Revista Digital de Tecnologías de la Información y Comunicación. Vol. 8, No. 1. Semestre enero-junio de 2012. ISSN: 1870-7505

 

Sistema de elección de los titulares de los organismos públicos de derechos humanos en México

María del Rocío García Sánchez.1
José Sales Nava.2
Guadalupe Godínez Alarcón. 3
Bulfrano Pineda Avonza. 4

 

Resumen

El ejercicio de la función pública debe situarse en la satisfacción del bien común, como meta final. Para ello, deberá someterse a la modernidad de los valores de seguridad, justicia, solidaridad, paz, libertad y democracia. La lealtad, la eficiencia, la integridad y el compromiso con los ciudadanos, son valores esenciales que deberán prevalecer en el ejercicio de la función pública.

Por lo tanto, cuando la meta de una institución pública es proveer a la sociedad de un bien específico e indispensable para su supervivencia o que le generen seguridad en cualquier ámbito, requieren tener una legitimidad reconocida y credibilidad a toda prueba ante la ciudadanía.

Son los controles en una sociedad ideadas por el hombre y que conforman el modo en que las sociedades evolucionan. Pero también es cierto que las instituciones públicas sólo podrán cumplir eficazmente sus funciones si son autónomas e independientes.

Es indiscutible que la elección de quienes representas a la sociedad como es el caso de los titulares de los Organismos Públicos de Derechos Humanos debe ser un medio eficaz para fortalecer la democracia, que les otorgue credibilidad y legitimidad. La elección de sus titulares debe hacerse a través de un proceso de elección sin que los integrantes del poder legislativo antepongan acuerdos o arreglos que obedezcan a intereses de sus partidos políticos o personales.

Palabras clave: valores e instituciones públicas.

Abstract

The exercise of public functions should be placed on meeting the common good, the ultimate goal. You'll need to submit to the modernity of the security, justice, solidarity, peace, freedom and democracy. Loyalty, efficiency, integrity and commitment to the citizens, are core values ​​that should prevail in the exercise of public functions.

Therefore, when the goal of a public institution is to provide society with a very specific and essential to its survival or that generate confidence in any area required to have a recognized legitimacy and credibility of any evidence to the citizenry.

Are the controls in a society designed by man and that shape the way societies evolve. It is also true that public institutions can fulfill their role effectively if they are autonomous and independent.

It is undisputed that the choice of those who represent society as in the case of holders of Public Bodies on Human Rights should be an effective means to strengthen democracy, which gives them credibility and legitimacy. The choice of the owners must be done through an election process without the members of the legislative precedence agreements or interests that they pursue their personal or political parties.

Keywords: values ​​and institutions.

Planteamiento de problema

Las instituciones juegan un papel primordial en los procesos de fortalecimiento y transición democrática, por eso es conveniente revisar la legislación para conocerla mejor y de su estudio derivar cambios que favorezcan y contribuyan a la consolidación de un Estado democrático, en el que impere el beneficio social y los poderes del Estado no actúen simulando una democracia.

En este aspecto, hay disposiciones legislativas que abren posibilidades considerables para que grupos de interés particular, -partidos políticos, sindicatos, intereses privados- exploten esta situación para su beneficio particular.

Es el caso del procedimiento de elección de los titulares de los Organismos Públicos de Derechos Humanos, tanto a nivel nacional como en aquellas entidades federativas en las que la elección es facultad de los órganos legislativos que encierra formas para favorecer al candidato menos idóneo y que convenga a los intereses de las cúpulas de poder entre los partidos políticos. Un ejemplo de esta experiencia se vivió cuando en 2004 el entonces Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos José Luis Soberanes se reeligió a pesar de que se cuestionó su desempeño y el de sus colaboradores, en 2009 la elección de Plascencia Villanueva, como Presidente de la CNDH, volvió a generar polémica el poder legislativo al elegir al menos idóneo de los candidatos para ocupar el cargo.

A nivel local, en varias entidades federativas como son los casos recientes de Sinaloa, Baja California, Jalisco y Oaxaca que han realizado sus procesos de elección, la queja constante es el papel que juegan los órganos legislativos.
  
El artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos apartado B establece que el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Este texto constitucional, agrega además, que tanto la elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de los titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley.

Por su parte, el artículo 10 de la Ley de La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, establece que el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, para ello, se procederá a realizar una amplia auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, así como entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos. Hecho esto, la Cámara de Senadores propondrá al pleno de la misma, una terna de candidatos de la cual se elegirá a quien ocupe el cargo o, en su caso, la ratificación del titular.

Planteado de esta manera pareciera que se trata efectivamente de un proceso democrático y sin que la sociedad organizada quede excluida en los asuntos de gobierno.

Pero, ¿Cuál es la participación de la sociedad en el procedimiento de elección?  Únicamente de consulta.

Sectores de la sociedad, organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos solo podrán opinar sobre los candidatos, pues a quien le corresponde la tarea de proponer al pleno del senado una terna de candidatos o candidatas es a la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Presentada la terna al pleno del senado, se elige por mayoría calificada al titular del Organismo Públicos de Derechos Humanos.

Sin lugar a dudas en el desarrollo y transformación que han sufrido los Organismos Públicos de Derechos Humanos, se ha buscado su independencia y autonomía, desligándolo completamente del poder ejecutivo y sugiriendo que sea el poder legislativo el responsable de su elección, con el propósito de dejarlo exento de condicionamientos o influjos externos, para desempeñar una función debidamente regulada, en beneficio de la población.

Es así, que los Organismos Públicos de Derechos Humanos deben reunir entre otras características:

  1. No estar sujetos a las instrucciones del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial o del Poder Legislativo.
  2. No debe tener influencia proveniente de fuerzas políticas.
  3. Sus titulares deben ser personas con reconocido prestigio y experiencia en materia de derechos humanos.

En Suecia paradigma de esta institución, el ombudsman es elegido por el Parlamento en sesión plenaria, con una duración en su encargo de cuatro años que es el mismo tiempo que dura el Parlamento. El proceso para su elección se prepara por el Comité Parlamentario de los ombudsman. Por tradición este funcionario tiene que ser aceptado por todos los partidos políticos.

El proceso de elección ha sido una sugerencia que ha surgido precisamente de las recomendaciones o propuestas internacionales para un estándar de elección de los titulares de los Organismos Públicos de Derechos Humanos (Principios de Paris).

En el informe denominado: “Sistematización del Monitoreo y Vigilancia del Proceso de Renovación del Titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal” elaborado por  Propuesta Cívica, A. C. se expone que la elección de las y los titulares de los organismos públicos autónomos (OPA) y los poderes autónomos tienen diversas formas en el país, por un lado está el caso en que el nombramiento recae exclusivamente en el Poder Ejecutivo (como en el IFAI); por otra parte, se da cuando el Poder Legislativo es el responsable único de la designación (como los titulares de las comisiones de Derechos Humanos).

En el informe en mención los expertos en procesos de elección opinaron que la designación de los titulares de los OPA por el Poder Legislativo conlleva el riesgo de que al abrir el proceso éste acabe definiéndose por intereses partidistas, por lo que los participantes sugirieron el establecimiento de una serie de candados o herramientas para el proceso de selección de estos titulares.

No obstante, en el caso de México la experiencia nos ha demostrado que las acciones de los integrantes del poder legislativo pueden ser una verdadera simulación, cuando las cúpulas partidistas se ponen de acuerdo y bajo un procedimiento aparentemente transparente de elección, favorecen a uno de los candidatos que conforman la terna.

Es indiscutible que la elección de quienes representas a la sociedad como es el caso de los titulares de los Organismos Públicos de Derechos Humanos debe ser un medio eficaz para fortalecer la democracia, que les otorgue credibilidad y legitimidad. Cuando la meta de una institución es proveer a la sociedad de un bien específico e indispensable para su protección o que le generen seguridad en cualquier ámbito, requieren tener una legitimidad reconocida y credibilidad a toda prueba ante la ciudadanía.

Es en estos momentos las instituciones del país tienen que obtener la confianza política, porque una institución fortalecida cuenta con la confianza y credibilidad de la sociedad

El mecanismo actual de elección con cargo al poder legislativo no permite elegir al mejor, debido a la falta de transparencia en el sistema de elección.

No podemos ocultar que los integrantes del poder legislativo actúan como instrumentos políticos en manos de camarillas que buscan permanecer en el poder, sin importar los valores de la democracia ni el bien común que deben lograr en representación de los intereses de la sociedad mexicana.

Desafortunadamente, las fracciones parlamentarias de los diferentes partidos políticos y obedeciendo a una cooperación partidista, votan en dirección de lo que establezcan los dirigentes de sus respectivas fracciones, afectando su objetividad o independencia de juicio. Lo que constituye en muchas ocasiones, votos no razonados; este fenómeno no solo se presenta en el ámbito federal, sucede también en el local, por lo que se establece la necesidad del ejercicio de la función legislativa de manera más eficaz.

Las mismas vicisitudes oscuras que se presentan en el proceso de elección de los titulares de los Organismos Públicos de Derechos Humanos con cargo a los órganos legislativos son las mismas que se presentan en la elección de los titulares de otros órganos autónomos como sucede con el Instituto Federal Electoral. Es bien sabido que la designación de su Presidente y Consejeros se hace a partir de cuotas partidistas y obviamente esta situación limita la eficacia y credibilidad de la institución.

El poder legislativo es una de las instituciones que menor confianza generan. El congreso, los partidos políticos y la policía son las instituciones con más alto nivel de desconfianza y desaprobación ciudadana Efrén Chávez (2006, p. 14).

Propuesta

El servicio público debe inspirar confianza en los ciudadanos, para fortalecer la credibilidad en el gobierno, sus representantes e instituciones. Los principios éticos del servicio público tienen como fin inducir esa confianza; implica un cambio fundamental en las acciones de cada servidor público que se traduce en hechos concretos orientados al interés y bien público.

El compromiso y apego a las más estrictas normas de ética y moral que incentiven el profesionalismo y estándares de conducta forman parte importante en la credibilidad y el respeto de las instituciones.

Para una sociedad que deposita su confianza en los servidores públicos, frustra sus expectativas cuando aquellos ejecutan sus funciones sin apego a la legalidad y en forma arbitraria, pero sobre todo cuando se evidencia que hay ausencia de principios morales y éticos.

El ejercicio de la función pública debe situarse a la satisfacción del bien común, como meta final. Para ello las funciones que los órganos legislativos desarrollan deberán someterse a los valores de seguridad, justicia, solidaridad, paz, libertad y democracia. La lealtad, la eficiencia, la integridad y el compromiso con los ciudadanos, son valores esenciales que deberán prevalecer en el ejercicio de sus funciones y no a sus intereses personales o de partido.

En este sentido, una alternativa para asegurar un adecuado proceso de elección es que una vez hecha la calificación del perfil de los aspirantes se conforme la terna de aquellos que cuenten con el perfil más idóneo bajo un proceso transparente, incluyente y abierto a la opinión pública, representada por organizaciones sociales de los distintos sectores de la sociedad, así como entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos. Amnistía Internacional ha recomendado que en el proceso de consulta sobre el establecimiento de los Organismos Públicos de Derechos Humanos participen representantes de la sociedad civil, como organizaciones de derechos humanos, defensores de los derechos humanos, abogados, periodistas, especialistas en derechos humanos, miembros de la profesión médica, trabajadores sociales, sindicalistas y organizaciones no gubernamentales en general, Cécile Lachenal, (2009, p. 33)

Hecho esto, la comisión correspondiente de la Cámara de Senadores propondrá al pleno la terna y es aquí cuando deberá emplearse la insaculación calificada,  para elegir, finalmente, a quien será el titular del Organismo Público de Derechos Humanos, solo de esta manera, se elegiría al más adecuado, sin influjos de intereses políticos, sin que los integrantes del órgano legislativo puedan “pactar”, “dar línea” elegir a alguien que solo responda a sus interese de complicidades y arreglos etc.

La Comisión Legislativa de Derechos Humanos, es el cimiento primordial, que vela por el respeto, promoción y protección de los derechos humanos. Mientras no se cuente con un parlamento transparente, responsable, con espacios efectivos de participación y acciones a favor de los derechos humanos, nuestra democracia no podrá fortalecerse.

El procedimiento actual resulta ineficaz debido a que los integrantes de los órganos legislativos realizan prácticas que van en sentido contrario a las recomendaciones internacionales en pro de la estandarización y democratización en el perfil y proceso de elección de los titulares de los Organismos Públicos de Derechos Humanos.

El deterioro de nuestro sistema político es fácilmente perceptible debido a una lucha sin cuartel por el poder, las diferencias ideológicas y los conflictos de intereses; asimismo, es preocupante observar también cómo, arrastrado por la confrontación, en el debate político se olvida de los temas vinculados con la construcción del México al que aspiramos.

En este contexto, es importante resaltar que el fortalecimiento de la democracia mexicana requiere no sólo de la legitimidad de las autoridades, sino también de su confianza y credibilidad en el ejercicio de sus funciones, por ello, es imprescindible que cuando se hable de la independencia y autonomía de los Organismos Públicos de Derechos Humanos, se piense que estos actúan con libertad frente a los poderes públicos para defender los derechos humanos, pero además.

Para la sociedad es importante decidir un nuevo rumbo demandando a sus poderes públicos un contexto democrático de mayor participación de las y los ciudadanos, que permitan al gobierno y sociedad estar organizados y enlazarse en torno a fines comunes en busca de una mayor igualdad, justicia, armonía, bienestar, progreso y desarrollo para todas y todos.

La confianza contribuye a dar sentido y reconocimiento a quienes guían y representan las aspiraciones de una sociedad. Es la seguridad que se tiene en sí mismo, en otro o en algo, la noción convencida de que las cosas son como las percibimos y las deseamos. De este modo, la honestidad y la confianza se fundamentan en la verdad. La honestidad implica respeto y el respeto genera confianza.

Bibliografía

CHÁVEZ Hernández, Efrén, Ética En El Poder Legislativo, Boletín Mexicano de Derecho Comparado N° 115 Enero- Abril 2006, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ed. Anaya, México, 2006.
Ley Orgánica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ed. PAC, México, 2006.

LACHENAL, Cécile Martínez Martínez, Juan Carlos y Moguel Valdés Miguel Los Organismos Públicos de Derechos Humanos, nuevas instituciones, viejas práctica, Ed. FUNDAR (Centro de análisis dedicada a la investigación, capacitación y difusión de temas relacionados con la democracia y la participación ciudadana) México, 2009.

PONCE de León, Armenta Luis, Modelo Trans-Universal del Derecho y el Estado, Ed. Porrúa, México, 2006.

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SERRANO Sandra  La CNDH que Queremos, Ed. FUNDAR (Centro de análisis dedicada a la investigación, capacitación y difusión de temas relacionados con la democracia y la participación ciudadana) México, 2004.

SERRANO Sandra  Análisis del Perfil Requerido para el Titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ed. FUNDAR (Centro de análisis dedicada a la investigación, capacitación y difusión de temas relacionados con la democracia y la participación ciudadana) México, 2004.

Propuesta Cívica, A. C, “Sistematización del Monitoreo y Vigilancia del Proceso de Renovación del Titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal” www.propuestacivica.org.mx

Autores

1. Doctora en Derecho, Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la Unidad Académica de Derecho (Acapulco) de la UAGro; Perfil PROMEP 2010-2013,   Integrante del Cuerpo Académico en Formación “Educar para la Sustentabilidad” correo electrónico: mrociogsz@yahoo.com.mx
2. Maestro en Ciencias de la Educación, Profesor - Investigador de Tiempo Completo de la Licenciatura en Sociología de la Comunicación y Educación de la UAGro. Perfil PROMEP 2010- 2013. Integrante del Cuerpo Académico en Formación “Educar para la Sustentabilidad”, correo electrónico: jlugardo15@hotmail.com
3. Maestra en Psicoterapia Humanista, Profesora-Investigadora de Tiempo Completo de la Licenciatura en Psicología de la UAGro,. Integrante del Cuerpo Académico en Formación “Educar para la Sustentabilidad”, correo electrónico cenself@hotmail.com
4. Maestro en Derecho Penal, Profesor-Investigador de Tiempo Completo en la Unidad Académica de Derecho, de la UAGro Perfil Promep  Email: bulfranopineda@hotmail.com