Revista Digital de Tecnologías de la Información y Comunicación. Vol. 4, No. 1. Trimestre enero-marzo de 2008. ISSN: 1870-7505

 

Justicia y Educación Ambiental en el Plan Nacional de Desarrollo.

María del Rocio García Sánchez *

Introducción

En un gobierno democrático, el Plan Nacional de Desarrollo constituye la herramienta fundamental para hacer realidad los requerimientos que la sociedad demanda. El Plan Nacional 2007-2012 sintetiza al desarrollo humano sustentable como premisa básica para el desarrollo integral del país, junto con cinco ejes de política pública para dicho plan: 1) Estado de Derecho y seguridad; 2) Economía competitiva y generadora de empleos; 3) Igualdad de oportunidades; 4) Sustentabilidad ambiental, y; 5) Democracia efectiva y política exterior responsable.

 En este sentido, la propuesta que hace el Presidente de la Republica Felipe Calderón Hinojosa en el Plan Nacional de Desarrollo contempla: fortalecer el Estado de Derecho garantizando certidumbre legal y jurídica a las personas; sin embargo los ciudadanos mexicanos no necesitamos que un plan se pierda en buenas intenciones, en prometer y proponer el estricto cumplimiento de los ordenamientos jurídicos, cuando la impunidad en materia ambiental, esta vulnerando y atacando de manera feroz a la sociedad mexicana. Un país que contamina en alta proporción, recibe presiones de la comunidad internacional, con la consecuencia de no obtener créditos y proyectar una mala imagen.

Pero además de garantizar el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos, es necesario crear una legislación ambiental que impulse la certeza jurídica, congruente con la problemática y exigencias de nuestro entorno natural, pues en algunas ocasiones, desde el momento en que una ley entra en vigor puede dejar caminos abiertos o posibilidades para que no se castigue a quien ha cometido una falta.

Otro aspecto que se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo, es el que se refiere a la educación y cultura ambiental. Por lo que para poder generar entre la sociedad mexicana estos dos contextos, se exige a los distintos actores de la administración publica, compromisos y responsabilidades en la aplicación del modelo económico, político, ambiental y social, pues una realidad innegable que no permite alcanzar la calidad de vida y que debe tomarse en cuenta para poder generar educación y cultura, es la falta de acceso a la igualdad, a trabajar y recibir un salario digno, el acceso a la educación y a la salud.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 esta estructurado en cinco ejes de política publica para lograr el desarrollo integral del país. Se tratan de las prioridades nacionales que habrán de regir el desempeño de la administración del Presidente de la Republica Felipe Calderón Hinojosa, y que son:

  1. Estado de Derecho y seguridad.
  2. Economía competitiva y generadora de empleos
  3. Igualdad de oportunidades
  4. Sustentabilidad ambiental
  5. Democracia efectiva y política exterior responsable

Respecto al Eje 4 que describe aspectos relacionados con la sustentabilidad ambiental, he de referirme a dos subejes: el 4.4 sobre la gestión y justicia en materia ambiental y el 4.9  sobre  la educación y cultura ambiental.

Entre las estrategias que conforman el subeje 4.4 se establece la necesidad de: “…Asegurar la adecuada aplicación del marco jurídico por parte de la autoridad, así como garantizar el estricto cumplimiento de los ordenamientos jurídicos ambientales a través de acciones de inspección, vigilancia y reparación de daños...”

       Sin embargo, cuando en cada sexenio se da a conocer el Plan Nacional de Desarrollo, las buenas intenciones y propósitos para lograr la sustentabilidad ambiental, sobre todo cuando se habla de garantizar el estricto cumplimiento de los ordenamientos jurídicos difiere mucho de la realidad.

 En Guerrero, algunos de los problemas que tienen que ver con el incumplimiento de los ordenamientos jurídicos ambientales y su consecuente impunidad se generan en la zona de la montaña.
 
La deforestación ocasionada por incendios y tlacololes (cuando se prepara la tierra para sembrar maíz), el cultivo de enervantes y la tala clandestina de árboles, son constantes que afectan el entorno ambiental. No obstante que Guerrero se caracteriza por ser uno de los estados del país, con mayor pobreza y marginación, es rico en biodiversidad, por ello ambientalistas nacionales e internacionales han propuesto que la zona de la montaña sea declarada área natural protegida y reserva de la biosfera.  

Por otra parte, uno de los ecosistemas que más rápido están desapareciendo en Guerrero y que funcionan como barrera natural contra los huracanes son los manglares. La destrucción de manglares va asociada a la devastación de lagunas costeras por la construcción de desarrollos turísticos, por lo que se hace necesario abrir las barras arenosas para dragado, modificar el curso del agua, cortar los mangles y rellenar, por lo que no sólo se destruye el mangle en sí mismo, sino a todo el ecosistema y procesos que ahí mantienen la vida, violando flagrantemente las leyes y poniendo en grave riesgo el equilibrio ecológico.

Un sinnúmero de acontecimientos notorios que han tenido como resultado la contaminación de cuerpos de agua, suelos, subsuelos, manto freáticos y acuíferos, han servido para comprobar que el desempeño irregular del servicio público puede ocasionar daños ambientales, especialmente cuando se diseñan mal o se permiten asentamiento humanos irregulares en zonas catalogadas de alto riesgo por estar asentadas sobre fallas geológicas, mantos acuíferos sobre explotados, suelos erosionados, en peligro de deslaves e inundaciones.

Durante mucho tiempo, en Guerrero se han tolerado daños ambientales por quienes se encuentran en posiciones de poder y que han afectado el entorno natural de los bosques de la Costa Grande, por ejemplo, cuando en 1995 el gobernador del estado de Guerrero, Rubén Figueroa, otorgó a la compañía Boise Cascade, los derechos exclusivos sobre los bosques de la Costa Grande de la región. Desde entonces la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), acusa formalmente a la Unión de Ejidos Rubén Figueroa ante la Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente (PROFEPA) y denuncia la falta de atención por parte de las autoridades, además, solicitan apoyo para la reforestación de la zona y se evalúe el impacto ecológico de la tala en la zona. Dichas peticiones fueron ignoradas 1.

La corrupción dentro de la administración pública es un factor que contribuye al deterioro del medio ambiente. Desde luego que la corrupción no se trata de una característica propia y única de los servidores públicos sino que involucra al sector privado, pues los actos corruptos de los ciudadanos han permeado a las instituciones publicas.

Ante este panorama, los legisladores mexicanos han establecido como principio de política ambiental de México: “quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar al medio ambiente  esta obligado a repara los daños que se causen, así como asumir los costos que dicha afectación implique” apuntando con ello la necesidad de desarrollar la legislación sustantiva y procesal relativa a la responsabilidad ambiental

      Pero la impunidad también existe desde el momento en que una ley en vigor deja caminos abiertos o posibilidades para que no se castigue a quien ha cometido una falta. Es, por ello, que cuando en el Plan Nacional de Desarrollo se hace mención a promover el establecimiento y respeto de un marco jurídico garante del desarrollo sustentable de actividades económicas, podemos darnos cuenta que lo dispuesto en el Plan, se aparta mucho de la realidad.

El sistema de responsabilidad ambiental aplica, por ejemplo, en situaciones en donde el deterioro ambiental ha sido ocasionado por accidentes industriales o por la contaminación causada por sustancias o residuos tóxicos vertidos porfuentes identificables. En cambio, no es un instrumento adecuado para los casos de contaminación generalizada, donde no es posible relacionar los efectos negativos de determinados agentes sobre el medio ambiente como, por ejemplo, el efecto sobre el cambio climático producido por emisiones de CO2, el deterioro de los bosques como consecuencia de la lluvia ácida o la contaminación atmosférica causada por el tráfico.

En la legislación federal mexicana, el concepto de daño se encuentra estipulado en el artículo 2108 del Código Civil Federal que lo define como: “la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación”.

Esta definición es muy restringida para la materia ambiental, ya que se circunscribe al ámbito patrimonial que una persona tiene sobre alguna cosa de su propiedad, y no incorpora el interés que las personas pudieran tener, de manera individual o colectiva, sobre la protección a su derecho a un medio ambiente adecuado.

En México, la responsabilidad por daños al ambiente se encuentra regulada por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) que en su artículo 203 señala las acciones que constituyen el ilícito o daño ambiental:
Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad, será responsable y estará obligada a reparar los daños causados, de conformidad con la legislación civil aplicable. El término para demandar la responsabilidad ambiental será de cinco años contados a partir del momento en que se produzca el acto, hecho u omisión correspondiente.

El término de cinco años para demandar la responsabilidad resulta un impedimento para la justicia ambiental, ya que los efectos de contaminación al medio pueden presentarse muchos años después.

Como ya se menciono, el Código Civil Federal define el daño, mientras que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define la responsabilidad por daños ambientales, pero no existe en este último ordenamiento una definición de daño ambiental, sino que utiliza el término desequilibrio ecológico.

En este orden de ideas, no es suficiente que en cada sexenio se incluyan estrategias en el Plan Nacional de Desarrollo que promueva el respeto de un marco jurídico ambiental o garantizar el estricto cumplimiento de los ordenamientos jurídicos ambientales. Importante es también que se realice una revisión y adecuación de la legislación ambiental que no deje caminos abiertos a la impunidad.

En cuanto al subeje 4.9  que se refiere a la educación y cultura ambiental, ambos elementos, considero se encuentra muy relacionado con el respeto no solo a nuestro entorno natural,  sino también a la legalidad, pues la contaminación y la impunidad ambiental se están instituyendo como una tendencia predominante.

La educación ambiental debe entenderse como un proceso de aprendizaje que facilita la comprensión de las realidades del medio ambiente, que ha conducido a su actual deterioro; que tiene como propósito que cada individuo posea una adecuada conciencia de dependencia y pertenencia con su entorno, que  se sienta responsable de su uso y mantenimiento.

Las dos ultimas décadas, se han caracterizado por una intensa crisis ambiental que padece nuestro país, la cual esta alcanzando límites de irreversibilidad. La contaminación y la impunidad ambiental se están instituyendo como una tendencia predominante. En este sentido, la mayoría de las formas de contaminación están ocasionando daños irreversibles, por ello es necesario también establecer dentro de las políticas ambientales medidas preventivas para evitar que se produzcan daños.

¿Cómo se puede generar educación y cultura ambiental cuando en los niveles de pobreza en México no se han observado cambios estadísticamente significativos?

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares realizada en 2006 revelo que el 42.6% del total del número de mexicanos se encuentran en condiciones de pobreza patrimonial 2 ;es decir, cada uno tiene un ingreso mensual hasta de mil 625 pesos, monto menor al necesario para cubrir necesidades básicas de alimentación, vestido, calzado, vivienda, salud, transporte público y educación.

 El tener acceso a servicios eléctricos o telefónicos era hace cincuenta años casi un lujo, hoy es una necesidad para participar en la sociedad; el tener acceso a radio o televisión, podía considerarse también un lujo hace cuarenta años, hoy no tener ese acceso aumenta la marginalidad de los grupos que no lo tienen ya que no les permite tener información para participar en la sociedad.

No es posible la protección del medio ambiente sin eliminar la pobreza y erradicar el hambre, sin garantizar el acceso a la educación, a la salud  y a los servicios eléctricos.

Es necesario dar a cada persona las oportunidades para que adquiera los conocimientos, valores, actitudes, compromisos y habilidades necesarios para proteger y mejorar el ambiente, pero cuando estas condiciones se presentan en un grupo social, éste ve muy difícil la modificación de su situación social y cultural, ya que un aspecto incide en los otros.

CONCLUSIONES

  1. Los daños ambientales cometidos por personas en el ejercicio de la función pública permite la impunidad en el ejercicio del poder, dejando como mensaje final para la ciudadanía que no confíe en el Estado, que no presente denuncias.
  2. Aplicar la normatividad ambiental vigente para establecer la responsabilidad puede resultar complejo porque no hay garantías suficientes que aseguren la protección del medio ambiente esto significa que no se puede brindar seguridad y certidumbre jurídica a todos los ciudadanos.
  3. Genera  educación y cultura ambiental  entre la sociedad son factores que por si solos no podrán alcanzar la sustentabilidad ambiental, hay que eliminar las desigualdades sociales.
  4. La educación ambiental debe cuestionar los actuales modelos de desarrollo, es importante concebir al ambiente en forma integral, es decir, considerar que también forman parte de ella aspectos tecnológicos, sociales, económicos, políticos y morales.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

  1. Azuela de la Cueva, Antonio, “Políticas ambientales e instituciones territoriales en México”, en Desarrollo Sustentable. Hacia una política ambiental, Edit. UNAM, México, 1993.
  2. Campos Díaz Barriga, Mercedes “La Responsabilidad Civil por Daños al Medio Ambiente. El caso del agua en México” Edit Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM 1998.
  3. González Gaudiano, Edgar. 2000. Complejidad en educación ambiental, en Revista Tópicos en educación ambiental, Vol 2, Núm.4, Universidad de Guadalajara.
  4. Jaula, José Alberto: “Algunos problemas sociales de la protección del medio ambiente frente al desarrollo sostenible”. Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”. Junio, 2002.
  5. Martín Mateo, Ramón, “La revolución ambiental pendiente”, en Revista Mexicana de Legislación Ambiental, enero-abril 2000, año 1, No. 2. México.

CITAS

1. Gutiérrez  Maribel,  “Rogaciano Alba, señalado entre un grupo civiles armados que reprimen en la sierra” La Jornada, Guerrero,  
   7 de Junio de 2002.

2. Elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)

 

MC María del Rocio García Sánchez, Maestra en Ciencias Penales del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Profesora de Tiempo Completo del P.E. de Derecho de la U.A. de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Reconocida con Perfil Deseable del Programa de Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior (SEP)
Integrante del Cuerpo Académico. “Territorio y Desarrollo Regional Sustentable” de la U.A. de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Guerrero.