Revista Digital de Tecnologías de la Información y Comunicación. Vol. 5, No. 2. Trimestre abril-junio de 2009. ISSN: 1870-7505

 

LA EVOLUCIÓN Y VIGENCIA DEL DELITO POLITICO

Bulfrano Pineda Avonza *

 

1.-INTRODUCCION

La violencia en la historia ha sido una constante desde el momento en que el ser humano hizo su aparición en el mundo. Se enfrentó con la naturaleza en forma violenta para poder subsistir, para trabajar como parte de su esencia humana para la producción de bienes materiales, y hacerlo en colectividad para reproducir la vida, la familia y la sociedad.

En el mundo occidental las formaciones sociales y modos de producción han transitado desde la sociedad primitiva, esclavista y feudal hasta la capitalista y la socialista. Su dialéctica siempre fue violenta, como ha sido la dialéctica de la naturaleza. Las contradicciones que se manifestaron en su interior siempre produjeron problemas, fenómenos, turbulencias, inestabilidad, conflictos y más violencia. Estos a su vez, provocaron cambios violentos para pasar de una formación económica social y cultural a otra. Y en cada nueva realidad en el interior lleva la semilla de la violencia que se desarrolla en su proceso histórico provocando desorden, caos y después orden; o sea, cambio.

La violencia y el poder van intrínsecamente juntos en tanto que el poder se expresa a través del Estado, y el Estado conlleva por sí a la violencia. Es decir, al Estado se le relaciona como un órgano de dominación, fuerza, violencia, coacción y por consiguiente obediencia. Desde el punto de vista ontológico del poder, éste se expresa como una categoría del ser y constituye el fundamento del ámbito político y jurídico, además el Estado tiende a regular las relaciones humanas y sociales en donde la violencia ha estado presente en la lucha en contra de aquellos que ostentan el poder y quienes no ostentan este, luego entonces el Estado moderno regula las formas en el uso de la violencia, en donde el Estado lo ejerce a manera de monopolio, por lo que debemos concluir de que la verdadera revolución histórica de la violencia se ha dado a través de las formaciones sociales y que llevan implícito una lucha de clases y que a cada formación social le corresponde una forma de poder, de Estado y de dominación de ahí que es necesario establecer que al referirse a la historia de la violencia política nos estamos refiriendo a los movimientos de lucha y a los cambios sociales dirigidos en contra de quienes ostentan o poseen el poder. De ahí que siempre hay que tener en cuenta la relación por Estado, poder y violencia en sus diferentes manifestaciones.

Para lograr una caracterización del denominado delito político, hay que ir a lo que instituye el art. 15 de nuestra constitución política que establece: que no se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos ni para aquellos delincuentes  que hayan tenido en el país donde cometieron el delito la condición de esclavos y, de convenios o tratados en virtud de los que alteren las garantías y derechos establecidos por esta constitución para el hombre y el ciudadano. Desde esta perspectiva que señala el artículo mencionado se da un “reconocimiento a los delincuentes políticos”, en donde de manera constitucional se les reconoce por ley, y también los tratados internacionales han favorecido a estos pues los protege de todo acto de gobierno o del Estado cuando los protege en razón de que ellos están ejerciendo una actividad que tiende a modificar el estatus quo tanto de la sociedad como del Estado, y en un régimen de carácter democrático los derechos de libertad de pensamiento, libertad de asociación y reunión son consagrados en la constitución política, además de que la misma señala que el pueblo tiene en todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno que más le convenga.

El delito político, supone la lesión de bienes tutelados valorativamente en una sociedad en donde prevalece el móvil y la intención en contra del Estado.

El delito político se configura desde el punto de vista legal a través de la rebelión, conspiración, sedición, motín, traición a la patria, terrorismo, espionaje, etc., así como, en sus diversas manifestaciones que hace la sociedad civil cuando lucha por reivindicaciones de carácter político, social, laboral, etcétera; a través de plantones, manifestaciones, toma de edificios públicos, marchas, actos de resistencia civil, huelgas, etcétera. En fin, todo aquello que atente contra el Estado, su gobierno y su seguridad, y se altere el orden publico se estará ante un delito político.

2.- EL DELITO Y LO POLITICO

Desde el punto de vista legal el delito es “el acto u omisión que sancionan las leyes penales” esto lo establece el Código Penal Federal, mientras que el Código Penal del estado de Guerrero señala que “el delito es la conducta típica, antijurídica y culpable”. Los conceptos legales transcritos son incompletos y esencialmente de carácter formalístico. El delito no puede ser concebido como un simple concepto jurídico, sin que este suponga que el mismo va ser concebido en su totalidad tomando en cuenta las circunstancias económicas sociales y culturales, y también forma valorativa, teniendo en cuenta, la realidad y el valor que en modo indestructible e íntimamente unidos constituye lo que debe estimarse por delito. El delito debe de ser concebido también como un silogismo es decir como un acto penado de la ley tal como lo dispone cualquier código penal. Para nosotros tomaremos la definición desde el punto de vista jurídico como una acción u omisión típica, antijurídica y culpable. Producto de una normatividad que sanciona la sociedad.

En conclusión puede considerarse al delito como una acción permanente contrario al orden jurídico, cualquier que sea la forma o contenido de este, que le constituye en una valoración jurídica y por ello en un ente jurídico.

La estructuración científica del concepto de delito arranca con seguridad definitiva de la definición de Beling quien nos afirma que el delito es una acción antijurídica, típica, imputable, inculpable, sancionada conforme a las condiciones objetivas de punibilidad. Jiménez de Azúa (1997), entre otros, ha criticado a Beling por comprender dentro de los elementos esenciales del delito las condiciones objetivas de punibilidad, ya que las condiciones de estas se encuentra dentro de las modalidades del tipo. En otras palabras, las condiciones objetivas de punibilidad constituyen un elemento externo que acompaña al delito y que por tanto no participa en su estructuración esencial.

El Derecho penal moderno denomina aspecto positivo del delito señalando como elementos esenciales los siguientes: a) conducta, b) antijurídica, c) tipicidad, d) culpabilidad y e) punibilidad.

Elementos que se deducen del Delito

a) La pena es la reacción de la sociedad o el medio del que esta se vale de reprimir el delito es algo externo al mismo, dados los sistemas de represión y rigor. La punibilidad no es parte esencial del delito, ya que un acto es punible porque es delito, pero no es delito por que sea punible.

b) Existen delitos no punibles en los casos en que concurre una excusa absolutoria, el delito está integrado plenamente y sin embargo, no es punible por razón de conveniencia para la política criminal.

c) Un delito es punible por antijurídico y culpable. El hombre que obra contra la sociedad por egoísmo y culpablemente merece el reproche y la sanción.

Para Mezger (2001), el delito es una acción típicamente antijurídica y culpable, ó sea que los elementos esenciales del delito son: a) conducta, b) anti juridicidad típica y c) culpabilidad. Por lo que se desprenden que son tres elementos constitutivos de la ilicitud penal; dichos elementos son:

  1. Elemento humano, que consiste en una conducta  derivada del hombre y traducida en una acción o bien en una omisión.
  2. Elemento material, consiste en la oposición a Derecho, ó sea la tipicidad antijurídica.
  3. Elemento psicológico, que consiste en la culpabilidad en sus dos formas: dolo y culpa y con sus dos presupuestos: imputabilidad e inimputabilidad. (Jiménez de Azúa. 2000)

Para Rossi (2000), en el delito de violación de un derecho, no basta caer bajo el imperio de la ley penal que una acción sea culpable en si misma o condenada por la ley moral. Es preciso que sea contraria al orden social que ataque a la seguridad, libertad de los individuos.

3.- CONCEPTO DE LO POLÍTICO

Sin pretender hacer una definición de lo que significa político que se refiere a todo hecho o fenómeno relacionado directamente con la esencia, organización y actividad del Estado como poder necesario para la imposición coactiva del derecho. Puede definirse también “como ciencia y arte de gobernar que tratan de la organización y administración de Estado en asuntos internos e internacionales” por lo que el delito político seria el dirigido contra el Estado como personalidad política. La política, según nuestra opinión, figura ante las autoridades menos usuales en el mundo pre moderno. Fueron inventos de los griegos y de los romanos. También inventaron la historia de la guerra y la política, la filosofía, etc.

La política por naturaleza es competitiva, y la primera distinción está entre las comunidades, en la que la competición es exclusiva del sector de los ciudadanos que tiene propiedades, y aquellas en las que las clases más pobres tienen algún derecho de participación. Para los políticos profesionales la política es un modo de vida aunque crean que su función es fomentar el bien de la sociedad en el que actúan  o al menos intente convencerse a sí  mismo de ello. Como ya dejamos establecido fueron platón y Aristóteles los primeros y últimos en intentar informar coherentemente de la organización ideal de la sociedad basados sistemáticamente, en otras disciplinas científicas.
“Fue en Grecia donde se conceptualiza y se da origen  al concepto de democracia,  el principio de igualdad entre los hombres, la seguridad jurídica, la libertad jurídica, y la libertad política” (Abbagnano).

La política sería superflua si hubiese un orden espontáneo donde pudiese prevalecer la armonía y la ausencia de conflictos por lo que el Estado es necesario en su ausencia la sociedad sin política y sin Estado viviría un desbordamiento de arbitrariedad. En toda sociedad hay alternativamente manifestaciones de disputa y de concordia, pero esa dinámica predomina la solución de la controversia. Únicamente así es posible la continuidad de convivencia pacífica, seria incompleto hablar de que la política es  y debe ser regulada por el Derecho. Para Bobbio (1984) sistematiza la filosofía política contemporánea. Para ello la dicotomía fundamental es la antítesis sociedad civil-Estado. Al igual que la pareja Estado de naturaleza-Estado social, se sigue contraponiendo una esfera política a una no política y un término (el débil se define por la negación del otro) (el fuerte) la sociedad civil se presenta como el ámbito de las relaciones no reguladas por el Estado. “El Estado moderno como Estado racional legal, cuya legitimidad reposa exclusivamente en el ejercicio de poder, de conformidad en las leyes” (Weber).

4.-EL ORIGEN Y LA ESENCIA DEL ESTADO

El Estado señala según Engels “No es en modo alguno, un poder impuesto desde fuera de la sociedad; ni es tampoco la realidad de la idea moral; es la imagen y la realidad de la razón”, como lo afirma Hegel. Es más bien, afirma Engels, un producto de la sociedad al llegar a una determinada fase de desarrollo, es la confesión de que esta sociedad se ha enredado consigo misma en una contradicción insoluble, se ha dividido en antagonismos irreconciliables, para ello es importante para conjurar y para que estos antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna, no se devoren así mismos y no devoren a la sociedad en una lucha estéril, para eso se hizo necesario un poder situado aparentemente, por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el conflicto a mantenerlo dentro de los límites del orden. Este poder que brota de la sociedad pero se coloca por encima de ella y que se divorcia cada vez más de ella se llama Estado. “el Estado es el producto y manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clases. El Estado surge en el sitio, en el momento y en el grado en que las contradicciones de clases objetivamente, pueden conciliarse y viceversa”: la existencia del Estado demuestra que las contradicciones de clases son irreconciliables según la tesis fundamental del marxismo.

“Según Marx el Estado es un órgano de dominación de clase, un órgano de opresión de una clase por otra, es la creación del “orden” que legaliza y afianza esta opresión, amortiguando los choques entre las clases por lo tanto nunca ha de ser el Estado ser un órgano de conciliación de clases. Si el Estado está por encima de la sociedad y que se divorcia cada vez mas de la misma, es evidente que la liberación de la clase oprimida es imposible no solo sin una revolución violenta si no también la destrucción del aparato del poder estatal que ha sido creado por la clase dominante y en el que se toma cuerpo aquel “divorcio“(Lenin, 1993: 14).

El Estado tiene como base para hacer cumplir sus fines al ejercito permanente a la policía que son instrumentos fundamentales de la fuerza del poder del Estado ¿acaso puede ser de otro modo?

5.-EL ESTADO Y EL DERECHO

Debemos respetar, por supuesto, las ideas científicas y filosóficas expuestas, con  la más sana intención de servir a la humanidad, por muchos ilustres intelectuales; pero por el grado mismo de desarrollo de las fuerzas productivas y de las condiciones de existencia de la sociedad en la época en que les toco exponer sus pensamientos, no encontraron la verdadera explicación a la problemática de los fenómenos económicos, jurídicos y políticos de la sociedad de su época, por lo que, a estos pensadores, sencillamente debemos ubicarlos históricamente, es decir, situarlos en el tiempo y en el espacio.

No fue sino a mediados del siglo XIX en que dos genios de la humanidad (C. Marx y F. Engels) demuestran científicamente que “el Estado y el Derecho no son más que instrumentos de las clases dominantes explotadoras y que su destrucción como tal es inevitable por las leyes objetivas fundamentales del desarrollo de la sociedad humana. Sus teorías investigan en su forma más general el proceso de la formación del Estado y del Derecho durante la transición del régimen de la comunidad primitiva a la sociedad de clases. Determinan las tesis fundamentales que caracterizan al Estado y al Derecho como fenómenos específicos de la sociedad de clases, dicha teoría elabora las tesis generales que caracterizan los rasgos fundamentales del Estado y del Derecho de las clases explotadoras y los rasgos específicos de cada tipo histórico aislado de Estado y Derecho explotador (esclavista, feudal y burgués). También estudian las leyes que rigen el cambio de un tipo histórico de Estado y Derecho por otro” (Lenin, 1993: 50-51).

La realidad sociológica del Estado no consiste ni en una cosa ni en espíritu; como realidad substancial pertenece al reino de la vida humana colectiva, las actividades humanas sociales que constituyen el Estado producen una resultante de poder, que es la que crea, mantiene, configura, vitaliza y desarrolla al Derecho. Y esas actividades sociales se hallan inmersas en la dinámica de la historia; son formas históricas que corren y se modifican en el tiempo, en un movimiento de incesante y renovada realización.

El Estado, como sistema normativo, se apoya, pues, sobre un complejo de hechos vitales, que integran una actividad social histórica: actividad social en cuyo sentido apunta la intencionalidad de unas valoraciones. El orden ideal que constituye el contenido de esas representaciones que determinan la conducta real del hombre debe ser criterio decisivo de valoración (Kelsen, 2002: 9).

6.-EL PODER POLITICO DEL ESTADO

Para comenzar diremos que no hay dominación sin explotación de la misma manera que no hay explotación sin el dominio que permite mantenerla. No observa pues que el verdadero problema estriba en si la dominación y explotación son realidades diferentes que pueden depender mutuamente sin que por ello se pierda su carácter diverso o momentos de una misma realidad.

En este sentido se considera a las relaciones de producción como relaciones económicas y a las relaciones de poder como relaciones políticas. Y que de acuerdo a la concepción marxista las relaciones de producción son relaciones de dominio y mando. En la sociedad capitalista las relaciones de producción son relaciones que establecen los seres humanos en el proceso de producción de dominio y control, y viceversa. Por nuestra parte nos proponemos identificar de forma absoluta dominación y explotación. No reducidas a lo político y a lo económico, ambas deben pensarse como poder en su totalidad, pero no en absoluta identidad: la explotación es poder como de dominación, pero no todo dominio es explotación “mientras exista la explotación, subsistirá la relación de dominación entre gobernantes y gobernados”. (Cornejo, 1980 T. II 323). Por lo que no es necesariamente que exista dominación para que pueda existir sin explotación. En realidad históricamente el poder como dominio y mando surgió antes de que se conformara en la sociedad la realidad de la población (Carlos Marx 1984,48). Se ocupo específicamente en la dominación económica como dominación del obrero esto ocupó un lugar central, a esta forma de dominación se le llama “poder económico” .Marx es un teórico de la explotación y no del poder, pero al hablar del poder económico es ante todo un teórico de poder o de dominación que es el poder económico o la explotación.

El maestro considera a las relaciones de producción como relaciones económicas y a las relaciones de poder como relaciones políticas, lo cual no permite captar la riqueza de la categoría marxista, relaciones de producción como relaciones que también son de dominio y mando, ni el enorme caudal que contienen la categoría relaciones de poder también como relaciones de producción (de dominio y mando). Las relaciones de producción  de dominio y control y viceversa, no es propósito nuestro.

La relación de poder es entendida como una red de poderes. Este poder reticular o capilarizado está en todas partes y por tanto no se localiza en el aparato del Estado ni en su función represiva. “Su inmanencia y omnipotencia es absoluta respecto de las relaciones de producción Foucault raciona a su vez contra la tendencia a ver esta red de poderes como una simple proyección del poder político pero este no solo desconoce el nexo que une a este poder con las relaciones de producción, así como su carácter de clase y el papel que desempeña en la lucha de clases ignora así mismo el papel central del poder estatal, confirmado hoy más que nunca en ese tejido de poderes que, por otro lado, el ha contribuido a mostrar” (Foucault, 1995: 164).

El proceso político es definido como “la formación, la distribución, el ejercicio del poder”. Si la teoría del Estado puede ser considerado como una parte de la teoría política, la teoría política  a su vez puede ser considerada como una parte de la teoría del poder. En la filosofía política el problema del poder ha sido presentado bajo tres aspectos, con base en los cuales se pueden distinguir tres teorías fundamentales del poder: sustancialista, subjetivista, y relacional.

7.- EL DELITO POLÍTICO

En la antigua China Confucio llamaba a los tiranos ladrones de camino real, y el que hace un robo a la humanidad es llamado ladrón; el que hace un robo a la justicia es llamado tirano, por cuanto a la legislación China establece “las leyes de China mandan que quien falte respeto debido al emperador, sea castigado con la muerte”.

Para los griegos, la Ciudad-Estado era la suprema entidad organizadora de la vida social, y por lo tanto la subsistencia de la misma era cuestión vital, en consecuencia los atentados contra ella, la traición a la patria constituía crímenes que violaban la ley, ofendían la divinidad y eran factor de corrupción de pueblo. La represión en Grecia al delincuente político fue extremadamente rígida; como en la antigüedad patria y soberano Estado y religión se confundían en una sola persona o estaban íntimamente ligados, ello implicó que se sancionaran toda suerte de conductas que iban desde hechos mínimos e indiferentes hasta gravísimas y destructoras actividades contra los estados y los que lo representaban. Existieron las ofensas de carácter religioso y político durante largos periodos de carácter colectivo. Los traidores y los tiranos eran muertos y con ellos toda su familia. En Grecia el ataque a las divinidades y a las buenas costumbres son considerados como delitos de carácter político así pues el juicio de Sócrates constituye un ejemplo claro del delito político.

En cuanto a Roma, Plutarco Séneca y Luciano todos ellos defiende el tiranicidio, la muerte del tirano es considerada una virtud cívica en donde afirma que pocos tiranos mueren de una muerte natural. Para los romanos el príncipe recibe la potestad de legislar. Gayo afirma que el emperador recibe el Imperium en virtud de una ley del imperio romano por lo que el príncipe está obligado por las leyes, por que de ellas procede su autoridad. Justiniano se refiere a ley antigua de acuerdo con la cual transfería el pueblo romano a sus emperadores toda su autoridad y todo su poder. A si se manifiesta en un pasaje del CODEX.  La concepción romana del delito político comprende la etapa de la evolución del atentado político, una noción jurídica que surge de la entraña misma del sistema de esclavista de producción. Y que se perpetró, con los perfiles que tuvo dentro del Derecho romano hasta la revolución francesa, razón por la que justamente puede hablarse doctrinariamente de la concepción romana del crimen político. Dicha concepción está inspirada en la idea central de la protección del poder político y de quienes lo detentan, cual quiera que sea la licitud del título por el que lo hayan alcanzado. Originariamente el delito político romano reviste dos formas básicas: el perduelio y el crimen de lesa “majestatis”. Los enemigos del pueblo romano o de la patria, fueron llamados “perduelles” en virtud de que el perduelio etimológicamente “significa guerra mala”, englobando con este concepto la idea de traición a la patria. Por tanto en Roma, especialmente durante el imperio, todo atentado contra el gobierno, sus instituciones o la persona del gobernante fue reprimido brutal y despiadadamente.

En la antigüedad los delitos contra los estados en todas la legislaciones  de los pueblos antiguos, existían la misma severidad para los reos acusados de atentar contra la seguridad del Estado, y destaca el hecho de que el fin del Derecho penal era satisfacer la idea de venganza y acabar con las personas que representaban un peligro para el Estado, notándose que las leyes eran creadas en forma sádica y que los castigos impuestos eran infamantes y brutales.

En todos los pueblos de la antigüedad a existido el delito en contra del Estado, resultando la crueldad con que se castigaba  a los infractores. En este tipo de delitos no existía la prescripción para la acción persecutoria de los mismos, a si mismo se sanciona como forma de complicidad negativa la denuncia de cualquier acto preparatorio para la futura comisión del crimen de “majestatis” (Moreira, 2008).

Dentro del Derecho medieval el crimen de majestatis se prolongó como figura jurídica del orden político con similares características  a las que tuvo dentro del pueblo romano. Tal perpetuación de sus perfiles fundamentales se explica en virtud de la esencia del Estado feudal, cuyo rasgo sobresaliente radicaba en una autoridad difusa y débil fundada con la posesión de la tierra y en la economía natural; por lógica existía una autoridad precaria y descentralizada amenazada por un ambiente de inseguridad en sus relaciones externas por lo que apareció  un fortalecimiento de la política interior, lo que explica la severidad con que se percibieron los delitos contra el Estado prolongándose la vigencia del crimen de la lesa majestatis. En este sentido el Derecho canónico tuvo influencia especial en la nueva configuración del crimen político especificando dos especies:

El crimen de lesa majestad divina, que es el ejecutado contra el Estado eclesiástico.

7.1.-EL TIRANICIDIO

La decadencia de la etapa feudal se reflejo en la ideología de los siglos XV y XVI, la burguesía naciente, a través de sus pensadores más sobresalientes, estructuró lo que sea ha denominado la teoría del tiranicidio, que consistía en la creación de un conjunto de razones de diversos tipos para justificar la resistencia de los súbditos  al Estado cuando este estaba dirigido por un tirano. Esta teoría en el terreno jurídico es la reacción del protestantismo contra la autoridad absoluta de los príncipes feudales que pretendían perpetuar el poder material de la iglesia católica, centro del sistema feudal; a través de esta teoría los pensadores justificaban la resistencia de la nueva clase social contra los dictados arbitrarios de los feudales, empeñados en perpetuar un orden material de privilegio a sus intereses, en resumen la teoría del tiranicidio fue la justificación burguesa del crimen político ejecutado contra el poder del Estado feudal. En este sentido la teoría del tiranicidio fue el antecedente inmediato de la especial configuración del delito político liberal. Dicha teoría considera la legitimidad de un gobierno a través de dos requisitos: 1.- legitimidad de origen, 2.-ejercicio legal de sus funciones. La violación de cualquiera de estos dos principios da origen a la tiranía, o sea que la tiranía surge, 1.- cuando el representante de la autoridad a llegado en contra de la voluntad popular, 2.- cuando el legitimo representante de la voluntad popular se excede en sus funciones en detrimento de los súbditos en ambos casos  el gobernante se convierte en tirano y puede ser muerto (magnicidio) o destituido violentamente (rebelión) como se observa esta teoría desconoce el origen divino del poder y lo hace vislumbrar ya el origen popular de la soberanía, fundamento del liberalismo y de su concepción del atentado político.

“La figura más importante del delito político lo constituye el tiranicidio que no es más que la muerte violenta de quien encarna despóticamente el poder político” (Huerta, 1980: 56). Los representantes de dicha corriente de pensamiento lo constituyen los doctores de la iglesia del periodo medieval Santo Tomas de Aquino y Francisco Suárez, quienes elaboran la tesis de la licitud y legitimidad para la teoría que sobre el tiranicidio ha gozado de mayor difusión y autoridad es la del español Juan de Jesús Mariana quien afirma:

El tirano es una bestia feroz, que gobierna a sangre y fuego, que desgarra la patria y que llega a convertirse en un verdadero enemigo público. No hay duda respecto a la legitimidad del derecho asesinarlo, derecho que pertenece a cualquier ciudadano sin que deba preceder su ejercicio de liberación por parte de los demás.

La doctrina de tiranicidio comprende dos hipótesis: al príncipe que por medio de la fuerza y de las armas ocupa el trono sin derecho alguno y sin consentimiento de los ciudadanos, le es licito a cualquiera quitarle la vida y despojarlo del trono, puesto que este enemigo público y oprime al país con todos los males. La otra posibilidad si es elevado al trono por consentimiento o por derecho hereditario, se debe tolerar todos sus vicios mientras no llegue a despojar públicamente todas las leyes de la honestidad y del pudor que debe observar (Huerta, 1986: 33).

Montesquieu señala en que los países despóticos se están desgraciado que no se teme a la muerte, que no se lamente perder la vida. Los suplicios deben de ser en ellos más rigurosos. La severidad de las penas, conviene mejor al gobierno despótico, cuyo principio es el terror que a los que tienen como resorte el honor y la virtud. En este sentido para Montesquieu el delito político es una conducta obligada de los súbditos en los regímenes despóticos.

Beccaria abre el cauce a las construcciones liberales del delito político instrumento exclusivo hace entonces de la defensa del poder, y creado para el poder mismo, no solo para proteger su legitimidad y estabilidad sino para amparar sus excesos.

“Haced que las leyes favorezcan no tanto a las diferentes clases de hombres, como a los hombres mismos. Haced que las luces acompañen a la libertad. Frente a las luces, profusamente esparcidas en un pueblo, enmudece la ignorancia calumniosa y tiembla la autoridad desarmada de razones”. Esta moderación es la libertad” (Becaria, 1980: 46).

7.2.-EL DELITO POLÍTICO LIBERAL

La Revolución Francesa representa el choque frontal y definitivo entre dos sistemas económicos: el sistema feudal en agonía y el sistema burgués en acenso como resultado de ella la burguesía naciente demostró su madurez histórica a la rebatar a la feudal el poder del Estado. El triunfo de la burguesía señala el fin de las relaciones sociales, económicas y feudales de producción y el predominio definitivo de la economía capitalista, entronizada en el poder crea una súper estructura ideológica cuya finalidad es reforzar su posición de clase dominante así aparece el liberalismo y una nueva estructuración jurídica que es el Derecho liberal. Con el triunfo de la revolución francesa y sobre la base de la laicización, el pensamiento jurídico de la burguesía logra la desaparición definitiva del crimen de “lesa majestad divina” al establecer en las constituciones liberales, como uno de los derechos públicos subjetivos que: “nadie puede ser inquietado o molestado por sus opiniones incluso religiosas, en tanto que su manifestación no perturbe el orden público”.  

Con el ascenso de la burguesía al poder político este organiza su propio Estado a través de un mecanismo de garantías contra la arbitrariedad; estas garantías contra la arbitrariedad que tiene por objeto la realización de la justicia, son plasmadas como principios fundamentales en las constituciones liberales “la historia del Estado moderno es una lucha en contra de la arbitrariedad y a favor de la punibilización de todas las esferas de la actividad estatal. La ideología liberal defiende la libertad esencialmente económica para las relaciones capitalista de producción y la seguridad jurídica del Estado de Derecho.

8.-  DELITOS CONSIDERADOS POLÍTICOS

De acuerdo al Código Penal Federal, los delitos que atentan contra la seguridad interior del Estado o denominados delitos políticos son los que a continuación se enumeran: Traición a la patria, Espionaje, Sedición, Rebelión, Sabotaje, Conspiración, Terrorismo.

Este tipo de delitos se manifiestan en diversas formas, de manera organizada, dirigidos por un grupo político o partido, o las masas de carácter tumultuaria realizan acciones, en su lucha por reivindicaciones de carácter político, económico, social y laboral, etc., a través de plantones, manifestaciones, tomas de edificios públicos, marchas, actos de resistencia civil, huelgas, e incluso se recurre a formas de lucha violenta por medio del uso de las armas, con el objeto de atentar en contra del Estado, su gobierno y sus seguridad, que altere el orden público con una motivación de carácter social, se estará ante un delito político.

9.- CONCLUSIONES

Podemos decir que cuando la sociedad llega a una etapa del desarrollo histórico, social, económico y político; las relaciones sociales de producción entran en contradicción y las clases sociales por lo tanto entran en pugna de intereses de carácter irreconciliables, es a partir de aquí en donde se puede crear una crisis que puede ser económica, social, desembocando en una crisis política que da como resultado una lucha abierta y frontal de la clase dominante con la de dominados y se abre paso a la violencia social que puede manifestarse en diversas formas como son: los movimientos sociales, insurrecciones, sublevaciones o la participación política masiva del pueblo para la toma del poder político. El uso de formas y métodos violentos puede traer como consecuencia un cambio en las estructuras jurídico-normativas, económico, social y político; por lo que se puede dar una revolución que trae aparejada una transformación radical o una simple reforma de las estructuras políticas, pero que no modifican en lo substancial la estructura económica.

Los delitos políticos tienen la finalidad y objeto modificar las relaciones no sólo de valores, sino que transforman el Estado de cosas y la forma de gobierno de carácter antidemocrático, autoritario y despótico por ello atentan contra la seguridad y organización jurídica de las instituciones. El delito político debe de concebirse como actos legítimos que tienen su fundamento ético, jurídico en el Derecho humano de resistencia frente al poder injusto. La concepción del delito político la elabora cada Estado de acuerdo a sus intereses y su realidad política del momento, por lo que son los gobiernos los que determinan a través de sus órganos de procuración y administración de justicia a su libre albedrío quienes son considerados delincuentes políticos; por ello se considera al delito político como una figura extrajurídica y es más política que desde el punto de vista legal, de ahí la necesidad e importancia de estudiar este delito desde el punto de vista histórico, filosófico, jurídico y político. Para que exista el denominado delito político tiene que ver fundamentalmente los móviles que animan al sujeto a cometer determinado delito y fundamentalmente el móvil es de carácter altruista que tiendan a beneficiar al conjunto de la población y de la sociedad que traigan un mejoramiento, un progreso, y que fundamentalmente estén dirigidos a socavar al Estado y su forma de gobierno.

Por lo que hay que dejar en claro que en un verdadero Estado democrático debe de estar edificado en una verdadera política en donde los hombres que integran la sociedad puedan expresarse libremente y organizadamente sin ninguna imposición inquisitiva del Estado y debe de haber  una tolerancia en las opiniones que vierten las minorías en relación con las mayorías por lo que debe de prevalecer una verdadera cultura del respeto a los derechos y a las garantías individuales, debe de prevalecer el Estado de Derecho.

FUENTES DE INFORMACIÓN:

Beccaria, César (1980), Tratado del delito y las penas, Ed. Madrid, España.

Bobbio (1984), Futuro de la democracia, Editorial Planeta Agostini España

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Huerta Pérez R. (1980), (2000); El delito político. México, Universidad Autónoma de Puebla: Derechos humanos y desobediencia civil.

Jiménez de Azua, (1997) (1980) Ley y Delito, Editorial. Argentino, Lecciones del Derecho penal, Editorial. Harla México.

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Ponce de León, Luis (2008), Metodología del Derecho, Porrúa, México.

 

*M.C. Bulfrano Pineda Avonza. Profesor de tiempo completo de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero.