Revista Digital de Tecnologías de la Información y Comunicación. Vol. 7, No. 2. Semestre julio-diciembre de 2011. ISSN: 1870-7505

 

Reformas Constitucionales en materia de Derechos Humanos

María del Rocío García Sánchez.1
José Sales Nava.2
Guadalupe Godínez Alarcón. 3
Bulfrano Pineda Avonza. 4

 

Resumen.

Las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos publicadas el 10 de junio del presente año marcaron un paso muy importante en la progresividad de los derechos humanos y en el proceso de conjunción del marco normativo nacional a los estándares internacionales de los derechos humanos.

La reforma constitucional implica un cambio gradual que cimentará una verdadera cultura de respeto y protección a los derechos humanos. Otro aspecto importante en este tema es el deber  del Estado mexicano para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Si estas obligaciones no se convierten en prácticas reales por parte de las autoridades, las reformas que ahora aplaudimos serán solo letras escritas y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que desde hace muchos años existen en el país persistirán.

El momento en el que se promulga esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, coincide con el informe: “México, a dos años del Examen Periódico Universal, balance del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, presentado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT)

El documento expone, luego de dos años de la elaboración de estas recomendaciones, una primera evaluación para ver los avances y se plantea que:
“…En general, hay avances significativos en el ámbito legislativo, pero observamos que esto aún no se traduce en políticas públicas que incidan directamente en revertir el contexto de impunidad y de discriminación en contra de grupos vulnerables (como mujeres, pueblos indígenas y migrantes) y en generar un ambiente de seguridad que permita la plena participación de la ciudadanía en procesos democráticos y el pleno disfrute de sus derechos económicos, sociales culturales y ambientales…”

Palabras clave. Respetar, proteger, garantizar, prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones de los derechos humanos

 Abstract.

The recent constitutional reforms on human rights published on June 10 this year marked an important step in the escalation of human rights and in the process of conjunction of the national regulatory framework to international standards of human rights.

The constitutional reform implies a gradual change that paves a true culture of respect and protection of human rights. Another important aspect of this theme is the Mexican state's duty to prevent, investigate, punish and remedy human rights violations. If these obligations are not converted into actual practice by the authorities, who now applaud the reforms will only letters written and systematic violations of human rights for many years in the country persist.

The timing of promulgating this constitutional reform in human rights, agrees with the report: "Mexico, two years after the Universal Periodic Review, balance compliance with the recommendations issued by the Council of the UN Human Rights" presented by the National Network of Civil Human Rights Organizations Network (TDT)

The document sets out, after two years of developing these recommendations, an initial assessment to see progress and states that:
"... In general, there is significant progress in the legislative field, but note that this is not yet reflected in public policies that directly affect reverse the context of impunity and discrimination against vulnerable groups (such as women, indigenous people and migrants) and generating a secure environment to ensure the full participation of citizens in democratic processes and the full enjoyment of their economic, social, cultural and environmental ... "

Keywords. Respect, protect, secure, prevent, investigate, punish and redress human rights violations

Reforma al Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos es uno de los esfuerzos más trascendentales que se han dado en mucho tiempo para la protección de los derechos fundamentales en México.

Algunas de estas reformas son planteadas en el presente trabajo debido a que por la magnitud de las modificaciones hechas a la Constitución Política Mexicana el pasado 10 de junio del presente año, sería muy ambicioso abordar cada una de ellas. Los comentarios que a continuación se exponen,  son únicamente a las reformas de los artículos 1° y 102  porque consideramos son el punto medular en el respeto y protección de los derechos humanos.

Con la reforma, el texto del artículo 1° ha quedado de la siguiente manera:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En el texto de este precepto el término personas sustituyó al de individuo considerando que se trata de un término menos restrictivo, evitando con ello además, el sentimiento de exclusión hacia las mujeres. El termino reconocidos sustituyó al de otorga en el entendimiento de que los derechos humanos son inherentes a la naturaleza humana, se nace con ellos y, por lo mismo no pueden considerarse como una concesión otorgada o conferida por el Estado.   

En el mismo artículo se hace mención a que:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Cuando hablamos de derechos humanos, es usual reflexionar sobre la tarea que tiene el Estado mexicano para proteger y respetar los derechos humanos pero no menos importante es promoverlos, es decir informar, divulgar, publicar entre la sociedad cuales son nuestro derechos humanos. Un factor importante para lograr el respeto a los derechos humanos estriba en el hecho de que hace falta promocionarlos; que los ciudadanos estemos consientes de cuáles son nuestros derechos humanos  y que esta labor de promoción se considere como una obligación de las autoridades.

Pero la responsabilidad del Estado mexicano en materia de derechos humanos no se limita únicamente a respetarlos y protegerlos, también está obligado a garantizarlos para evitar que un daño irreparable se inflija a los miembros de la sociedad, es decir,  es inexcusable la adopción de medidas legislativas, administrativas, presupuestales y judiciales para alcanzar la efectiva realización de los derechos humanos. Dignidad y justicia para todos expresa la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo fin es promover valores básicos de dignidad humana inherente, no discriminación, igualdad, equidad y universalidad.

Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad a que se hacen referencia en el artículo en comento, significa que los derechos humanos son:

  1. Universales porque deben ser disfrutados por todas las personas, en todo momento;
  2. Interdependientes porque existe entre ellos una relación complementaria, lo que significa que el incumplimiento de algunos afecta a los otros derechos;
  3. Indivisibles porque tienen la misma importancia tanto los derechos civiles y políticos como a los derechos económicos, sociales y culturales; y
  4. progresivos porque siempre avanzan, crecen, progresan con el tiempo, con el desarrollo  de la sociedad.

Por lo que respecta a que el Estado mexicano deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Es importante hacer mención de manera reflexiva sobre estos cuatro aspectos.

La prevención en materia de derechos humanos implica emplear medidas y acciones dispuestas con anticipación para evitar o impedir que se cometan violaciones. Estas medidas y acciones tienen que ver con el respeto a la legalidad en todos los sentidos y ámbitos, con la conducta ética y moral de los servidores públicos encargados de la impartición y procuración de justicia que conlleven al fortalecimiento de las instituciones públicas, con la educación como medio de promoción difusión de los derechos humanos para que los ciudadanos luchen por ellos y presionen a los gobiernos para que los respeten.

El compromiso del Estado de investigar violaciones a los derechos humanos es distinta a la facultad que con la nueva reforma se les ha otorgado constitucionalmente a los Organismos Públicos de Derechos Humanos, atribución que anteriormente le correspondía sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en este caso, se trata no de una facultad sino de una obligación inherente al Estado mexicano, lo que significa que no deberá anteponerse la protección de la autoridad que se investiga, la confabulación y el ocultamiento de información que ella misma propicie. Un Estado es responsable de una violación de los derechos humanos cuando se puede demostrar que sus acciones u omisiones no se ajustan al marco jurídico de protección nacional o internacional en materia de derechos humanos.

Curiosamente estas reformas constitucionales  coinciden con las fechas en que se dan a conocer los informes de dos organismos internacionales protectores de los derechos humanos como son:

El primero en junio de 2011emitido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU denominado: “México, a dos años del Examen Periódico Universal, balance del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por Consejo de Derechos Humanos”, en el que se dan a conocer que en 2011 aproximadamente 40,000 personas han sido asesinadas a causa de la violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado. El gobierno considera como principales responsables de la violencia a los grupos delincuenciales, eludiendo la responsabilidad de las policías locales y los militares en el número creciente de violaciones a los derechos humanos. La ausencia de un mecanismo efectivo para los operativos y responsabilizar a las fuerzas de seguridad por sus acciones cuando éstas violan derechos humanos perpetúa mayores abusos y mina la capacidad civil para confiar y colaborar con las instituciones de seguridad en la guerra contra cualquier tipo de crimen presentado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT)

El segundo en noviembre de 2011 formulado por Human Rights Watch, denominado: “Ni Seguridad, Ni Derechos Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico de México”  a través del cual da cuenta, a través de investigaciones exhaustivas llevadas a cabo en cinco entidades federativas más violentas del país, de evidencias que sugieren fuertemente que miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 “desapariciones” y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006.4

El cambio hacia sociedades más democráticas y la equidad social, depende en gran medida del actuar honesto de las instituciones públicas, sin conceder privilegios, con apego a la legalidad y castigando a quien trasgreda la ley.

Sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, son una muestra de que se actúa evitando que tal violación quede impune. Al respecto, la Corte Interamericana ha definido la impunidad (caso Paniagua Morales y otros, sentencia del 8 de marzo de 1998) como:
 “La falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”.

El Estado que se constituye y funciona bajo normas jurídicas se llama Estado de derecho. Dentro de éste se asegura el respeto de los derechos humanos y el actuar de la autoridad se basa en la justicia, entendida esta última como un valor que permite además, la igualdad y la equidad como base de la convivencia social. Un Estado de derecho no puede existir sin una organización eficiente y profesional de todas sus estructuras e instituciones, esto incluye desde luego a aquellas que tengan que ver con la organización y el funcionamiento del sistema de justicia.

En este orden de ideas la impunidad en el ejercicio del poder durante las cuatro últimas décadas permitió la injusticia, la ilegalidad y el desprecio ante todo tipo de protesta manifestada por la ciudadanía. El alimento de la corrupción ha sido la impunidad, la certeza de que la disciplina política sería premiada con la libertad plena para cometer abusos de autoridad. A su vez, las olas concéntricas de la corrupción produjeron un incremento de la impunidad, con lo cual se generó un círculo vicioso que atrapó a casi todas las instituciones públicas del país.

Respecto a la obligación que tiene el Estado mexicano de sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, es importante hacer referencia al Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la Impunidad.5

Principio 19:
“Los Estados emprenderán investigaciones rápidas, minuciosas, independientes e imparciales de las violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y adoptarán las medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia penal, para que sean procesados, juzgados y condenados debidamente.”

El deber del Estado mexicano de reparar el daño causado por violaciones a los derechos humanos, ha quedado plasmada en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos.6
Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.”

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado en su jurisprudencia que:

“Es un principio de derecho internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere de la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior y en la reparación de las consecuencias que la infracción produjo, así como el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados”

Reforma al Artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Una adición ligada indudablemente con el artículo 1°, es el segundo párrafo al artículo 102 apartado B y que tiene que ver con el respeto, protección, sanción y reparación del daño por violaciones a los derechos humanos, es el que establece que:
Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

Con la reciente reforma existe la obligación de todo servidor público de responder a las recomendaciones que emitan los organismos protectores de derechos humanos y, en caso de no ser acatadas, tendrán que  fundamentar, su negativa y será facultad de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso, de hacer comparecer a las autoridades o servidores públicos para que expliquen el motivo de su negativa.

¿Y después de escuchar las explicaciones de los servidores públicos que no acaten las recomendaciones?

Las reformas aprobadas por los senadores que elevan a rango constitucional los derechos humanos, no hacen vinculatorias las recomendaciones de los organismos públicos de derechos humanos. Son vinculatorias aquellas resoluciones de carácter obligatorio que crean deberes u obligaciones y respecto de los cuales existen órganos que cuentan con las facultades para hacerlos cumplir, como por ejemplo una sentencia de un tribunal, que es una resolución vinculatoria y las obliga a acatarla.

Las recomendaciones de los organismos públicos de derechos humanos no deben ser vinculatorias porque implicaría invadir competencia de otras autoridades al permitir que dos órganos diferentes conocieran del mismo asunto y pudieran resolverlo en forma contradictoria; son instrumentos por medio de los cuales se expresa una opinión de que se ha causado una violación, por la que se recomiendasugiere las medidas necesarias para enmendar esta violación y, de la misma forma recomienda o sugiere se apliquen sanciones a los servidores públicos que han incurrido en conductas violatorias de derechos humanos.

Cuando los servidores públicos no acatan  recomendaciones de los organismos públicos de derechos humanos, no existe ninguna fuerza legal que los obligue. La única fuerza que los puede obligar es la moral y ética  debido al compromiso que como servidores tienen con la sociedad cuando aceptan el cargo. En realidad,  para no integrar un mal historial curricular debido a las descalificaciones públicas, de las que puedan ser sujetos por no acatar dichas recomendaciones.

 Fuentes de Consulta.

     

    1. Doctora en Derecho, Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la Unidad Académica de Derecho (Acapulco) de la UAGro; Perfil PROMEP 2010-2013, Integrante del Cuerpo Académico en Formación “Educar para la Sustentabilidad” correo electrónico: mrociogsz@yahoo.com.mx.
    2. Maestro en Ciencias de la Educación, Profesor - Investigador de Tiempo Completo de la Licenciatura en Sociología de la Comunicación y Educación de la UAGro. Perfil PROMEP 2010- 2013. Integrante del Cuerpo Académico en Formación “Educar para la Sustentabilidad”, correo electrónico: jlugardo15@hotmail.com
    3. Maestra en Psicoterapia Humanista, Profesora-Investigadora de Tiempo Completo de la Licenciatura en Psicología de la UAGro, Integrante del Cuerpo Académico en Formación “Educar para la Sustentabilidad”, correo electrónico cenself@hotmail.com
    4. Maestro en Derecho Penal, Profesor-Investigador de Tiempo Completo en la Unidad Académica de Derecho, de la UAGro Perfil Promep  Email: bulfranopineda@hotmail.com