la Unidad Académica de Derecho (Acapulco) de la Universidad Autónoma de Guerrero; Integrante del Cuerpo Académico “Educar para la Sustentabilidad”; Perfil PROMEP 2010-2013, correo electrónico: mrociogsz@yahoo.com.mx
* Docente Investigador de la Licenciatura en Sociología de la Comunicación y Educación de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero, México.

* Profesor de tiempo completo en la Unidad Académica de Ciencias Sociales Facultad de Derecho, de la Universidad Autónoma de Guerrero. Email: bulfranopineda@hotmail.com Acapulco, Guerrero. México.