Revista Digital de Tecnologías de la Información y Comunicación. Vol. 6, No. 2. Semestre julio-diciembre de 2010. ISSN: 1870-7505

 

ESDEPED 2010-2011: Un ejemplo de contracultura de la evaluación en la UAG

Marco Antonio Basilio Loza *

 

Año tras año se convoca a los profesores de la Universidad Autónoma de Guerrero a concursar en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente. En cada uno de los periodos administrativos, las autoridades universitarias han ofrecido darle orden, transparencia y objetividad al proceso de evaluación, lo que aparentemente no ha ocurrido.

Especialmente en este rectorado –el del Dr. Ascencio Villegas Arrizón- los problemas en torno a la evaluación se han magnificado, según muestra la forma en que recientemente se llevó a cabo el mencionado proceso y el número de profesores que recurrió al recurso de impugnación. De acuerdo con los datos emitidos por la Dirección de Docencia de la UAG de 369 que salieron beneficiados con algún nivel de beca, (Véase el Sur de Acapulco del 11 de octubre de 2010) 194 recurrieron al recurso de impugnación (Véase el Informe de Resultados Definitivos emitido por el Comité de Apelación 2010-2011), de los cuales, sólo a 28 les resolvieron positivamente, es decir, más de la mitad de los profesores que obtuvieron algún nivel de beca manifestaron estar  inconformes con este proceso de evaluación. Las dificultades suscitadas no son nuevas ni propias de este rectorado, también han existido en periodos anteriores, pero es en éste, donde al parecer han alcanzado su máximo nivel, o al menos, el nivel en que los universitarios las pueden tolerar.

Tradicionalmente, se ha considerado que uno de los problemas de la evaluación que más ha trascendido, es el de su objetividad, por lo que las diferentes administraciones se han encontrado con tres grandes inconvenientes:

  1. Con buscar un método para conformar el Comité Evaluador
  2.  Con encontrar fórmulas para hacer participar al alumnado en la evaluación del trabajo docente
  3.  Con la ambigüedad del reglamento.

En el aspecto de la estructuración del Comité Evaluador, el reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente y la misma convocatoria de este año publicada el 30 de julio de 2010, indican que el Comité Evaluador se integrará por docentes de reconocido prestigio, con nivel académico de maestría o doctorado, seleccionados por la Dirección de Docencia y el Comité Asesor, pero propuestos por su centro de adscripción o cuerpo colegiado.

Como se observa, el espíritu de esta regla indica un procedimiento para conformar al Comité Evaluador, siguiendo una trayectoria de abajo hacia arriba, porque son las Unidades Académicas las que deben proponer a los candidatos y ser seleccionados por las autoridades universitarias, la Dirección de Docencia en este caso. Este procedimiento se ha respetado en algunos periodos administrativos, pero en otros no, especialmente en esta administración, dicho reglamento no se aplicó, ya que en realidad ninguna Unidad Académica de la UAG fue formalmente convocada a proponer evaluadores, más bien, dicho comité se constituyó por mandato de las mismas autoridades universitarias. No obstante, así como en ésta, en otras administraciones se ha intentado fijar un procedimiento, en unas, fundamentándose en el reglamento, en otras, marginándolo, pero en ninguna de ellas se ha logrado otorgarle objetividad al ya mencionado proceso de evaluación.

Otro de los problemas que empaña el proceso de evaluación de este importante programa, es la manera en que los estudiantes valoran la práctica pedagógica de su profesor. El reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente señala en su capítulo V numeral 5 que para ser considerado como beneficiario del programa, el profesor deberá ser evaluado por los estudiantes con un mínimo de 56 de los 80 puntos posibles, lo que por supuesto, no volvió a ocurrir en esta convocatoria, pues ninguno de los docentes fue evaluado por ordenes de la Dirección de Docencia o del Comité Evaluador, lo que invita a hacer las siguientes preguntas: ¿Qué puntaje se asignó en este rubro a cada profesor participante en el programa?, ¿si no existió tal puntuación, qué criterio se siguió para establecer el cómputo final de cada maestro?, ¿es posible en un proceso que evalúa el desempeño del docente hacer a un lado la puntuación otorgada por los alumnos que son los únicos que presencian dicho desempeño en el aula? En mi humilde opinión considero que esto no es posible, pero si  para las autoridades universitarias, lo es, entonces pregunto ¿dónde está la objetividad y la transparencia del referido proceso de evaluación? De igual manera, en otras administraciones se ha pretendido aplicar el reglamento, diseñando sus propios instrumentos de evaluación y fijando un procedimiento para su aplicación, no obstante, también aquí se ha fracasado en el intento de lograr la tan pretendida objetividad.

Sin embargo, lo que viene a hacer más compleja la problemática citada es el carácter ambiguo y poco claro del reglamento, lo que se observa en sus diferentes partes constitutivas, dando lugar a interpretaciones diversas que serán luego utilizadas para afectar o beneficiar a ciertos profesores, dependiendo de su ideología o pertenencia a grupos políticos universitarios. Así por ejemplo, en su capítulo V numeral 7 del reglamento, se afirma que los profesores del Nivel Superior deben presentar el título y la Cédula Profesional del Nivel Académico último adquirido. Y además, contar con el grado mínimo aceptable (maestría o especialidad médica con orientación clínica) o grado preferente (doctorado) reconocido por el Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). Agregando que, los docentes del nivel superior y el postgrado que no cuenten con la vigencia de dicho perfil, sólo podrán aspirar al nivel cuatro, como máximo.

Este punto es relativamente claro y no debe generar ninguna controversia, pues se afirma que para tener acceso al estímulo docente es necesario para los profesores de Nivel Superior tener su Perfil Promep vigente y de ningún modo se señala que el acceso a dichos estímulos se determine por la proporcionalidad de tiempo en que se goza de dicho reconocimiento. Sin embargo, especialmente en esta administración se actuó al margen de esta regla, aplicando criterios no reglamentados, perjudicando directamente a un número indeterminado de profesores. Su argumento consistía en que dichos maestros no podían tener acceso a los niveles que les correspondían por que en un momento del año que se evalúa no contaban con el mencionado reconocimiento, lo cual, por supuesto, no se encuentra estipulado, ni en la convocatoria emitida, ni en el reglamento al que se hace referencia, por lo que tal criterio es totalmente antirreglamentario. Sin embargo, se aplicó, posiblemente de manera selectiva, es decir, sólo a aquellos docentes que no se ajustan a los lineamientos impuestos por el grupo político al que pertenece el rector.

A estas actitudes perjudiciales se agrega otra práctica que se repite continuamente en cada una de las convocatorias del multicitado programa, incluida esta última, ella es, el incumplimiento de los lineamientos establecidos por la convocatoria, especialmente los relativos a las fechas, lo que hace que dicha convocatoria sea vea como poco seria, informal y sin transparencia. Es el caso de los plazos establecidos para la publicación de los resultados, los cuales,  habitualmente nunca se cumplen, lo mismo que los tiempos de entrega-recepción de la documentación y la realización de la evaluación por parte del Comité Evaluador.

Por otro lado, el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente según su reglamento, tiene objetivos claros y precisos, orientados a mejorar los servicios que ofrece la Universidad, a elevar la calidad de los Programas Educativos, a impulsar el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos y colegiados, promover la superación académica y consolidar el equilibrio e integración de las funciones sustantivas. Sin embargo, ante la existencia de tantos problemas con los que funciona, es pertinente proponer que se realice una valoración del impacto que dicho programa está teniendo en la transformación de la realidad educativa universitaria y demostrar que dichos objetivos realmente se están cumpliendo. Por ello, es necesario implementar un proceso de evaluación tanto interna como externa que demuestre sus debilidades y fortalezas, así como el nivel de sus resultados alcanzados. Asimismo, es pertinente replantear el reglamento de este programa, procurando darle mayor claridad y disminuir el nivel polisémico de sus reglas a fin de evitar perjudicar por interpretaciones intencionadas o no a un buen número de profesores También, es necesario que estas reglas se apliquen correctamente, sin distingos y con equidad a todos los universitarios, sin importar ideología o pertenencia a grupos políticos, para lo cual, es conducente, que tanto las autoridades universitarias, como los miembros del Comité Evaluador, tengan claro que la evaluación no llegó a la Universidad para afectar a sus contrarios, ni para beneficiar a sus correligionarios,  sino más bien, como está planteado en los objetivos del programa, para mejorar el ejercicio de las funciones sustantivas de la Universidad.

 

 

*Docente de la Unidad Académica de Sociología y miembro del Cuerpo Académico “Educación, Cultura y Sociedad”