Revista Digital de Tecnologías de la Información y Comunicación. Vol. 10, No. 2. julio-diciembre de 2014. ISSN: 1870-7505

 

Políticas internacionales en la orientación de los procesos de calidad de la educación superior en México: el caso de la UAGro

  1. Justino Árziga Castañón *

Resumen
Las políticas del conjunto de países de mayor influencia económica en el mundo, inciden en la conformación de modelos de desarrollo económicos sociales en el resto de las naciones. En el ámbito de la educación, esta se ajustará a los senderos que tracen los organismos públicos nacionales en respuesta a la necesidad de estandarizar sus resultados a los de un mundo globalizado, gestado en la visión de los acuerdos políticos-económicos multilaterales.

Palabras claves
Políticas internacionales, políticas nacionales, educación superior, calidad educativa

Abstract
The policies of all countries of greatest economic influence in the world, bearing in shaping patterns of social economic development in the rest of the nations. In the field of education, this shall follow the paths that trace the national government agencies in response to the need to standardize their results to those of a globalized world, conceived in view of the political-economic multilateral agreements.

Key Words
International policies, national policies, higher education, educational quality

Introducción
La educación superior en México ha transitado por una senda que ha sido trazada por las circunstancias del entorno nacional e internacional a lo largo de las últimas cuatro décadas.

Los factores nacionales que han influido en la manera de conducir las políticas de la educación, y en específico de la educación superior, emanan de las condiciones externas, de las tendencias que imponen las agrupaciones de países, en aras de generar una participación colectiva en el desarrollo económico, social, político y cultural.

En los años en que se desarrollaba la segunda guerra mundial, fuimos testigos de la urgente necesidad de unificar los esfuerzos de las naciones en el ámbito económico para evitar una debacle como la vivida en los años posteriores a la primera guerra mundial, con la lamentable etapa histórica de la “Gran Depresión” que afectó a todas las economías del mundo, en particular a la norteamericana.

Los esfuerzos unificadores para hacer frente a los posibles retos de una reiterada depresión económica mundial, se dieron en los acuerdos llevados a cabo en el complejo hotelero de Bretton Woods en New Hampshire, Estados Unidos en 1944. De estos acuerdos nacen dos grandes organismos rectores de la actividad económica internacional, con plena vigencia en nuestros días, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). El alcance de las políticas de estos organismos no se limita al ámbito económico, su influencia permea en ámbitos tan distintos como la educación de un país.

Existen además otros organismos rectores de la economía internacional, ya sea derivado de clubes exclusivos de economías en desarrollo o de pactos y acuerdos comerciales entre naciones. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y los Tratados de Libre Comercio firmados por México en las últimas décadas influyen de manera determinante en la conducción y desarrollo de nuestra educación superior.

A finales de los años setenta, nuestro país inicia las primeras acciones para afiliarse a organismos como el General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), como elementales para buscar abrir el comercio bilateral con otras naciones, y como una exigencia para poder permanecer en ese intercambio internacional de mercancías, en las que nuestro país aportaba principalmente recurso del sector primario para su venta al exterior (Álvarez, 1979)

Para 1982, recién estrenado el sexenio presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado, se desata la peor crisis económica por la que haya pasado nuestro país, situación que tiene su cenit en la cesación de pagos por los servicios de la deuda externa, contratada principalmente con bancos privados de las principales economías del mundo.

En aras de lograr una solución pronta y sin muchos efectos adversos para la maltrecha economía de la nación, se recurre a organismos internacionales para adquirir préstamos que ayudaran a paliar la situación, principalmente lograr el equilibrio adecuado en la balanza de pagos y divisas suficientes para afrontar los pagos vencidos. El Fondo Monetario Internacional seria el organismo que proveería esa ayuda, no sin antes, establecer condiciones que asegurarán el retorno de los préstamos pactados. Dichas condiciones incluían recetas como las formuladas en el Consenso de Washington algunos años después, siendo estas medidas el antecedente.

Incluía principalmente, abrir las fronteras al intercambio comercial, eliminando o disminuyendo gradualmente las restricciones traducidas en aranceles comerciales, controles de cambio, licencias y embargos, etcétera.

De hecho, México pudo haber optado en ese momento por un nacionalismo económico (Cordera y Tello, 2011) que incluía un proteccionismo comercial, continuar el modelo de sustitución de importaciones y el fortalecimiento de la planta industrial.

Sin embargo, se opta por la vía que ya habían sugerido grandes economistas como Milton Friedman y Friedrich August Von Hayek para lograr el desarrollo económico de una nación, el neoliberalismo económico.

Este paradigma plantea que las fuerzas naturales del mercado, impulsarán el crecimiento de la economía, aplicando el mínimo de restricciones legales, y el Estado se reserva solo el papel de fomentar la participación de los agentes económicos.

Posterior al sexenio de Miguel de la Madrid, observamos las medidas tomadas al respecto que orientan la conducción de la actividad económica a una economía de libre mercado, principalmente con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el 17 de diciembre de 1992, con la inclusión de México en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico oficialmente el 18 de mayo de 1994, entre los diferentes acuerdos firmados.

Se gestaba y desarrollaba en México, una filosofía plenamente neoliberal, que tendría repercusiones en los ámbitos sociales, políticos, culturales, ambientales, etcétera. Especialmente en el ámbito de la educación, y más específicamente en la educación superior.
Para lograr el desarrollo socioeconómico de un país y sus regiones, la educación es un factor primordial, porque dotará a la persona del conocimiento necesario para ser productiva y además el ciudadano que se busca tener, de tal manera que su inclusión en la actividad productiva, redunde en fortalecer el bienestar colectivo.

A la par que sucedían los acontecimientos en el ámbito económico de nuestro país, se desarrollaban acontecimientos que definirían el rumbo de la educación superior. Las políticas generadas desde el Estado para sincronizar el desarrollo, imprimían de igual forma un matiz neoliberal en la actividad educativa. Esto es, lograr imponer un modelo de educación primordialmente basado en la racionalidad instrumental.

La calidad educativa como premisa para el desarrollo de la educación superior

La educación superior en nuestro país, transita de un Estado planificador desde finales de los años setenta y a principios de los ochenta, a un Estado evaluador a finales de la década de los ochenta y que se consolida hasta nuestro días (Mendoza, 2002)

En el seno de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) comienzan las acciones para generalizar la práctica de la planeación de la educación superior, con la instalación del Sistema Nacional para la Planeación Permanente de la Educación Superior (SINAPPES) en 1978, de la cual se derivaría el Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES) integrada en su consejo ejecutivo por funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la propia ANUIES.

Para 1982, con la crisis económica del inicio del sexenio, limitaría la disponibilidad de recursos para los proyectos y planes de desarrollo que por primera vez se formulaban de manera oficial gracias a la promulgación de la Ley de Planeación aprobada por el Congreso en 1982 y que mandataba a planear todos los asuntos de interés público en beneficio de un desarrollo acorde a las necesidades socioeconómicas del país (Poder Ejecutivo Federal, 1983). Por supuesto, en el ámbito de la educación se presenta el 15 de agosto de 1984 el Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte el cual estableció las estrategias formuladas desde la administración pública para el sector educativo en su conjunto, en el documento se asentaron los lineamientos que conducirían el desarrollo de la educación en el país.

Meses antes y acorde con lo anterior, se presenta en el seno de la ANUIES el Programa Nacional de Desarrollo de la Educación Superior (PRONAES), el cual es aprobado por la junta de rectores en febrero de 1984. Este programa a su vez, establecería los lineamientos para el desarrollo de la educación superior.

El PRONAES desde sus inicios fue un plan fallido, la crisis económica no dio margen suficiente para realizar todo lo planteado en su contenido, los recursos escasos y la falta de consenso en su formulación previa -según los relata Mendoza (2002)- generó la necesidad de plantear un nuevo programa consensuado entre actores de la SEP y de la ANUIES.

El Programa Integral de Desarrollo de la Educación Superior (PROIDES) se aprueba en el seno de la ANUIES en 1986, es un programa mucho más amplio en sus objetivos y toma en cuenta posturas de no solo de la CONPES, sino también de las Consejos Regionales para la Planeación de la Educación Superior (CORPES) y de las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) atendiendo necesidades específicas con orientación a una mayor eficiencia en el gasto y la asignación presupuestal. Este último punto será el detonante para administrar los recursos escasos basados en los méritos obtenidos por las instituciones, y que se verá reflejado con la creación en 1989 de la Comisión Nacional de Evaluación de la

Educación Superior (CONAEVA), de antemano emulando modelos de evaluación de otros países, lo que se buscaba eran resultados satisfactorios para esta práctica que redundaría en la concreción de una educación de más calidad.

CONAEVA establecería entre sus objetivos la evaluación externa de los programas educativos, a través de pares académicos, creándose para tal afecto los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) en 1991, en nuestro país este tipo de evaluación había sido norma entre las comunidades científicas, principalmente en los ámbitos de la investigación y el posgrado, pero no había sido práctica en los programas de nivel de licenciatura (Mendoza, 2003).

Con la creación de la CONAEVA, el Estado pasa a ser un evaluador de la educación superior, pero en el sentido estricto de la palabra, no es una función propia de la administración pública federal a través de su organismo rector de la educación, sino con la figura de organismos de carácter privado, creados por pares académicos y autosustentables. Es de hacer notar que en otros países, la evaluación de la educación superior está consignada en leyes que para tal efecto se promulgan, teniendo sustento jurídico y por lo tanto la obligatoriedad de ejercerla. En nuestro país, dicha evaluación es opcional y no obligatoria para las universidades e institutos de sostenimiento económico con recursos públicos, sin embargo, hacerla y lograr acreditar los programas educativos, significa reconocimiento oficial y apoyo extraordinario de recursos para proyectos y planes de expansión en matrícula y programas educativos.

En el sector de la educación superior privada, muy dinámica en las últimas dos décadas por la cobertura en matrícula y programas educativos, se crea también un organismo denominado la Federación de Instituciones Particulares Mexicanas de Educación Superior (FIMPES), que a través de mecanismos de acreditación bajo determinados criterios, otorga reconocimientos a las instituciones que lo logran asegurando con esto que son instituciones de calidad educativa.
La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro)
La Universidad Autónoma de Guerrero, es la principal institución de educación  superior en el estado de Guerrero. Para el ciclo escolar 2010-2011, del total de los alumnos inscritos en las diferentes instituciones que existen en el estado, prácticamente la mitad (47.85%) estaban inscrito en algún programa educativo de la UAGro (Cuadro 1).


Cuadro 1. Alumnos inscritos en educación superior del nivel licenciatura de educación normal, universitaria y tecnológica en la modalidad escolarizada,
Ciclo Escolar 2010/2011

 

Alumnos Inscritos

Total

50,623

Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro)

24,222

Instituto Tecnológico de Acapulco

4,091

Instituto Tecnológico de Chilpancingo

2,241

Instituto Tecnológico de Iguala

1,441

Instituto Tecnológico de la Costa Grande

1,366

Instituto Tecnológico de la Costa Chica

1,264

Instituto Tecnológico de Agropecuario Número 25

1,238

Universidad Pedagógica Nacional (UPN)

1,220

Instituto Tecnológico Superior de la Montaña

976

Universidad Hipócrates

843

Instituto Superior de Estudios Profesionales Windsor

615

Resto de Instituciones

11,106

Fuente: Datos del Anuario Estadístico Guerrero 2012, INEGI.

La UAGro ha contribuido desde su creación en el desarrollo económico, social, político y cultural de la entidad, formando académicamente a las mujeres y hombres que han participado y participan en las actividades productivas, generando mejores condiciones para la población sureña.
Las personas que son formadas en la UAGro han incidido no solo en las labores productivas, sino también en el ambiente sociocultural y político, en aras de transformar una realidad con diversas carencias e injusticias, pero también con necesidades de fomentar valores que contribuyen en una mejor convivencia social.

La UAGro ha transitado por los diversos acontecimientos que son resultados de las políticas públicas en la educación superior, dictadas y establecidas por los organismos internacionales y nacionales que han configurado el escenario de la educación superior en México.
Desde su creación el 1° de abril de 1960 (UAGro, 2014), la UAGro ha vivido cada una de las etapas en el desarrollo de la educación superior en el país, desde el crecimiento de los años setenta, en la etapa de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, la etapa de crisis recurrente de los años ochenta con Miguel de la Madrid Hurtado, cuando la Universidad sufre la retención del subsidio a mediados de la década y que la hacen padecer una de las peores crisis en su historia.

Así también, en los procesos de transformación para consolidar el quehacer académico acordes con los planteamientos de la ANUIES -asociación de la cual es miembro activo- para hacerla una institución de moderna y de calidad en concordancia con las otras universidades del país a finales de los años ochenta, abandonando el proyecto de Universidad-Pueblo establecido a inicios de los años setenta. El Primer y Segundo Congreso General Universitario tenían esta intención, sin embargo los resolutivos no tuvieron impacto considerable en la vida universitaria.
Es hasta el Tercer Congreso General Universitario en el año 2000, durante el rectorado de Florentino Cruz Ramírez, cuando se toman diversos resolutivos que modernizarán las actividades sustantivas de la institución para homologar la organización y el trabajo con las otras universidades del país acorde con los planteamientos de la ANUIES.

Los procesos de evaluación y acreditación de los programas educativos y de las Unidades Académicas, así como también del trabajo docente y de investigación, serán la constante a partir de este periodo, por el cual la UAGro buscará establecerse como institución de calidad.
Durante los diferentes periodos de rectorado, desde el año 2000 hasta nuestras fechas, se han realizado las acciones necesarias para acreditar los programas educativos de nivel licenciatura, de tal manera que hasta el año 2014, existían 37 programas educativos en este nivel, de los cuales 29 estaban catalogados como programas de nivel 1 en la escala de evaluación de los CIEES, representando un 78.4% como programas de buena calidad.
Los procesos para asegurar la calidad de la educación de nivel superior en la UAGro, están en sincronía con las políticas nacionales e internacionales, estas buscan cumplir con la premisa de dotar estudiantes cualificados en las actividades profesionales que el desarrollo económico y social de la entidad requiere.

Referencias bibliográficas:
Álvarez, J. (1979) El ingreso de México al GATT: la problemática de nuestra adhesión. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 36, 683-721.
Cordera, R. y Tello, C. (2011) México: la disputa por la nación (2ª. Edición) México: Siglo XXI Editores.
INEGI (2012) Anuario estadístico de Guerrero 2012. México: INEGI-GRO.
International Commission on Education for the Twenty-first Century, & Delors, J. (1996). La Educación encierra un Tesoro: Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI. Compendio. Santillana.
Mendoza, J. (2002) Transición de la educación superior contemporánea en México. De la planeación al Estado evaluador. México: Editorial Miguel Ángel Porrúa.
Mendoza, J. (2003) La evaluación y acreditación de la educación superior mexicana: las experiencias de una década. VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Panamá. Memorias.
Poder Ejecutivo Federal (1983) Ley de Planeación. México: Cámara de Diputados.
UAGro (2014) Historia de la UAGro 1960 – 2014. México: UAGro
UNESCO (2009). Conferencia Mundial sobre la Educación Superior-2009: La nueva dinámica de la educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo. París: UNESCO. Disponible en: http://www.unesco.org/education/WCHE2009/comunicado_es.pdf. Recuperado al 29 de octubre de 2014.

*Maestro en Docencia Universitaria. Universidad Autónoma de Guerrero. E-mail: jarziga@gmail.com