Revista Digital de Tecnologías de la Información y Comunicación. Vol. 4, No. 2. Trimestre abril-junio de 2008. ISSN: 1870-7505

 

LA REFORMA PENAL Y LOS JUICIOS ORALES

Bulfrano Pineda Avonza*

 

INTRODUCCIÓN

Desde hace cuando menos tres décadas, los mexicanos han librado una lucha por el cambio político y social.  A lo largo de estos años la ciudadanía se ha hecho más participativa en los asuntos sociales políticos y económicos del país, se han organizado en asociaciones civiles, sindicatos, partidos políticos, con el objetivo de ejercer y hacer cumplir sus derechos ante un entorno social cambiante y difícil.

Las crisis recurrentes que enfrento el país desde los años ochenta a la actualidad han llevado a una gran parte de la población a vivir en una pobreza extrema, y otras tantas permanecen en un grado de marginación social donde no cuentan con los servicios elementales.  Por lo que cada vez se avizora una situación de conflictos sociales y por lo tanto la generación mayor de sujetos propicios a cometer conductas de carácter delictivo.  En este caso surgen formas de organizaciones bien estructuradas y que constituyen un verdadero peligro para la sociedad y el Estado.

Por esta razón es necesario actuar decisivamente  para enfocar el proceso de cambio hacia una transformación social, con una transformación estructural integral profunda en materia económica y además una profunda reforma política del Estado, donde exista un verdadero estado de derecho y la democracia sea no sólo un sistema político, sino una forma de vida de los ciudadanos.  Al mismo tiempo se requiere una profunda transformación y sobre todo adecuación del sistema de administración e impartición de justicia, a los tiempos que la sociedad demanda para ello es necesario no sólo la reforma de algunos artículos de la Constitución, sino que es conveniente un nuevo Congreso Constituyente en donde se formule una nueva Constitución con los adelantos de la sociedad, el desarrollo tecnológico, la ciencia, etc.

El reto de los mexicanos es ir construyendo una sociedad en donde se regule la opulencia y la indigencia, para ello es necesaria la participación de la sociedad con el Gobierno.  Para hacer realidad esta situación es necesario garantizar la seguridad nacional, salvaguardar la paz, la integridad y la independencia, y la soberanía, asegurando  la viabilidad del Estado y la democracia, fortaleciendo el marco institucional y afianzar una sólida cultura de legalidad para que los mexicanos vean protegida su integridad física, su  patrimonio en un marco de convivencia armónica, en donde los mexicanos sean tratados con equidad y justicia en todas las esferas de la vida.

EL SISTEMA JUDICIAL PENAL MEXICANO  Y LOS JUICIOS ORALES

El día 18 de junio del año 2008, el Presidente de la República publica en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones en los artículos 16, 17, 18, 19,  20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos. Con esta reforma se adopta y entra en vigor un nuevo sistema procesal  penal acusatorio previsto en los numerales mencionados.

En muy pocas ocasiones se suele asociar la democracia con el sistema penal, ya que el sistema penal, se ha utilizado precisamente para evitar el avance democrático y limitar el libre ejercicio de la libertad, por medio de leyes altamente represivas y la utilización de los diversos cuerpos de dominación y represión, esto es característica de los gobiernos autoritarios y totalitarios.  En sentido inverso en los países con mejores sistemas democráticos, el sistema penal es una herramienta plenamente humanizada responsable y eficaz, dirigida a la aplicación estricta de la ley. Según Morlino en las democracias de calidad tienen las siguientes características “cuentan con una amplia legitimación, los ciudadanos, las asociaciones y comunidades que integran estos sistemas gozan de libertad e igualdad, los ciudadanos de una buena democracia tienen el poder de controlar y evaluar si el gobierno trabaja efectivamente por aquellos valores igualdad y libertad con pleno respeto a las normas vigentes, respeto de los derechos que pueden ampliarse en la realización de las diversas libertades, progresiva ampliación de una mayor igualdad política, social y económica, existencia de una burocracia civil central y local competente y eficiente y universal en las leyes que además sea responsable del error, existencia de fuerzas de policía eficientes y respetuosas de los derechos humanos y libertades existentes, acceso igual y sin complicaciones de los ciudadanos a la justicia en caso de contencioso entre particulares o entre estos y las instituciones públicas, una duración razonable del proceso penal y del contencioso civil o administrativo, la completa independencia del juez o jurado respecto a cualquier influencia del político”.

De lo anterior pensamos que se ha ido mejorando paulatinamente el sistema penal, por lo que nos acercamos a una democracia de calidad, debe quedar claro que nos es una cuestión fácil de que se pueda resolver de un día para otro, por lo que el sistema penal abarca una reforma integral, que va desde la actividad de las policías preventivas. Las cuales existen a nivel federal, estatal y municipal, el ámbito de los reclusorios, agencias de ministerios públicos federal y del fuero común, jueces federales y del fuero común, los menores y adolescentes.

El primer objetivo de una buena reforma penal tiene que ver con la protección del titular de todos los derechos fundamentales: la persona considerada como un ser único portador de dignidad que no puede ser puesta en riego por ningún imperativo social, por más imperioso que sea. Para ello se necesita un compromiso de la sociedad y el estado para la instrumentación de esta reforma penal, en donde el Estado es capaz de ofrecer protección y seguridad a la sociedad.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEL ESTADO DERECHO EN MEXICO.

La vigencia del Estado de Derecho depende, fundamentalmente de la confianza de la ciudadanía en su gobierno y en las leyes que lo rigen. Para ello es indispensable una actuación integral y transparente de la autoridad, que brinde a los ciudadanos la certidumbre de que cuentan en todo momento con instituciones que garantizan el respeto a sus derechos mediante aplicación de la ley. Por lo que es obligación del estado promover la adecuación del marco legal, para que este sea justo y responda a la realidad nacional, de manera tal que la ciudadanía esté convencida de que su interés está mejor protegido dentro de la legalidad que al margen de ella.

La impunidad, la corrupción y la simulación han sido obstáculos para el país, a lo largo de su historia.  Esto ha derivado en ocasiones en un ejerció discrecional del poder, ha generado desconfianza en la sociedad respecto a las instituciones de gobierno y a la actuación de las autoridades. En el 2006 una encuesta nacional sobre cultura y política revela que el 60% de la población percibe que las leyes se utilizan para defender los intereses de la gente poderosa.  De acuerdo con transparencia internacional, en su índice de percepción en el año del 2006, México está ubicado en el lugar 70 de corrupción de un total  de 163, lo mismo sucede de la sociedad hacia el gobierno. También existen lagunas en la legislación que abren espacios al abuso del poder y a la violación de los derechos fundamentales.  La impunidad, la corrupción y la violación de los derechos humanos son prácticas lesivas que no solo merman el Estado de Derecho, sino que han impedido que la legalidad sea un verdadero instrumento para que el país avance en materia de equidad social, justicia, seguridad y progreso.

La percepción de la población a respuesta de la autoridad ante la denuncia de los delitos del fuero común se ha deteriorado a través del tiempo. Se señala que de cada una de cada cinco víctimas denuncia el delito. Asimismo, revela que la no denuncia ocurre principalmente por la baja eficacia que percibe la población del sistema de justicia.  De acuerdo con un estudio realizado, las procuradurías de justicia de México se encuentran entre las instituciones de menor prestigio ante los ciudadanos, lo cual está relacionado con las cifras de efectividad de cada 100 averiguaciones previas que se levantan solo 23 concluyen las investigaciones;  menos de 12 se consignan ante un juez y solo de 3 casos se dicta sentencia.

Todo esto se refleja en el incremento de los niveles de impunidad y de inseguridad, así  como en la disminución de los niveles de confianza del ciudadano, ante la comisión de un delito que afecta a su integridad, asume que el responsable no será sancionado por la autoridad.  Otro aspecto destacable con respecto al problema del marco jurídico es el relativo al sistema penitenciario.  La ausencia de un marco constitucional y legal adecuado se manifiesta en muchos casos en el abuso de la prisión preventiva de reos en proceso de sentencia, así como la ausencia de métodos y procedimientos legales para operar eficazmente un sistema retributivo de penas.  Las consecuencias de este problema son un sistema carcelario que en muchos casos, lejos de ofrecer un espacio de detención digno y respetuoso de los derechos humanos, son lugares de corrupción e incluso centros de operación del crimen organizado.

El narcotráfico es una de las manifestaciones más lesivas de la delincuencia organizada,  no solo por los altos niveles de violencia que implica, sino también por la amenaza que representa a la salud física, emocional y moral de un importante número de mexicanos, de acuerdo a la encuesta nacional de adicciones 3.5 millones de mexicanos consumen droga y este dato es subestimado ya que puede ser mayor, el consumo de drogas deteriora socialmente.  Junto a los altos niveles de violencia y fragmentación social que genera el narcotráfico es una industria de alto valor económico, ello convierte a la producción y distribución de narcóticos en un negocio muy rentable para quienes están involucrados. La modalidad para la comercialización de drogas es el narcomenudeo. Este método implica establecer contacto directo con los consumidores.  El narcotráfico busca diversificar los canales de distribución y ampliar el número potencial de adictos. Además de invadir espacios públicos como escuelas parques y lugares de recreo.

EL SISTEMA INQUISITIVO Y ACUSATORIO, CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

El primer elemento característico del sistema penal  inquisitivo es que las funciones de investigar, acusar y juzgar están concentradas en una misma autoridad.  Esta concentración conlleva a generar diversos problemas en la administración de justicia, dada la ausencia de contrapesos.  Y reduce la posibilidad de que la autoridad al desempeñar los roles, actúe de manera imparcial y objetiva.  De ahí que la concentración de las funciones de investigación, acusación y de juzgar, es altamente probable que las conclusiones a las que llegue  la autoridad cuando realiza las funciones el juzgador las ratifique en la mayoría de los casos.  Por no enfrentar un juicio parcial y objetivo, el principio de contradicción esencial dentro de todo proceso moderno, no existe en el sistema inquisitivo.  “La concentración de las funciones de investigación, acusar y juzgar en una autoridad sea ésta el juez son una característica de los sistemas  inquisitivos que han demostrado en la práctica diversas deficiencias” .

En cuanto al sistema penal acusatorio, la principal características es que las funciones de acusar y juzgar quedan claramente separadas entre sí y son cada una responsabilidad de instituciones distintas.  Son a grandes rasgos cuatro etapas en el proceso penal.  En el sistema acusatorio la investigación está coordinado entre el Ministerio Público y la policía judicial o de investigación; En la segunda etapa el Ministerio Público decidirá a partir de la evidencia  científica recabada si hay materia para acusar a la persona, en este momento se produce el ejercicio de la acción penal o dictar otras medidas cautelares, y en tercer lugar un juez de garantías o de control de garantías vigila durante la etapa de investigación se respeten los derechos de las víctimas y acusados, en este caso debe de resolver la admisibilidad de la acusación o su rechazo.

Finalmente el juez del tribunal oral que es un órgano distinto al de garantías evaluará en igualdad de circunstancias las pruebas presentadas en la audiencia pública por el ministerio público la víctima y el acusado y determinará objetiva e imparcialmente su culpabilidad o su inocencia, así cada institución tiene una esfera de responsabilidad dentro del sistema penal pero a diferencia de los sistemas inquisitivos las funciones son exclusivas y no se sobreponen.  “La distinción fundamental entre ambos modelos es que órgano de acusación y el que juzga están separados (acusatorio) o se concentran en una sola autoridad (inquisitivo)”.

Los sistemas acusatorios orales funcionan de manera totalmente diferente, en el sistema oral no hay expediente, pues la acumulación de pruebas escritas en un registro no tiene valor para iniciar el caso o determinar la culpabilidad o inocencia del acusado.  Para que las pruebas sean válidas y suficientes en procedimiento penal el ministerio público debe presentarlas de manera oral ante el juez de garantías, y  considerado conveniente dictará las medidas pertinentes.  Concluida la investigación se presentará la totalidad de las pruebas en la audiencia pública ante el juez o jueces de juicio oral, quien será una persona distinta al de garantías, éste no puede delegar la celebración de la audiencia a un funcionario del juzgado su presencia es obligatoria.

Y durante la audiencia pública tanto la víctima como el acusado tienen el derecho de escuchar el caso confrontar las pruebas y presentar sus propios argumentos de manera directa frente al juez, y la prueba que no se desahogue en audiencia pública oral no tiene valor, a partir de las pruebas presentas, el juez determina la culpabilidad o inocencia del acusado y establece la penalidad correspondiente.

Los principios que rigen al sistema acusatorio son los siguientes: El principio de inmediatez, principio de concentración, principio de contradicción, principio de publicidad, principio de oportunidad y principio de igualdad procesal.

Con la reforma constitucional, entra paulatinamente en funcionamiento el nuevo sistema procesal penal en el cual se establece un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías.  En este sistema se destaca la oralidad, pues mediante la actuación procesal avanza mediante audiencias públicas.  Todo esto supone un cambio cultural dentro de la perspectiva política, ética, jurídica y comunicativa.  El sistema procesal penal acusatorio se debe de desarrollar en un ambiente democrático y participativo, en la que los actores se puedan ver afectados por una decisión sean reconocidos como interlocutores válidos, con posibilidad de ejercer contradicción, sin esta oportunidad, no es posible concebir legítimo hoy día el proceso.

En el nuevo sistema procesal para que exista entre los sujetos procesales un equilibrio, hay que contar con un sólido sistema de defensoría pública, a fin de preparar una defensa eficaz en la imputación de hechos.  Acorde con lo anterior la reforma al sistema de justicia penal debe orientarse por los lineamientos y directrices propios del estado democrático de derecho, plasmados en la constitución política, como en instrumentos internacionales, entre los principios fundamentales que deberán observarse son los siguientes: El principio de división de poderes, el principio de legalidad, el principio de legitimidad, el de igualdad ante la ley, y en el ámbito específico de justicia penal y de derecho penal y procesal penal deben de observarse los principios; principio de legalidad (nullum crimem nulla poena sine lege), el principio de última ratio, el principio de bien jurídico, el principio de acto (nullum crimen sine conducta), el principio de culpabilidad (nullum crimen nulla poena sine culpabilidad), el de racionalidad de las penas entre otros, asimismo el principio de presunción de inocencia, el in dubio pro reo, el de non bis in ídem el de verdad objetiva o material, o el de equilibrio entre las partes, el de inmediación, oralidad, publicidad y concentración el de brevedad y de defensa entre otros.
 
LOS JUICIOS ORALES Y SUS CARACTERÍSTICAS

Las críticas que sufre el sistema de oralidad son perfectibles máxime si se tiene en cuenta que este sistema obliga no solo a los jueces y abogados a estar actualizados permanentemente, sino que también tiende a un alto índice de elevamiento cultural de la sociedad, desde el momento que la hace participe como espectadora y controladora del proceso judicial.  En el sistema oral el hombre se siente, vive, piensa, sus gestos, su mirada, sus actitudes van reflejando el relato que hace la verosimilitud o no que merecen sus dichos.  En el sistema oral en relación a los testigos se logra que al igual que al imputado el reflejo de su personalidad y resulta esencial el análisis del modo en que deponen, El testigo declara frente al juez con toda la naturaleza, y en el transcurso del debate oral es desenmascarar al testigo que miente o se presume que lo ha hecho, a través de las preguntas referidas a las circunstancias, modalidades y tiempo en que ocurrió el acontecimiento que afirma, por lo que terminara enredándose en su misma red y no podrá sostener sus dichos frente a las preguntas.

En relación a las pruebas periciales la experiencia demuestra que los informes dicen muy poco, por lo que el interrogatorio profundo devela el tema que ha sido sometido al peritaje.  “El juicio oral público, contradictorio y continuo se manifiesta entonces como el modo más natural para poder captar y descubrir la verdad real sobre el hecho delictivo que se presume cometido y que ha motivado la investigación.  Es el medio más eficaz para convencer a todos los protagonistas del proceso penal, ya sea acerca de la inocencia o culpabilidad del imputado a través de la inmediación y la oralidad”.  

El sistema oral requiere la máxima atención del juez o tribunal, puesto que la discusión es viva y directa permitiendo aclarar los puntos oscuros, una de las mayores ventajas del principio de oralidad consiste en que vienen de la mano otros principios esenciales como ya lo hemos mencionado como son: El de la publicidad, la inmediación la concentración y la continuidad, y las libres convicciones o la sana crítica en la apreciación de la prueba lo cual conlleva a una mayor celeridad y economía del proceso. En cuanto al principio de publicidad penal, habilita la participación del pueblo en los más importantes actos de la vida pública, entre los que destaca, la administración de justicia, permitiendo reafirmar el vínculo de los particulares con lo público, la publicidad es la esencia de la forma de gobierno republicana, pues facilita la fiscalización acrecentándose también la responsabilidad por parte de quienes imparten la justicia.

En cuanto al principio de continuidad y concentración, se traduce en la realización del debate en una sola audiencia o de no resultar posible en la menor cantidad de audiencias y con la proximidad temporal de ellas, de manera que se evite que con el transcurso del tiempo se borre la impresión que el juzgador pueda formarse en relación al acusado y los actos del debate que se hallan realizado.  La concentración o continuidad del proceso oral sumado a la inmediatez que le es propia, permite que el juez al momento de dictar la sentencia final, tenga presente en su memoria la impresión que le causo cada una de la diligencias que se llevaron durante el debate las que en definitiva van a servirle de fundamento para la decisión que adopte en relación  la acusación formulada durante el juicio.  En cuanto al principio de contradicción inherente al derecho de defensa, permite a contradecir los elementos de cargo.  Podemos afirmar sin vacilación que el principio de contradicción constituye una exigencia ineludible vinculada al derecho a un proceso con todas las garantías, para cuya observancia adquiere singular relevancia el deber de los órganos judiciales de posibilitarlo.  Este principio impone que en todo proceso judicial debe de respetarse el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes a quienes deben de darse la oportunidad de alegar y probar procesalmente sus derechos.

El principio de inmediación deriva necesariamente del ya desarrollado principio de oralidad, y determina la relación directa que debe de existir en el debate entre el juez, las partes del proceso y los medios de prueba, este postulado implica la recepción de la prueba y el alegato en forma originaria sin interposición de cosa o persona alguna entre el juez y la prueba o las partes, tampoco pueden existir demoras que se interpongan entre la apreciación que hace el juez de la prueba y esta misma.  Sólo los jueces están en condiciones de deliberar con conocimiento en base a las impresiones recibidas a cerca de las pruebas de la imputación.

De esta manera no sólo analizan al imputado, testigos, peritos, etc., sino que emitieron con que emociones se exteriorizaron o reprimieron, los jueces vieron la prueba cara a cara y sus dudas pudieron ser inmediatamente despejadas con sus preguntas en el debate”.

Consecuentemente las pruebas se encuentran en su estado natural y por tal razón no han llegado alteradas por ningún influjo extraño a su naturaleza, por lo tanto para dictar sentencia solo se tendrán en cuenta los actos producidos en el debate.

LA REFORMA CONSTITUCIONAL  Y LA JUSTICIA PENAL

El objetivo principal de la reforma es profundizar en materia penal el proceso y los juicios orales en México, tanto en ámbito federal como local, a través de la regulación de un sistema procesal penal acusatorio, en nuestro derecho mexicano, así como ampliar diversas modificaciones al sistema penitenciario y de seguridad pública con el fin de dotar al estado de elementos suficientes que permitan combatir la criminalidad, la impunidad, así como procurar e impartir justicia pronta y expedita, garantizándose de esta forma la seguridad y sistemas de impartición de justicia a la población en general.  Para tal efecto se establecen las bases jurídicas para el sistema procesal acusatorio fortaleciéndose, los principios de presunción de inocencia, derechos e la víctima, cargas procesales, acción privativa.

“El modelo de justicia penal vigente ha sido superado por la realidad en que nos encontramos inmersos. En tal virtud se propone un sistema garantista en los que se respeten los derechos tanto de la víctima y ofendido, como del imputado, partiendo de la presunción de inocencia para este último.  Tal principio se regirá por los principios de publicidad, concentración, contradicción, continuidad e inmediación, con las características de acusatoriedad y oralidad, propiciando que los procedimientos penales sean más ágiles y sencillos”.

En cuanto a la prisión preventiva se prevé medios alternativos como sustitutos a esta, privilegiándose en todo momento la libertad, en donde se regularán diversos mecanismos que aseguren la reparación del daño y establezcan otros sustitutos.  La reforma ha asumido distintos lineamientos partiendo como principio el establecimiento del principio de inmediación como rector del sistema acusatorio art. 20 constitucional.  “Con la reforma la única prueba que podrá valorarse será la que efectivamente se presente en el juicio asumiendo que producción efectiva implica la presencia de la prueba concreta (el testigo por ejemplo), desahogándose frente al juez y no pudiendo reemplazarse salvo casos de excepción que el mismo art. 20 ha establecido”.

PROPUESTAS Y CONCLUSIONES

  • Modernizar el sistema de justicia penal haciéndolo más funcional y fortalecer el goce y la tutela de los derechos humanos, así como fortalecer la existencia de un poder judicial autónomo y altamente imparcial ya que sólo la existencia de un poder judicial así puede garantizar un mayor acceso a la justicia y una distribución más igualitaria del derecho y por lo tanto un mayor respeto a los derechos humanos.
  • Procuración e impartición de justicia, se necesitan de leyes que ayuden a perseguir y a encarcelar a los delincuentes para que los encargados de hacer valer el estado de derecho actúen con firmeza y honradez de tal manera que ningún acto ilícito quede impune, es urgente la modernización del sistema de seguridad pública, procuración e impartición de justicia mediante instituciones más eficientes y leyes más adecuadas, se requiere de ministerios públicos profesionales, honestos, con ética en el desempeño de sus funciones, así como una policía profesional capacitada, bien remunerada.
  • Crear una institución u organismo de carácter nacional y autónomo que tenga la función de diseñar el programa de política criminal del estado mexicano a partir del estudio que muestren con todo precisión el problema de la delincuencia y de la inseguridad en el país así como de sus causas y el problema concreto que enfrentan los órganos de control estatales.  Asimismo, una lucha contra la internacionalización del delito, como de la delincuencia organizada transnacional, y la internacionalización de la política criminal.
  • Ante  la gran dispersión legislativa y una abundante cantidad de códigos penales y códigos de procedimientos penales en toda la república se propone la unificación de un código penal y de procedimientos penales único, a fin de contar una unidad en la política criminal frente a problemas análogos.
  • Diseñar una política como un programa de política criminal integral coherente en donde se ocupe de la prevención del delito tanto general como de prevención especial, e impulsar políticas públicas de combate a la pobreza y a la marginación social.
  • Modificar el sistema educativo nacional para fomentar los valores éticos y familiares y así lograr un mejor desarrollo de las generaciones futuras.
  • Fortalecer la coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno para combatir la delincuencia en donde a través del sistema nacional de seguridad pública se cree una instancia unificadora para combatir la criminalidad con el objeto de reducir la delincuencia.
  • Crear el archivo Único Nacional  Criminológico.

La reforma estructural al sistema de justicia penal mexicano, la que pretende dar respuesta a las aspiraciones de justicia real y efectiva en México basado en la implementación de justicia penal acusatorio permitirá una mayor eficacia en los órganos que imparten y administran justicia haciéndola más transparente y con mayor prontitud con mayor respeto irrestricto a los derechos humanos consagrados en la constitución política y en diversos instrumentos internacionales de que el estado es parte.  En esta reforma se privilegiará la libertad, el principio de presunción de inocencia, la celeridad y acabe con la impunidad.

FUENTES DE CONSULTA

1.- CARBONELL  MIGUEL. Qué son y para qué sirven los juicios orales. Editorial Porrúa. México. 2008.

2.- GABRIEL TORRES SERGIO Y OTROS. Principios generales del juicio oral penal. Editorial Flores y distribuidor S.A. de C.V. México 2006.

3.- HERNANDEZ PLIEGO JULIO. El proceso penal mexicano. Editorial Porrúa. México 2002.

4.- SUPREMA CORTE  DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. El sistema penal acusatorio en México.

LEGISLACIÓN:

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Fecha 18 de junio del 2008, Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la constitución política, arts. 16, 17, 18, 19, 20, 21, y 22; las fracciones XXI, XXIII del art. 73 la fracción V DEL ART. 115 y la fracción XIII DEL APARTADO B del art. 123, todos de la constitución política.

PIE DE PÁGINA:


MORLINO LEONARDO. Democracias y democratizaciones. México CEPCOM 2005.

CARBONELL MIGUEL. Que son y para qué sirven los juicios orales. Porrúa, México. 2008

Op. Cit., p.34

GABRIEL TORRES Y OTROS. PRINCIPIOS GENERALES DEL JUCIO ORAL PENAL. Ediciones Flores editor y distribuidor. México. 2006.

Op. Cit. P. 54

www.pgr.gob.mx

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. El sistema penal acusatorio en México, 2008.

 

*M.C. BULFRANO PINEDA AVONZA. Profesor de tiempo completo del programa educativo de Derecho, de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero.