Revista Digital de Tecnologías de la Información y Comunicación. Vol. 10, No. 1. enero-junio de 2014. ISSN: 1870-7505

 

La tecnología, la Justicia y los derechos humanos en México

  1. Mc. Bulfrano Pineda Avonza*
  2. Dr. Joaquín Reyes Añorve.*

 

Sumario: Resumen; 1.- Introducción; 2.- Derechos humanos y justicia; 3.- La implementación y usos de la Tecnología en la Justicia; 4.- La aportación de la tecnología en la implementación de la justicia en México; 5.- Derecho a la administración de Justicia de manera eficaz, pronta y expedita; 6.- Beneficios en la administración de justicia y en las políticas públicas de las Tics; 7.- ¿Cómo entender la justicia la democracia en un Estado social y democrático?; 8.- El uso de la tecnología en el procedimiento de amparo, 9.- Recomendaciones para establecer un sistema judicial justo, Conclusión, Fuentes de información.

Resumen:
Con el comienzo del siglo XXI, inicia un despliegue tecnológico y una sociedad altamente informatizada, ya no se puede concebir a los seres humanos sin una interdependencia e interacción en este mundo globalizado; prácticamente todas las actividades económicas, sociales, científicas, culturales y la actividad pública, se transmiten a través del poder de la informática y otros medios tecnológicos; es así como el derecho, ha incorporado a las tecnologías de la información para hacer una justicia pronta, expedita, efectiva e imparcial, a favor de los justiciables, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no solo se puede hacer uso del derecho de petición, por escrito hacia las autoridades de todos los órdenes de gobierno, sino también por medios electrónicos y digitales.   Palabras clave: Tecnología de la información, Tics, Justicia, derechos humanos, impartición de justicia, autoridades, Poderes públicos, Gobierno, personas vulnerables y leyes.

 

1.- Introducción
El siglo XXI, se manifestó por los cambios vertiginosos en todos los aspectos de la vida social, económica, cultural y política, pero sobre todo en el aspecto tecnológico ésta se denotó impresionante. Por eso se le llama la era de la sociedad informatizada. Los fluidos de información por el Internet y otros medios de comunicación llegan en segundos en las redes y bancos de datos, por ello la ciencia del derecho ha alcanzado cambios importantes en casi todas las áreas, sobre todo en el área del comercio, las transacciones financieras. En particular  la administración y procuración de justicia, estas han experimentado importantes modernizaciones; en la administración pública el gobierno ha modernizado sus sistemas tanto de control social, fiscalización y recaudación de impuestos, con la introducción de las tecnologías que hacen que esta actividad gubernamental y de impartición de justicia sea más eficiente, pronta y expedita.  
*Profesor de tiempo completo de la Unidad Académica de Ciencias Sociales-Derecho Acapulco, titular de las Unidades de aprendizajes Derecho Constitucional y Procesal constitucional.
*Docente de la Unidad Académica de Ciencias Sociales-Derecho y de la Maestría de Derecho Laboral de la Universidad Autónoma de Guerrero; Integrante del Cuerpo Académico “Educar para la Sustentabilidad”.

2.- Derechos humanos y la justicia
A finales del siglo XVIII, envueltos en el ambiente ilustrado que preconizaba la autonomía como principal distintivo del ser humano, cuyo fin era la libertad, se hacen públicos algunos textos básicos del ideario de la revolución burguesa, cuya doctrina sería el iusnaturalismo racionalista, todos los seres humanos poseen derechos naturales que dimanan de su racionalidad y que deben ser reconocidos por el poder político.

La Declaración de Independencia de los Estados Unidos y las sucesivas Declaraciones de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, tienen en común a partir del reconocimiento de que ‘‘todos los hombres fueron creados libres e iguales’’ de que la dignidad del ser humano no le es intrínseca, sino que proviene del hecho de haber sido creado a imagen de Dios, es decir, una dignidad, un sentido y énfasis en considerar a la libertad como la señal de identidad que tiene que guiar la acción de los poderes públicos. Estas declaraciones, que sientan las bases del Estado liberal de derecho y conciben al ciudadano como el titular de unos derechos que no pueden ser atropellados por ningún tipo de poder arbitrario, inspiran la implantación de los Estado-Nación” (Jiménez Asensio Rafael: 2001).

Desde este punto de vista, los derechos humanos son concebidos como derechos de defensa de las libertades del individuo que exigen la no injerencia de los Poderes públicos en su vida privada; la acción del Estado, queda limitada a preservar el orden público, como una policía administrativa.  Es la época de la primera generación de los derechos humanos, o también, la época de los derechos civiles y políticos.

El Estado liberal de derecho dejaba de ser un mero árbitro garante exclusivamente de las libertades individuales y asumía tareas de mayor alcance social, o corría el riesgo de ser arrollado por la creciente marea social que, dado su mayor alcance y profundidad, lo amenazaban con fuerza en sus propias bases. Es en este contexto, a finales del siglo XIX y durante la primera mitad del XX, en donde comienzan a atisbarse, primero, a adquirir carta de naturaleza, después, una nueva serie de derechos, económicos, sociales y culturales. A estos se denominan derechos de la segunda generación.

El espíritu de la Primera generación de derechos humanos fue la libertad, entendida en los términos antes enunciados, la que permea los de la Segunda es la igualdad. Y ya no una mera igualdad formal, igualdad ante la ley, sino una igualdad de contenidos, que podría ser equiparada a la libertad positiva, a una ‘‘libertad para’’.  La doctrina de los derechos económicos, sociales y culturales obliga al Estado ‘‘a hacer’’, es decir, a brindar prestaciones positivas, tales como proveer servicios de salud, asegurar la educación, sostener el patrimonio cultural, o lo que es lo mismo, ‘‘derecho a la salud’’, ‘‘derecho a la vivienda’’, ‘‘derecho a la educación’’ o ‘‘derecho al trabajo’’.

Se puede afirmar que a partir de la Segunda guerra mundial se inició la tercera Revolución Industrial, la tecno científica. Los exponentes más conspicuos de esta última revolución serían la energía nuclear, la auténtica invasión de los vehículos a motor en el Planeta, el desarrollo de la industria electrónica cuya culminación sería la aparición de la sociedad-red y las diversas vertientes de las tecnologías de la vida, desde la fabricación de transgénicos hasta la manipulación genética humana.

. A ello, habría que añadir los movimientos de población que tienen lugar a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Movimientos que incluyen refugiados políticos, emigrantes y quienes huyen de sus tierras devastadas por catástrofes naturales, conflictos bélicos. Por último, todo lo anterior, debe ser entendido como un proceso de carácter planetario al que comúnmente se le denomina globalización.

Es así como se habla de los Derechos Humanos de la tercera generación. Tal como se había señalado en relación con los derechos humanos de la primera y la segunda generación, también en esta se pueden perfilar los cambios habidos en lo que al Estado y al ciudadano se refiere. Si se encontraba una relación entre el Estado liberal y los derechos civiles y políticos o de la primera generación, si al Estado social le correspondían los derechos económicos, sociales y culturales o de la segunda generación, ¿qué tipo de titular de derechos y qué tipo de Estado son los característicos de la tercera generación de derechos?

“El primero de los derechos de la tercera generación es el derecho a la paz. Las potencialidades letales de las armas atómicas y bacteriológicas suponen un grave riesgo no sólo para los países beligerantes, sino para la humanidad en su conjunto. Así mismo, no se puede perder de vista el derecho a la calidad de vida. En este sentido, el pensamiento y la sensibilidad ecológica constituyen una referencia ineludible en un mundo que se muestra tan hostil o indiferente a las consecuencias que se derivan de la producción y consumo de determinados productos y bienes extremadamente nocivos para el medio ambiente” (Jiménez Asensio Rafael: 2001).

3.- La implementación y usos de la Tecnología en la Justicia.

En México se comenzó a legislar en el año 1977 con la adición al artículo 6°constitucional, que estableció que el derecho a la información sería garantizado por el Estado. “Es en el año 2001, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hace la interpretación del derecho a la información y reconoce que el carácter de este derecho humano debe interpretarse como fundamental, aunque conlleve ciertos límites en su ejercicio, que pueden ser de interés nacional, de la misma sociedad y del individuo, en cuanto su derecho a la intimidad y reserva de sus datos personales de índole sensible. (Meza Pérez, Jorge. 2011).

Ciertamente, el derecho a la información retoma trascendencia y auge a partir del año de 2007 y 2013, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), incluyó un segundo párrafo al artículo 6° constitucional, que permitió en lo sucesivo ejercer la Ley Federal de Acceso y Transparencia a la Información Pública Gubernamental, en la cual se establecen los procedimientos para que los ciudadanos puedan hacer efectivo el ejercicio de este derecho que señala “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El estado garantizara el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Tales efectos, el estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios” (Ley Federal de Acceso y Transparencia a la Información Pública: 2012).

Solo podrán considerarse reservadas o confidenciales las aportadas por las partes, siempre y cuando les hayan atribuido expresamente tal carácter al momento de allegarlas al juicio y tal clasificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados.

El acceso y transparencia a la información judicial, con los alcances que han acontecido en el presente, por medio de las implementaciones y medidas que se han realizado por los órganos jurisdiccionales y las que se pretenden realizar por parte del Consejo de la Judicatura Federal al Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. También incluye una referencia al expediente electrónico del futuro, vía firma codificada, sustentado el decreto de reforma de la Ley de Amparo del 2011, que perfeccionan la eficacia y eficiencia del acceso y transparencia a la información judicial.

“Hoy en día, cualquiera, sin necesidad de tener que acreditar personalidad, legitimidad o interés jurídico, puede solicitar el acceso a la información que por razón del servicio público genera el Poder Judicial de la Federación, conceder y reconocer el derecho” (Meza Pérez, Jorge. 2011).

4.- La aportación de la Tecnología en la implementación de la Justicia en México

La Justicia en la red, como finalidad última del plan estratégico, pretendía crear un sistema integral e intercomunicado entre toda la administración de justicia, que entre otros objetivos garantizara la interconexión telemática de la administración de justicia con las administraciones públicas.

“La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, a través del cual las partes o terceros interesados podrán tener acceso al expediente electrónico. El gobernado con el uso de la tecnología de punta, para lograr una justicia eficaz, pronta y expedita, una información más proactiva e igualmente pronta y expedita” (Acuerdo General Conjunto: 2013).
 
Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica, conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de partes.

Existe una necesidad objetiva que la Administración de Justicia funcione de acuerdo con los principios de eficacia y eficiencia y, en consecuencia, adapte sus estructuras y organización a parámetros de actuación que ya están presentes en el resto de las Administraciones Públicas.

 El principio de que las AdministracionesPúblicas se “rigen en su actuación por los criterios deeficiencia y servicio a los ciudadanos”;  deben impulsar el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos. El ciudadano tiene derecho a una tramitación ágil de los asuntos que le afectan y a que no se le exija la aportación de documentos que obren en poder de las administraciones públicas, salvo que las leyes procesales expresamente lo requieran.

Los documentos emitidos por los órganos de la administración de justicia y por los particulares a través de medios electrónicos y telemáticos en soportes de cualquier naturaleza, tendrán plena validez y eficacia. El artículo 81, fracciones XVIII y XXXV, de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se dispone que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal, establecer la normativa y los criterios para modernizar las estructuras orgánicas, los sistemas y procedimientos administrativos internos, así como los de servicios al público; y fijar las bases de la política informática y de información estadística que permitan conocer y planear el desarrollo del Poder Judicial de la Federación;

5.- Derecho a la administración de justicia de manera eficaz, pronta y expedita.

“De conformidad con lo establecido en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”.

 

 Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Por lo que, en el ámbito de sus competencias, es conveniente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal emitan las disposiciones generales que sienten las bases para el uso más eficaz y eficiente de las tecnologías de la información disponibles para el logro de los fines referidos, aprovechando la experiencia obtenida en los últimos años.

Conforme a la interpretación de lo establecido en los artículos 94, párrafo segundo, 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la emisión de la regulación que establezca las bases de la firma y de expedientes electrónicos que se pongan a disposición de los justiciables por el Poder Judicial de la Federación, entre otras, la derivada de lo dispuesto en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorios de la Ley de Amparo, deben participar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, siendo necesario que los sistemas informáticos de emisión de firma electrónica y expediente electrónico funcionen en todos los entes del Poder Judicial de la Federación.

“El artículo 3o. de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, demás Tribunales de la Federación. Se establece que la Firma Electrónica Certificada, del Poder Judicial de la Federación (FIREL) como el instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico para presentar medios de impugnación, demandas, enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados, la firma electrónica  producirá los mismos efectos que la firma autógrafa” (Ley de Amparo: 2013)

El expediente electrónico coincidirá íntegramente en su contenido con el expediente impreso que se lleva en los órganos jurisdiccionales, y será administrado desde el sistema electrónico de control de expedientes de cada órgano del Poder Judicial de la Federación.

6.- Beneficios en la administración de justicia y las políticas públicas de las Tics

Este documento tiene como destinatarios principales a las autoridades de los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos, Defensorías Públicas, Ministerios de Justicia y en general, a las instituciones que participan directa e indirectamente en el sistema de justicia. Persigue mostrarle alternativas que pudieran contribuir al mejor funcionamiento de sus instituciones y del sistema de justicia en su conjunto.

Algunos países han iniciado la reforma a su proceso penal, lo que solamente en los mejores casos ha traído avances en romper la tecnología de producción del expediente y pasar a una tecnología de producción basada en audiencias orales, pero subsisten materias, principalmente las civiles, en que aún persiste el expediente.

Otros países han incorporado las Tics en forma muy innovadora para hacer más eficientes algunos tipos de procesos, pero estas innovaciones no han abarcado la totalidad de las materias e instancias judiciales. Dentro de estos cambios funcionales, el principal ha sido la reforma al proceso penal.

Esto significa, que las decisiones jurídicas relevantes en esta etapa se tomarán también en audiencias públicas y orales. El desarrollo de estas reformas procesales permitirá gradualmente ir abandonando la cultura del expediente escrito. El principal cambio viene dado por el paso de una tecnología de producción basada en el expediente escrito, a una basada centralmente en la realización de audiencias orales.

Las Tics  son hoy considerada una herramienta de desarrollo estratégico.

“Introducir las Tics en la justicia se entenderá como el proceso mediante el cual se eligen, adaptan y se ponen en funcionamiento un conjunto de cambios en las prácticas de trabajo de las instituciones del sector, usando para la ejecución de estas nuevas prácticas a las Tics. Las Tics permiten solucionar una buena parte del problema relacionado con las notificaciones, que usualmente es señalado como uno de los grandes causantes del retraso judicial, mediante sistemas de notificación electrónica, empleando herramientas tan difundidas como el correo electrónico, o dándole a las partes acceso a los sistemas de seguimiento procesal”. (CEJA y Microsoft: 2008)

“Un dictamen sobre la evaluación y diagnóstico del estado de la justicia penal en México, y uno de los problemas que se enfrentaron fue el que no había datos o estadísticas uniformes, confiables y generalizadas, sólo datos aislados que aun así permitieron reflejar el estado crítico en el que se encontraba el sistema de justicia” (CEJA 2008).

Pese a ello, el sistema Mexicano presentó una característica crítica: la excesiva concentración de las facultades en manos del Ministerio público y en la etapa de la averiguación. Siendo precisos, en abril del año 2008, fueron realizadas una serie de conferencias en las cuales participó personal del Centro de Estudios de Justicia de las Américas y del Poder Judicial de la Federación, especialistas en materia penal, académicos, jueces y legisladores.

 

“La irrupción de las nuevas tecnologías en el siglo XXI afecta a todas las ramas de la sociedad, entre ellas, la justicia. La digitalización e informatización de la administración de justicia es una realidad debido a las nuevas regulaciones existentes al respecto. La justicia en red constituirá un instrumento de trabajo para los profesionales del derecho y las autoridades judiciales, facilitando una plataforma y funcionalidades individuales para intercambios de información eficaces y seguros” (IFAIP: 2008)

Las Tics; un recurso esencial para entender la justicia del futuro  en nuestro ordenamiento jurídico.
“El siglo XXI comienza con un despliegue tecnológico estelar. Ya no es posible concebir la vida de los seres humanos ni su interacción, sin el uso de tecnologías informáticas. Intercambio de flujos de información de todo tipo, incluida la relativa a las personas. Hoy en día, es posible acceder a información sobre millones de seres humanos y sus actividades en prácticamente cualquier parte del planeta” (IFAIP: 2008)

7.- ¿Cómo entender la justicia y la democracia en un Estado social y democrático?

La democracia no puede caracterizarse en el Estado social y democrático de derecho como un mero conjunto de reglas procedimentales, que rigen las instituciones políticas y que incluyen frenos, contrapesos y garantías contra los abusos de poder. La democracia política tiene un contenido sustancial, pues se basa en el respeto del valor de la dignidad humana y de los Derechos Humanos.

 

“La justicia, en un sentido material, constituye un valor que expresa los sentimientos, las aspiraciones, demandas de igualdad en la exigencia y cumplimiento de los derechos y deberes, y de equidad en la redistribución de los bienes sociales. La búsqueda de la justicia, afirma el profesor de la Universidad de Haward y premio Nobel de Economía Amartya Sen, exige tomar conciencia de que pueden superarse las injusticias manifiestas, que pueden desaparecer las desigualdades y servidumbres que sufren los seres humanos en sus vidas cotidianas. Desde una perspectiva institucional, la justicia se identifica con la Organización Estatal de los Tribunales de Justicia, a quien se encomienda la función de resolver los conflictos, mediante la aplicación, de forma objetiva e imparcial, de las normas que integran el ordenamiento jurídico”. (Sánchez Cruzat José Manuel Bandrés: 2012)

Los Derechos Humanos se conciben principalmente como demandas dirigidas hacía las instituciones políticas y sociales que salvaguardan los intereses fundamentales y las necesidades existenciales de los seres humanos, expresa el profesor de Filosofía de la Universidad de Columbia Thomas Pogge.

“En efecto, la democracia es en la actualidad el sistema político que salvaguarda la diversidad de los seres humanos, que garantiza vivir juntos a individuos y grupos cada vez más diferentes.  La fuerza  del Estado Constitucional reside en procurar la justicia. La justicia en el Estado Constitucional no es una idea abstracta o un principio retórico,  se positiva en las normas constitucionales materiales que enuncian los valores superiores, los derechos y libertades” (Sánchez-Cruzat José Manuel Bandrés: 2012)

 “La consagración del derecho a la democracia igualitaria, del derecho a la democracia plural, del derecho a la democracia paritaria, del derecho a la democracia participativa, del derecho a la democracia solidaria y del derecho a la democracia garantista, y de los derechos en ellos acogidos, representa la más fiel expresión de las exigencias de actualización y desarrollo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos” (Sánchez-Cruzat José Manuel

8.- El uso de la Tecnología en el Procedimiento de Amparo.

La reforma Constitucional a los artículos 1º, 103º, y 107 del 6 y 10 de junio de 2011, en materia de amparo y derechos humanos, ordena la creación y modernización de la Ley de Amparo de 1936, incorpora los criterios de la jurisprudencia, y de la doctrina; creó el Amparo colectivo, el Amparo Indirecto contra la desaparición forzada de personas, modifica el Principio de relatividad de la sentencia, las contradicciones de tesis las resuelve el Pleno del circuito correspondiente, el amparo contra particulares, el interés legítimo individual y colectivo, entre ellas el uso de la tecnología.

No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo  15. “Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Fuerza Armada o Fuerza  Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado  para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona  en su  nombre, aunque sea menor de edad”.

9.- Recomendaciones para establecer un sistema judicial justo.

La Carta de Derechos Humanos emergentes que propugnamos, marco de discusión de este diálogo, es algo más que un manifiesto político suscrito por la sociedad civil activista de los derechos humanos, que no quiere de ningún modo mostrarse indiferente ante las violaciones de los derechos humanos, porque supone la reivindicación activa de la función nuclear de los derechos humanos, que debe tener reflejo preciso y concreto en la realidad de nuestras vidas cotidianas.

Los derechos humanos fundamentales expresan, según este reconocido profesor de Filosofía de la Universidad de Harvard, un patrón mínimo de Instituciones Políticas, bien ordenadas, para todos los Pueblos, de modo que cualquier violación sistemática de tales derechos es una falta grave que afecta a la sociedad (John Rawls: 1998).

“La idea central que emerge del texto de la Declaración del Milenio es la necesidad de la existencia de gobiernos democráticos y participativos, basados en la voluntad popular, constituye la garantía esencial de respeto a los Derechos Humanos. Los objetivos de la Declaración del Milenio se exponen de forma sistemática: Promover la paz, la seguridad y el desarme, erradicar la pobreza, proteger el entorno común y alentar un desarrollo sostenible; fomentar las prácticas de buen gobierno democrático, ampliar y reforzar la protección de las personas más vulnerables. La vinculación entre democracia y Derechos Humanos” (Declaración del Milenio ONU: 2010).

“La democracia es una forma de vida política que asegura la más grande libertad para el mayor número de personas, y que garantiza la más grande diversidad posible” (Touraine Alain: 1944).

  • La democracia se caracteriza y se define por el respeto a las libertades y a los derechos individuales y colectivos de todos los individuos.
  • La democracia se reconoce como democracia de la disidencia, en cuanto que el respeto a los derechos políticos de las minorías.

Considerando el derecho a la justicia, como un derecho fundamental en sí mismo, e instrumental, a través del cual se puede lograr la tutela judicial efectiva de cualquier otro derecho y que potencia por tanto, la convivencia pacífica, sede judicial, del Congreso Internacional, Accesibilidad, Justicia y Paz, en el mes de septiembre de 2012.

El sistema de justicia puede contribuir de forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión social” (Medina y Cols: 2010)
Garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, se recomienda a todos los poderes públicos que, cada uno dentro de su respectivo ámbito de competencia, promueva reformas legislativas.

CONCLUSIÓNES

Las tecnologías constituyen una herramienta importante para que las instituciones públicas mejoren su actividad con eficiencia y prontitud, sobre todo en la impartición y procuración de justicia, estas vienen a elevar la calidad y la eficiencia para los justiciables. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal han automatizado prácticamente toda la actividad judicial desde la admisión de demandas hasta la publicación de sentencias en donde los defensores y abogados pueden revisar sus asuntos por medio de la firma electrónica, y las recientes reformas en materia de Amparo también podrá substanciarse y solicitarse por medios electrónicos, excepto con lo que establece el artículo 22 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Ley de Transparencia y Acceso a la información es un instrumento importante en donde todo ciudadano puede solicitar la información a toda entidad pública; por lo que, la justicia no se puede concebir sin una democracia política y el pleno respeto a los derechos humanos.

FUENTES DE CONSULTA

*Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. De la Suprema Corte de Justicia de La Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (Firell) y al Expediente Electrónico 2013.
*Alain Touraine «Que es la democracia» Editorial Fayard, París, 1944.
*CEJA y Microsoft Centro de Estudios de Justicia de las Américas 2008. http://www.cejamericas.org, http://www.cjf.gob.mx.
*IFAI. Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, 2008. http://www.ifai.org.mx
*Jiménez Asensio. Rafael. «Administración de justicia y nuevas tecnologías: líneas de evolución de un proceso abierto». Encuentros sobre Informática. Universidad Pontificia de Comillas, Aranzadi, Pamplona, 2001.
*John Rawls «El derecho de gentes. De los Derechos Humanos», Las Conferencias Oxford Amnesty de 1993. Editorial Trota. Madrid, 1998.
*Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2012
*Medina y Cols. «Las Pruebas en el Sistema Penal Acusatorio». SETEC, México 2010.
*Meza Pérez Jorge «Los Límites del Derecho a la Información Judicial del Pasado y los Alcances del Presente y Futuro», 2008.
*ONU. «La Declaración del Milenio», aprobada por la Asamblea General de la organización de Naciones Unidas el 8 de septiembre de 2010.
*Sánchez-Cruzat José Manuel Bandrés «16 ensayos sobre democracia, justicia y Derechos Humanos». Colección: El Justicia de Aragón. Edita: El Justicia de Aragón 2012